La gestión de María Chivite como presidenta de Navarra está bajo el foco de la controversia debido a la adjudicación de dos contratos públicos a Lauburu SL, una empresa vinculada a su tío, Óscar Chivite, de la que fue administrador único hasta el 11 de septiembre de 2023.
Estas licitaciones, otorgadas en 2021 y 2024, han levantado sospechas sobre posibles conflictos de interés, especialmente porque Óscar Chivite asumió un cargo relevante en el Gobierno foral durante el período en que se concedió el segundo contrato. A continuación, desglosamos los detalles de estos procesos, los costes involucrados, los organismos responsables y las implicaciones políticas de estas decisiones.
Costes de las licitaciones adjudicadas a Lauburu
Lauburu SL, empresa vinculada familiarmente a la presidenta navarra, se hizo con dos contratos públicos en distintos años. El primero, adjudicado en 2021, correspondió a un acuerdo marco para servicios de calderería en instalaciones de depuración de aguas residuales, gestionado por Navarra de Infraestructuras Locales S.A. (NILSA). Este contrato tenía un presupuesto base de 162.290 euros anuales (sin IVA), se trata de un acuerdo marco con otras dos empresas seleccionadas, MANSUTEC II S.L.U. SADAR, S.L.
El segundo contrato, concedido en 2024, fue para el suministro e instalación de barandillas de seguridad en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Estella-Lizarra. Este proyecto, gestionado por la Mancomunidad de Montejurra, tuvo un presupuesto base de 45.000 euros (sin IVA), adjudicado íntegramente a Lauburu SL tras presentar una oferta de 37.521,60 euros, lo que supuso una baja del 16,62% sobre el precio inicial.
La suma de ambos contratos asciende a 199811.6 euros (sin IVA). Con el Impuesto sobre el Valor Añadido al 21%, el total alcanza los 241772.03 euros. Esta cifra refleja el impacto económico de las adjudicaciones, aunque el monto exacto asignado a Lauburu SL en el acuerdo marco de 2021 podría ser superior debido a que la licitación es un mínimo de dos años prorrogable a cuatro pero el contrato no garantiza ingresos fijos anuales; solo establece una oferta anual que puede variar según los servicios adjudicados.
Objetivos: Calderería y seguridad
Cada contrato tuvo un propósito específico vinculado a la gestión de aguas residuales en Navarra. La licitación de 2021, gestionada por NILSA, buscaba seleccionar empresas para prestar servicios de calderería en instalaciones de depuración, incluyendo trabajos con acero inoxidable, galvanizado y aluminio, así como la instalación de estructuras como escaleras y barandillas. Este acuerdo marco pretendía garantizar el mantenimiento y la operatividad de las plantas depuradoras en el marco del Plan Director de Saneamiento de los Ríos de Navarra.
La adjudicación de 2024, promovida por la Mancomunidad de Montejurra, tuvo como meta el suministro e instalación de barandillas de seguridad en seis decantadores de la EDAR de Estella-Lizarra. Este proyecto, con especificaciones técnicas detalladas como el uso de aluminio soldado y anclajes al muro, buscaba mejorar la seguridad en las instalaciones, un aspecto crítico para el funcionamiento de la planta.
Puntuación de las ofertas económicas de Lauburu
Lauburu SL destacó en los procesos de adjudicación por sus ofertas económicas competitivas. En el acuerdo marco de 2021, obtuvo 66,28 puntos en la valoración económica, frente a los 100 puntos de Mansutec II SLU y los 63,60 de Sadar SL. Aunque no lideró la puntuación, su propuesta de 162.290 euros anuales (sin IVA) le permitió ser una de las tres empresas seleccionadas, según el acta de la Mesa de Contratación del 22 de junio de 2021.
En la licitación de 2024, Lauburu SL logró 36,62 puntos por su oferta económica de 37.521,60 euros, contribuyendo a una puntuación global de 76,62 puntos. Al ser la única empresa que cumplió las especificaciones técnicas, se alzó con el contrato, según el acta del 9 de febrero de 2024.
NILSA y Mancomunidad de Montejurra
Las dos licitaciones fueron gestionadas por entidades públicas con vínculos con el Gobierno de Navarra. En 2021, NILSA, una sociedad pública dependiente del Ejecutivo foral, fue la encargada de adjudicar el acuerdo marco de calderería. Esta empresa, dedicada a la gestión de infraestructuras locales, opera bajo la supervisión directa del Gobierno navarro, lo que la sitúa en la órbita de María Chivite como presidenta.
Por su parte, la licitación de 2024 fue promovida por la Mancomunidad de Montejurra, una entidad que agrupa a municipios de la región y que gestiona servicios como el tratamiento de aguas residuales. Aunque su dirección depende de una asamblea de representantes municipales, el Gobierno de Navarra ejerce una influencia indirecta a través de la financiación y la supervisión de proyectos estratégicos, consolidando su dependencia del Ejecutivo liderado por Chivite.
Máximos responsables y afiliación política
Los dirigentes de ambos organismos están vinculados al Partido Socialista de Navarra (PSN-PSOE), el mismo partido que lidera María Chivite. En el caso de NILSA, el máximo responsable es el consejero de Cohesión Territorial, un cargo que en 2021 ocupaba Bernardo Ciriza (PSN-PSOE) y que, desde agosto de 2023, desempeña Óscar Chivite, tío de la presidenta. Su nombramiento en 2023, antes de la adjudicación de 2024, ha intensificado las críticas por la coincidencia temporal con los contratos otorgados a Lauburu SL.
Cabe la posibilidad de que si la licitación se prorrogó entre el 18 de agosto de 2023 y el 11 de septiembre de 2023, se la habría concedido a sí mismo, ya que en ese periodo de tiempo era consejero y administrador único de Lauburu, lo que habría supuesto un claro conflicto de intereses. También podría darse el caso de que si se hubiera extendido la adjudicación para 2024, el consejero de Cohesión Territorial habría ampliado la concesión a su antigua empresa. Libertad Digital ha tratado de confirmar estos hechos pero no ha podido conseguir la información.
En la Mancomunidad de Montejurra, la presidenta en 2024 era Susana Castanera, también del PSN-PSOE. Elegida por la asamblea de la mancomunidad, su liderazgo refleja la influencia del partido socialista en el organismo, alineado con el Gobierno foral.
Dependencia de NILSA y Montejurra de Chivite
La conexión de NILSA y la Mancomunidad de Montejurra con el Ejecutivo de María Chivite se basa en su estructura y financiación. NILSA, como sociedad pública, está directamente adscrita al Gobierno de Navarra, con su presidente —el consejero de Cohesión Territorial— designado por el Ejecutivo. Esta relación jerárquica asegura que las decisiones estratégicas de la entidad estén alineadas con las prioridades del Gobierno foral.
La Mancomunidad de Montejurra, aunque formalmente autónoma, depende del apoyo económico y la supervisión del Gobierno navarro para proyectos clave, como los relacionados con la gestión del agua. Esta influencia indirecta permite al Ejecutivo de Chivite incidir en las políticas y adjudicaciones de la mancomunidad, reforzando su control sobre ambas entidades.
El máximo dirigente de la Mancomunidad
El presidente de la Mancomunidad de Montejurra es elegido por su asamblea, compuesta por alcaldes y concejales de los municipios asociados. Este proceso, regulado por la normativa de las mancomunidades, se realiza mediante votación entre los representantes locales. Aunque el Gobierno de Navarra no interviene directamente en esta designación, su peso político y económico en la región puede condicionar las decisiones de la asamblea, especialmente cuando el PSN-PSOE, partido de Chivite, tiene una presencia significativa en los gobiernos municipales de Navarra.
En contraste, el consejero de Cohesión Territorial, presidente de NILSA, es nombrado directamente por el Gobierno de Navarra, encabezado por María Chivite. Esta designación centralizada contrasta con el modelo más descentralizado de Montejurra, pero en ambos casos, la influencia del Ejecutivo foral es notable.
Apoyo financiero público a Lauburu SL
Además de las licitaciones, Lauburu SL recibió un respaldo significativo del Gobierno. La empresa obtuvo avales públicos por 208.000 euros del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para mitigar el impacto de la pandemia, con 136.000 euros concedidos en abril de 2022 y 72.000 euros en marzo de 2021. A esto se suman subvenciones por 12.358,77 euros, incluyendo 12.000 euros del Programa Kit Digital en 2025 y 358,77 euros en 2022 por el sobrecoste energético, según el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.