Desesperación en el Gobierno para desviar la atención después de que la semana pasada saliera a la luz el informe de 490 páginas de la UCO que hace tambalear al PSOE por los presuntos -y numerosos- casos de corrupción de Santos Cerdán, Ábalos o Koldo.
Acorralada por el escándalo en el seno de su partido, ayer lunes, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hizo un intento de acaparar otros titulares en la prensa, así como de congraciarse con las CCAA socialistas e independentistas, anunciando que el Consejo de Ministros aprobaría este martes el decreto ley para actualizar las entregas a cuenta a las regiones y ayuntamientos. Y así ha sido.
Las entregas a cuenta son los anticipos que reciben cada mes las regiones -y que figuran en los PGE- en concepto de lo que estima el Estado que van a recaudar ese año de los impuestos del sistema de financiación (IRPF, IVA e Impuestos Especiales). Dos años después, se liquida ese anticipo y, si resulta que al final ha habido más recaudación de la estimada, una situación habitual en periodos de crecimiento o con elevada inflación, el Gobierno tiene que abonar a las regiones el diferencia que les debe.
El saldo, sin embargo, será negativo "si el Estado sobreestima los ingresos tributarios hasta el punto de adelantar a las CCAA más dinero del que a posteriori les corresponde, incluyendo los Fondos de Convergencia" tal y como explica Fedea. Cuando se da esta circunstancia, las CCAA deberían en principio devolver dinero al Estado. "En la práctica, sin embargo, tales reintegros siempre se han aplazado o condonado, convirtiéndolos en un préstamo a devolver a lo largo de muchos años (caso de 2010 y 2011), o transfiriendo a las CCAA los recursos necesarios para devolver los saldos negativos (en 2022). El préstamo no elimina el impacto adverso de la liquidación sobre el saldo presupuestario de las CCAA en Contabilidad Nacional, pero la transferencia sí lo hace" añade este think thank.
Por lo tanto, cada año las regiones ingresan las entregas a cuenta correspondientes al ejercicio en curso y la liquidación de dos años atrás, mientras que la liquidación del año en curso se practica dos años después.
El pasado año, el Gobierno de Pedro Sánchez se comprometió a ofrecer a las autonomías una "financiación récord" en 2025 "de manera que recibirán las mayores entregas a cuenta de su historia con 147.412 millones de euros, un 9,5% más que en 2024" presumía el Ejecutivo. Se trata de 12.753,8 millones de euros más que un año antes.
Según el Gobierno, a esa cantidad hay que sumar la correspondiente a la liquidación de 2023, que es la diferencia entre la estimación de ingresos (entregas a cuenta) y los ingresos reales cuando finaliza el ejercicio contable, y que alcanza los 11.692 millones de euros. Por tanto, las Comunidades Autónomas recibirán este año una financiación total de 158.167 millones, "la más alta de la historia, con un incremento del 2,5% respecto al año pasado".
El Gobierno decidió incluir la principal línea de financiación de las CCAA en el polémico decreto Ómnibus, que también incorporaba la revalorización de las pensiones y un cóctel de normativas (que nada tenían que ver las unas con las otras) para forzar a sus socios a aprobar medidas con las que están en desacuerdo a cambio de sacar adelante con las que sí están a favor. Finalmente, Junts, PP y Vox tumbaron el decreto Ómnibus, lo que dejó hace 6 meses en el aire las entregas a cuenta hasta, casualmente, ahora, cuando la corrupción cerca al Ejecutivo.
Montero, la que ponía la "mano en el fuego por Cerdán", aprovechó la entrevista de ayer en RNE para cargar contra el PP por tumbar su decreto Ómnibus en el que incluía estos pagos. "Vamos a volver a llevarlo a ver si ahora el PP cambia de opinión y le da oxígeno a comunidades autónomas y ayuntamientos que necesitan esos recursos y que siendo incluso del color político del PP, por el simple hecho de intentar hacer una derrota parlamentaria, no vieron la luz", declaró.
El pasado mes de febrero, se celebró el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que reunió a los consejeros de Hacienda de todas las regiones, pero no se trató este asunto prioritario porque María Jesús Montero decidió dedicar el encuentro a la condonación de la deuda para premiar a Cataluña. Esta decisión acabó con la huida de las regiones del PP.
Montero celebró que "la economía va mejor que nunca". También presumió de las subidas de pensiones y del SMI, mientras anticipaba la continuidad del Gobierno de Sánchez. "Tenemos muchas tareas pendientes, mucha labor que desarrollar y por tanto nos sobran los motivos para estar comprometidos ilusionados y para impulsar la legislatura", aseguró.
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