El abogado Ibor Fernandes sigue con plena atención todos los giros de guion que se están produciendo alrededor de la OPA que el BBVA lanzó sobre el Banco Sabadell el año pasado, y que el Gobierno ha intentado boicotear.
El obstáculo más burdo del Ejecutivo de Pedro Sánchez en esta adquisición se produjo el pasado mes de mayo, cuando el líder del PSOE anunció una "consulta pública" para preguntar a los ciudadanos su opinión sobre una operación privada, que en todo caso, corresponde valorar a los clientes del Sabadell.
El resultado de la consulta de Sánchez fue catastrófico: votos por duplicado, con DNI y correos electrónicos falsos, respuestas en nombre de personajes famosos y/o fallecidos, como Elvis Presley o Jessica la de Ábalos... La cuestionable ocurrencia del Gobierno terminó convertida en una chapuza de la que todavía se desconoce la conclusión oficial.
"Es un instrumento peligroso"
A Fernandes, accionista particular de BBVA y socio de Statera Legal, le escandalizó tanto la consulta del Gobierno, que a finales de mayo interpuso un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional para llevar al Gobierno a la justicia. El abogado aclara que "da la casualidad de que soy accionista muy modesto de BBVA y lo he usado para reforzar la legitimación, pero es testimonial. Tengo 7.000 euros en acciones. Y además, para reforzarla aún más compre unas cuantas de Sabadell" explica a Libre Mercado.
Para Fernandes, el cuestionario de Sánchez "vulneró los principios de igualdad y no discriminación porque las preguntas de la consulta estaban manipuladas. El Gobierno preguntaba a los ciudadanos si creían que la OPA afecta al interés general. Si respondían que no afecta, no lo podían argumentar. Solo si respondían que sí, se ampliaba el cuestionario " recuerda.
Aunque en este caso, "hemos visto que el resultado, con los votos duplicados y falsos, ha sido totalmente ridículo", este abogado especializado en derecho constitucional considera que "con esta consulta, el Gobierno ha establecido un peligroso precedente contra la democracia. Hoy preguntan por la OPA y mañana por la independencia de Cataluña o por la monarquía. Es un instrumento muy peligroso" advierte.
El abogado pidió una cautelarísima sobre la consulta, "que fue desestimada con voto particular del presidente". También, una medida cautelar, que "está pendiente de resolución aunque considero que ha perdido objeto". Eso sí, "el procedimiento principal está vivo y pretendemos llevarlo a sentencia aunque se desliga de tener efectos directos para el tema bancario" explica.
"Ha vulnerado el principio de libertad de empresa"
Además, el abogado cree que "con la excusa del interés general, el Gobierno ha vulnerado el principio de libertad de empresa". Cabe recordar que para intentar dinamitar la operación, el Ejecutivo ha prohibido la OPA durante tres años con el objetivo de contentar a sus socios independentistas. "Ha usado de forma torticera la Ley General de la Competencia, que contempla que, tras el veredicto del regulador, el único movimiento que puede hacer el Gobierno es para facilitar la libertad de empresa, y no al contrario" asegura. Fernades insiste en que "el Gobierno usa el interés general para su interés particular y político" y alerta de que "todas las instituciones están en peligro".
A pesar de las trabas gubernamentales, el BBVA ha anunciado esta semana que seguirá adelante con la OPA. "Tras evaluar la condición impuesta por el Consejo de Ministros del pasado 24 de junio, BBVA sigue adelante con la adquisición de Banco Sabadell porque "el proyecto crea un enorme valor para los accionistas de ambas entidades y representa una oportunidad única para construir uno de los bancos más competitivos e innovadores de Europa" informó el presidente de BBVA, Carlos Torres.
El as en la manga del BBVA
El dictamen del Consejo de Ministros establece que Sabadell debe mantener su personalidad jurídica, patrimonio y autonomía operativa durante al menos tres años, con posibilidad de prórroga por otros dos. Durante ese periodo, no se permitirán despidos vinculados a la integración, ni cierre de oficinas o recortes de plantilla, por lo que BBVA no podrá alcanzar la totalidad del ahorro calculado de unos 850 millones de euros debido las sinergias de disminuir el número de oficinas o reducir los costes de financiación por el posible aumento de su calificación crediticia.
En este sentido, el abogado recuerda que al banco vasco todavía le queda un as en la manga para intentar evitar el golpe gubernamental: recurrir al Supremo. "Seguir adelante con la OPA es compatible con recurrir la decisión del Gobierno. Y el ente competente es el Supremo porque es una norma dictada en Consejo de Ministros. Esto implica que la decisión podría ser rápida. El BBVA es un sujeto legitimado porque está en el procedimiento y es directamente afectado por la decisión. Si consiguiera ganar el pleito principal, se podría plantear un proceso de responsabilidad patrimonial con el Estado por los daños de haber fastidiado la OPA unos meses" explica.
"Hay un detalle importante en este proceso, que es el Estado no puede recurrir en amparo la decisión del Supremo, pero el BBVA sí. Por tanto, el periplo estatal empieza y termina con el Supremo, y la sentencia que dictaría, sería en firme para el Gobierno. Ahora, habrá que esperar a ver qué decide BBVA, que tiene dos meses para ello", añade.
Fuentes del BBVA consultadas por Libre Mercado se limitan a explicar que mantener la OPA y recurrir en los tribunales la decisión del Gobierno "son decisiones independientes". De momento, la entidad no se ha pronunciado sobre sus planes jurídicas tras aceptar la OPA. "Esa vía siempre existe" dijo Torres antes de dar a conocer su decisión.
Y el as en la manga del Sabadell
Por el lado del Sabadell, el banco de Oliu también ha usado está semana su particular as en la manga. La entidad opada ha aceptado la oferta del Banco Santander por su filial británica TSB por más de 3.000 millones de euros en efectivo, una cuantía por encima de la recomendada por los analistas.
Tras la venta, el Banco Sabadell se ha comprometido a multiplicar el dividendo hasta los 2.500 millones (50 céntimos por acción) para sus más de 200.000 accionistas, lo que supone un desincentivo para acudir a la OPA, que según Oliu, "no tendrán derecho a cobrarlo" si prospera.
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