Entre los miles de casos de inquiokupación que existen en España, el de Joaquim es probablemente uno de los más sangrantes. En 2019 se fue a vivir a la casa de unos amigos y puso en alquiler la suya para poder pagar la hipoteca. Hoy, con su casa inquiokupada desde hace 4 años y una deuda que ronda los 30.000 euros, este propietario de Reus no solo tiene que soportar que sus antiguos inquilinos vivan a su costa en una lujosa urbanización con campo de golf incluido, sino que, además, le acaban de embargar la nómina porque la familia en cuestión ofrece la suite de su casa a través de Booking sin tener licencia de alquiler turístico.
"Se han declarado vulnerables, pero él trabaja en una inmobiliaria, alquila la planta alta de mi casa y viven a todo tren. Y, mientras tanto, yo aquí tratando de explicar a mis hijos por qué los suyos llevan un Iphone 15 y van a clases de golf, mientras nosotros tenemos que mirar hasta el último céntimo para pagar las cosas del colegio o hacer cualquier actividad", denuncia indignado el propietario, que sigue pagando la hipoteca de la vivienda y sus correspondientes impuestos. "Porque te expropian tu casa, pero el IBI te siguen obligando a pagarlo", lamenta.
De inquilinos a inquiokupas
Su historia se remonta al verano de 2019. Por aquel entonces, Joaquim y su familia se trasladaron a la masía de unos amigos y decidieron alquilar su casa, ubicada en la conocida urbanización de Aigüesverds. "Necesitaban que yo les hiciera el mantenimiento y que no estuviera vacía, porque ya les habían intentado entrar un par de veces, así que alquilamos la nuestra a un matrimonio con tres hijos para poder seguir pagando la hipoteca", explica el propietario.
El primer año se la dejaron en 550 euros para que pudieran hacer alguna reforma si lo consideraban oportuno. El segundo, tal y como habían pactado, la renta subiría a 850 y, aunque finalmente aceptaron 800 euros, ahí empezaron los problemas. "Pagaron dos o tres meses y ya dejaron de pagarme: que si el COVID, que si nos estamos separando, que si hemos tenido problemas en el trabajo… Todo eran excusas", denuncia Joaquim.
Para evitar que les denunciaran, le dijeron que habían hablado con Servicios Sociales y que ellos se iban a hacer cargo del alquiler. Sin embargo, pronto descubrió que aquello tenía trampa: "Si aceptaba, tenía que alargarles un año más el contrato y yo no estaba dispuesto a pasar por ahí, así que esperé a 2022 y, cuando terminó el contrato, les envié un burofax para comunicarles que no les renovaba y que, si se iban, les perdonaba todo lo que me debían. Solo quería que se fueran de mi casa".
Pero aquello tampoco sirvió de nada. "Me dijeron que les diera un mes o mes medio, pero, cuando ya habían pasado casi tres y no se iban, no me quedó más remedio que interponer una demanda". Ahí empezaría otro calvario. En primer lugar, porque solicitaron un abogado de oficio, lo que ya de por sí retrasa cualquier procedimiento, pero, además, porque, al darse cuenta que sus padres también estaban empadronados allí, tuvieron que cambiar la demanda para incluir a todos los okupas. "Si no, según me dijo mi abogado, aunque les echáramos a ellos, los abuelos podían seguir allí, así que tuve que cancelarlo todo, pagar las costas e iniciar un nuevo procedimiento", lamenta.
¿Quién es el vulnerable?
Desde entonces, lo único que ha sabido es que la familia en cuestión se ha declarado vulnerable, por lo que, incluso aunque se celebrase el juicio y le dieran la razón, el desahucio se terminaría suspendiendo por culpa del polémico decreto del Gobierno. Y eso a pesar de que Joaquim insiste en que su nivel de vida no se corresponde con el de alguien que dice carecer de ingresos.
"Él trabaja en una inmobiliaria —asegura mientras muestra las fotografías que así lo atestiguan—, pero es que, además, han montado una piscina de 9.000 litros en el jardín de mi casa, se hicieron socios del club de golf, la hija daba clases del golf, el hijo juega a fútbol y estudia chino… ¿Y me tengo que creer que son vulnerables?", se pregunta indignado el propietario.
Embargado por su culpa
Por si fuera poco, los vecinos le advirtieron ya hace tiempo de que alquilaba la suite de la última planta: "Es una habitación muy grande, con baño propio, vestidor y terraza, y efectivamente la pusieron en Booking". Su sorpresa llegó hace tres meses cuando la Agencia Tributaria le interpuso a él, como propietario, una multa de 5.000 euros por alquilar ilegalmente la suite en cuestión como alojamiento turístico a pesar de carecer de licencia para ello.
"Como no debía tener dinero en la cuenta, me empezaron a embargar la nómina a razón de 500 euros al mes —dice indignado—. De momento, me han quitado 1.500 euros y ahora mismo he conseguido paralizarlo y estoy en fase de alegaciones, pero no hay derecho. Me okupan la casa y encima esto". En estos momentos, el anuncio ya no está en la conocida web. Sin embargo, sus antiguos vecinos le han enviado páginas extranjeras donde sus inquiokupas continúan anunciando la suite: "Uno tiene una hija viviendo en Alemania y ya me ha mandado los links".
¿Dónde está el dinero?
Respecto a la falsa vulnerabilidad de sus inquiokupas, Joaquim parece tener claro cómo esconden sus ingresos: "Sus padres son colombianos y todo lo están haciendo con pasaporte. Es decir, no están regularizados en España y, por tanto, fiscalmente no están controlados. Por eso creemos que todo lo que ingresan debe estar en alguna cuenta de los abuelos".
Él, mientras tanto, hace cambalaches para llegar a fin de mes: "Al principio, pagaba 820 euros de hipoteca, pero me hicieron una revisión y llevo dos años pagando 1.260 euros. Si a eso le sumas el embargo de 500 euros… El sueldo de mi mujer se está yendo literalmente a mantener a otra familia. Y yo no soy Servicios Sociales. Yo no tengo por qué mantener a nadie, porque yo también tengo tres hijos y también tengo que luchar cada día. Teníamos unos ahorros y se han ido a hacer puñetas, hemos tenido que pedir dinero a amigos, a familiares…. Estamos desesperados":
Con todo, Joaquim pide a todas las administraciones que reflexionen si realmente es normal que se permita lo que él califica de "fraude de ley" y que Servicios Sociales ni siquiera indague lo más mínimo para comprobar si lo que cuentan los supuestos vulnerables es cierto. "Y aunque lo fuera… Tendrán que ayudarles, pero ellos, no yo", repite una y otra vez.
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