Este miércoles, la Comisión Europea ha iniciado un procedimiento formal contra España al detectar un trato fiscal discriminatorio hacia los no residentes, quienes están obligados a tributar un impuesto sobre la renta equivalente al 2% del valor catastral de sus viviendas empleadas como residencia habitual.
Este expediente refleja la preocupación de Bruselas por las normativas fiscales españolas que, según el Ejecutivo comunitario, vulneran principios fundamentales de la Unión Europea. La Comisión ha instado al Gobierno español a poner fin a esta práctica, considerada discriminatoria, que afecta específicamente a las personas físicas no residentes que utilizan sus propiedades en España como vivienda habitual.
Según Bruselas, esta imposición fiscal contraviene las normas europeas, ya que restringe derechos esenciales como la libre circulación de trabajadores y la libre circulación de capitales, pilares clave del mercado único de la UE.
El núcleo del problema radica en la disparidad de trato entre residentes y no residentes. Mientras que los contribuyentes residentes en España están exentos de pagar el impuesto sobre la renta por sus viviendas utilizadas como residencia habitual, los no residentes deben abonar un tributo calculado sobre el 2% del valor catastral de dichas propiedades, en concepto de renta atribuible. Esta diferencia, según la Comisión, crea una desventaja injusta para los no residentes y distorsiona la igualdad de condiciones en el mercado europeo.
Dos meses para corregir las irregularidades
Como primer paso en este procedimiento de infracción, la Comisión Europea ha remitido una carta de emplazamiento a las autoridades españolas, otorgándoles un plazo de dos meses para responder y corregir las irregularidades señaladas. En caso de que España no ofrezca una solución satisfactoria dentro de este período, Bruselas podría emitir un dictamen motivado, concediendo un ultimátum adicional de dos meses para que el Gobierno de Pedro Sánchez elimine esta normativa.
De no cumplirse, el caso podría escalar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), donde España podría enfrentarse a sanciones si se confirma la infracción. Este procedimiento subraya el compromiso de la Comisión Europea con la eliminación de barreras fiscales que afecten la movilidad y los derechos de los ciudadanos en la UE, instando a España a alinear su legislación con los principios de no discriminación y libre circulación.