Las sospechas sobre un uso partidista del dinero público europeo para condicionar el debate público vuelven a escena. En los últimos años, diversos analistas del sector mediático y fuentes del mundo asociativo han advertido de una posible "nueva ola" de campañas de propaganda que tienen un notable eco en medios de comunicación y, en ocasiones, se ven impulsadas de forma directa o indirecta con recursos provenientes de la Comisión Europea u otros entes comunitarios.
El patrón detectado es más o menos el mismo y se repite una y otra vez. Hablamos de artículos redactados con un lenguaje casi institucional, líneas editoriales uniformes, ausencia de voces críticas con el punto de vista oficialist y temas muy concretos que coinciden con prioridades regulatorias de Bruselas. Según explican a Libre Mercado fuentes conocedoras de la política europea, esta apuesta no es más que de una estrategia de las instituciones europeas para "posicionar ciertas ideas a través de ONG supuestamente independientes" que, en realidad, actúan a partir de generosas subvenciones u otras ayudas facilitadas por la UE.
El objetivo, según han denunciado think tanks como el Institute of Economic Affairs y expertos como Christopher Snowdon, sería doble: por un lado, influir en la percepción pública sobre determinadas industrias (como la energética, la agrícola o la del tabaco alternativo), y por otro, "testar" cómo reacciona la ciudadanía ante ciertas propuestas antes de presentarlas como iniciativas legislativas formales. Una especie de sondeo encubierto con apariencia de espontaneidad social.
Los fondos empleados
El fenómeno no es nuevo. De hecho, tiene una dimensión doméstica en muchos de los países socios de la UE, donde los gobiernos nacionales actúan de forma parecida, exacerbando el problema. No obstante, el creciente peso de la UE en la realidad política y la regulación económica de sus países miembros ha hecho que las miradas se giren hacia Bruselas y las malas artes de las instituciones comunitarias.
En el ámbito del medio ambiente, por poner un ejemplo evidente, el llamado Pacto Verde Europeo se ha situado en el centro de la polémica, puesto que diversas organizaciones ecologistas han sido acusadas de replicar punto por punto el argumentario de Bruselas, en ocasiones atacando a sectores como el ganadero, el agrícola o incluso el nuclear, pese a que esta última es una fuente baja en emisiones. Países como Francia o Finlandia han denunciado públicamente la existencia de una "doble vara" europea y una narrativa verde que castiga a ciertas industrias.
Las campañas se han apoyado en fondos facilitados por el programa LIFE o la iniciativa CERV (Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores), dos líneas financiadas por el presupuesto de la Comisión Europea que preside Ursula von der Leyen. Oficialmente se trata de subvenciones para "fortalecer la democracia" y "reforzar la sociedad civil", pero expertos críticos con este modelo advierten de un riesgo evidente: a saber, el peligro de que estas organizaciones, lejos de ser independientes, terminen actuando como instrumentos paralelos de comunicación institucional.
El estudio que levantó todas las alertas
En 2012, el think tank británico Institute of Economic Affairs (IEA) ya alertó sobre este fenómeno en el Reino Unido, en un influyente informe titulado Sock Puppets (que podríamos traducir como "Marionetas"). Aquel documento documentaba cómo organizaciones benéficas y ONG supuestamente ciudadanas eran financiadas por el propio gobierno para promover campañas que, en la práctica, servían para justificar más regulación, más gasto público o nuevas restricciones. "El Estado se hace lobby a sí mismo", denunciaba aquel influyente trabajo.
En la conversación y el debate público y político europeo, este tipo de crítica ha tardado más en cristalizar. No obstante, el IEA abrió asimismo este debate con la publicación de Euro Puppets (algo así como "Euro Marionetas"), un estudio dedicado a esta cuestión, tomando como referencia la dimensión europea de esta problemática. Al calor de estas publicaciones, distintos eurodiputados han venido reclamando una mayor transparencia sobre el uso de fondos comunitarios en campañas de información o difusión de mensajes, especialmente cuando afectan a sectores sensibles en los que se pretende construir una "apariencia de consenso".
El papel de Bruselas
Existen antecedentes bien documentados que ayudan a contextualizar las sospechas actuales. Diversos informes han señalado que la Comisión Europea ha destinado recursos públicos a organizaciones no gubernamentales y plataformas digitales que, en lugar de operar como actores independientes, funcionan como altavoces de la narrativa oficial.
Uno de los casos más llamativos fue el de la campaña #FactsMatter, que canalizó financiación comunitaria hacia plataformas mediáticas y campañas en redes sociales en varios países europeos. Bajo el pretexto de "luchar contra la desinformación", la iniciativa se centró en atacar de forma directa e indirecta a gobiernos críticos con Bruselas, como los de Hungría o Polonia.
Otro caso citado en los análisis es el de algunos medios dedicados a asuntos comunitarios ubicados en Bruselas que han recibido millones de euros en subvenciones de las instituciones comunitarias. Aunque estos diarios se presentan como medios independientes, distintos observadores han señalado que su línea editorial suele coincidir plenamente con la agenda regulatoria de la Comisión, en áreas como el medio ambiente, la alimentación o la política energética.
La cuestión no es menor, puesto que el presupuesto europeo para financiar acciones de comunicación alcanzó los 1.460 millones de euros entre 2014 y 2020, incrementando a 2.400 millones desde 2021 en adelante. De esta cifra, alrededor del 50% se corresponde directamente con el apoyo directo a acciones de comunicación en medios. Sin embargo, esta es solamente la punta del iceberg, puesto que muchos otros programas cuentan con partidas para el mismo propósito. Algunos estudios apuntan que el proyecto medio recibe 3,1 millones de euros en ayudas.
Ecologismo… de izquierdas
En la misma línea van las líneas de apoyo a ONG dedicadas a promover políticas ecologistas de izquierda. Entre 2021 y 2023, la Unión Europea destinó 7.000 millones de euros a un total de 90 ONG a través de diversos programas centrados en políticas medioambientales, migración o ciencia. Según el Tribunal de Cuentas europeo, 30 de estas ONG recibieron más del 40% de los fondos de la UE desembolsados desde 2014 hasta 2023, lo que equivale a dedicar 3.300 millones de euros a una treintena de entidades. Este nivel de financiación tan alto y concentrado ha suscitado preocupaciones sobre la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los fondos de la UE.
Precisamente en el ámbito de la energía, se ha denunciado el uso de campañas contra la nuclear promovidas por organizaciones ecologistas que reciben financiación europea. Estas campañas han contribuido a erosionar el apoyo público a una de las fuentes energéticas más limpias y eficientes disponibles, lo que paradójicamente ha aumentado la dependencia de combustibles fósiles en algunos países miembros. Ahora que la UE quiere dar marcha atrás y promover la energía nuclear, son estas mismas campañas financiadas por Bruselas las que han impedido que la sociedad se mueva en esta dirección de forma más natural y fluida.
De la misma manera, y esta vez en el ámbito migratorio, algunas campañas financiadas desde la UE parecerían haber sido diseñadas para fomentar una narrativa uniforme sobre las políticas de acogida, presentando como única opción válida el enfoque impulsado por Bruselas, sin abrir espacio a visiones alternativas que también son legítimas en sociedades democráticas. En algunos casos, Bruselas habría actuado casi como ente asesor de grupos promotores de la migración ilegal, una cuestión problemática habida cuenta del incremento de las entradas irregulares en el continente.
Ahora, la salud
En los últimos meses, ha llamado la atención la aparición de varios artículos en medios españoles centrados en el vapeo y las bolsas de nicotina. "No hay contraste, no hay voces del sector, no hay datos divergentes. Sólo titulares rotundos y frases de manual. Parece propaganda, no periodismo", explican fuentes especializadas en desinformación consultadas por este medio.
Aunque por ahora no hay pruebas concluyentes de que esas campañas hayan sido financiadas por ONG sostenidas por Bruselas, se teme que pueda repetirse el patrón observado en otras áreas. No en vano, algunas de las publicaciones más replicadas provienen de entes que están vinculados con ENSP, una red que ha recibido fondos de la Unión Europea a lo largo de los años.
Una investigación reciente a la que ha tenido acceso Libre Mercado ha identificado dos acciones separadas pero coordinadas que constituyen una campaña de comunicación contra las bolsas de nicotina, ejecutadas desde mediados de 2024. Así, mientras que en 2023 se detectaron apenas 5 artículos sobre este tema en España, los datos para los tres primeros trimestres 2024 arrojan al menos 145 impactos de este tipo.
El trasfondo europeo de estas campañas es claro, y varias voces apuntan a que, más allá del objetivo declarado de salud pública, estas acciones se insertan en una ofensiva ideológica contra la reducción de daños vinculada a productos alternativos como el vapeo o las bolsas de nicotina, que son precisamente el vehículo que ha permitido que países como Suecia reduzcan la prevalencia del tabaco convencional por debajo del 5% de la población. Todo ello precisamente ahora que Bruselas se prepara para revisar su regulación sobre esta cuestión.