El Ministerio de Consumo que dirige Pablo Bustinduy se dispone a impulsar de forma inminente una reforma legal para regular los anuncios de las empresas de alarmas con el objetivo de combatir lo que desde la cartera del dirigente de Sumar han bautizado como "la publicidad del miedo", es decir aquella que muestra los riesgos de la okupación con el objetivo de poner en valor la protección que ofrece su producto para evitar la entrada de okupas en viviendas particulares.
En concreto, Consumo pretende controlar la publicidad que, desde el departamento de Bustinduy, consideren engañosa o que pueda generar en el consumidor una percepción errónea sobre los peligros a los que puede estar sometido el ciudadano si no adquiere el producto. Una reforma legal que, aunque no especifique que tiene como objetivo acabar con la publicidad que muestra los riesgos de la okupación, está destinada a ello; ya que desde Consumo señalan directamente a las empresas de seguridad y el Grupo Parlamentario Sumar ha defendido en varias ocasiones en el Congreso la necesidad de acabar con la misma.
Según ha confirmado EFE, el Ministerio se dispone de manera urgente a modificar la Ley de Competencia Desleal –enmarcada en la Ley de Consumo Sostenible— para obligar a las empresas de seguridad a que, cuando hagan este tipo de publicidad, también aporten información cuantitativa o estadística que permita a los consumidores hacer una valoración real del riesgo al que se expone. Es decir, que en un anuncio en el que se ofrece una alarma antiokupas se muestren datos sobre el porcentaje de viviendas okupadas que hay en el país o cuántos propietarios son víctimas de la problemática. Algo que, en principio, no se extrapolaría a otras comunicaciones publicitarias en otros sectores que también exponen los riegos que evitan su producto.
Publicidad manipuladora
Con este nuevo marco legislativo, Sumar pretende limitar la publicidad de este entorno que consideran manipuladora o que explotan emociones como la ansiedad o el terror, también utilizadas en otros sectores como la propia publicidad institucional o la propaganda electoral. De hecho, el Ministerio cree que las empresas de seguridad utilizan este tipo de emociones situando al consumidor en escenarios extremos o improbables, como robos violentos o "vulnerabilidades catastróficas" creando una sensación de urgencia o vulnerabilidad.
"Esto no solo puede alterar la calidad de vida de las personas, sino también desviar recursos hacia servicios innecesarios o desproporcionados en relación con el riesgo real", explican desde el Ministerio. Así, el Gobierno cree que este tipo de anuncios llevan a la ciudadanía a tomar decisiones basadas en el pánico afectando a su libertad de elección y su bienestar psicológico, por lo que Consumo cree que debe regular la información publicitaria al no considerar al consumidor capaz de distinguir la base real sobre la que se trata una publicidad y la publicidad en sí.
Acabar con la "cultura del miedo"
En el mismo sentido, se pretende acabar con la "cultura del miedo" que, según Consumo, se reproduce afectando negativamente al conjunto de la sociedad. Por ello, las empresas de seguridad tendrán que realizar anuncios más enfocados a los beneficios reales del producto que los riesgos que lo hacen atractivo; expresado de otra manera, tendrán que explicar lo seguras que son sus alarmas pero no el motivo por el cual se hacen necesarias.
Para llevar a cabo esta delimitación de la publicidad de las empresas de seguridad, se introducirá el siguiente párrafo de la citada Ley de Competencia Desleal: "Cuando tales afirmaciones, aun siendo veraces, utilicen la exposición a un riesgo o peligro como argumento principal de persuasión comercial, deberán incorporar, en condiciones de adecuada visibilidad, adaptado al medio en el que se realice la comunicación, información complementaria de carácter cuantitativo o estadístico que permita al consumidor o usuario valorar su frecuencia, impacto relativo o proporción".