La política de vivienda de este Gobierno es descriptible: ataque al propietario, trabas y rebaja de rentabilidad a la construcción; eliminación de la seguridad jurídica de constructores y propietarios; generación de más carga fiscal para todos ellos; disparo de la carga burocrática para edificar y desprotección frente a los okupas. El resultado era previsible: menos oferta en venta y alquiler, mayores precios en ambos mercados y, para colmo, pánico de los propietarios e inversores por la desprotección al que actúa de forma correcta y legal. Pues bien, ahora llega la supuesta solución de Yolanda Díaz: un modelo semisoviético basado en la renuncia a la propiedad para pasar a ser poseedores de un derecho de uso de una cooperativa. Pública, claro está.
"Es urgente adaptar el marco jurídico para desarrollar políticas públicas que incluyan este modelo y para regularlo y blindar su interés general de forma permanente, eliminar las barreras que dificultan la creación y gestión de cooperativas de viviendas en régimen de cesión de uso. Esto incluye la simplificación de trámites administrativos, la clarificación de la normativa urbanística y la creación de un estatuto jurídico específico para este tipo de entidades", dicen los comunistas de Sumar.
"Es importante desarrollar una línea de ayudas en crédito y financiación que facilite el acceso a este modelo con las aportaciones iniciales y reduzca la barrera que esto supone para muchas personas que podrían y querrían apostar por este modelo de viviendas de propiedad colectiva y vida colaborativa", añaden, una especie de comuna donde no queda claro que cuota o tipo de propiedad se tiene sobre el inmuebles. "En definitiva, se busca consolidar y expandir un modelo de vivienda que prioriza el bienestar colectivo sobre el lucro individual, promueve la participación ciudadana y contribuye a la construcción de ciudades más justas y sostenibles. Las cooperativas de viviendas en régimen de cesión de uso representan una alternativa real y viable a la crisis de vivienda, y es responsabilidad de las instituciones públicas apoyar y facilitar su desarrollo" explica Sumar.
Eliminar la propiedad plena en cooperativas de vivienda
Por todo ello, Sumar quiere "modificar la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas para desarrollar la regulación del modelo y blindar su interés general de forma permanente, en elementos clave como evitar la adjudicación del dominio pleno o el derecho de superficie, u otro derecho real a las personas socias, permitir la transmisión de los inmuebles sólo a cooperativas de la misma subclase y regular las aportaciones sociales de manera acorde a los principios de coste y no especulación". Por lo tanto, no hay una propiedad libre.
También quieren "realizar los traspasos de fondos necesarios, a las administraciones públicas competentes en materia de vivienda, para impulsar la vivienda cooperativa en cesión de uso y planificar políticas públicas acorde a este modelo" y "modificar la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas, para considerar las cooperativas en cesión de uso especialmente protegidas, siempre que mantengan la propiedad de las viviendas o alojamientos de manera indefinida, sin enajenar la propiedad o adjudicarla a sus socios y socias". Una vez más se confirma que no se adquiere la plena propiedad. Tan sólo un derecho de uso.
Reservar suelo público y beneficios fiscales
Sumar reclama igualmente "impulsar bonificaciones fiscales en la tributación local (IBI e ICIO), en colaboración con los entes locales correspondientes, para el desarrollo de otras políticas públicas en el ámbito local que dé apoyo al modelo" e "impulsar y promover la implementación de instrumentos de captación y gestión de suelo y patrimonio con una dimensión público-comunitaria que permitan, a las administraciones públicas competentes en materia de vivienda, aumentar la vivienda cooperativa en cesión de uso y el parque de vivienda social y asequible de forma similar a las experiencias de Community Land Trust, existentes en otros países". De ese modo, el suelo iría destinado sólo a esta opción, encareciendo el resto de viviendas: las libres, aquellas en las que pagas para tenerla en propiedad y poder venderla o trasladarla a los hijos en forma de herencia.
Sumar añade "fomentar la cesión de los derechos de superficie de suelo público por parte de las diferentes administraciones públicas, para que cada una dentro de sus competencias, aporten para incentivar este tipo de viviendas definidas según los estándares normativos". Y, por último, "reconocer y promover la vivienda cooperativa en cesión de uso para personas mayores con servicios y espacios compartidos (o co-vivienda sénior) en el marco de la estrategia de desinstitucionalización a nivel estatal, así como también aquellos proyectos dirigidos a otros colectivos con necesidades específicas como personas con discapacidad".
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