El PP quiere endurecer las políticas contra la inmigración ilegal. Para ello, en su Ponencia Política para XXI Congreso Nacional (donde se dicen ser "un partido de centro-reformista, que, a partir de la tradición ideológica del 99 liberalismo, la democracia cristiana y el conservadurismo") el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo propone, entre otras medidas, retirar las ayudas no contributivas a los inmigrantes que no puedan probar que se encuentran en España legalmente.
Adicionalmente, el Partido Popular propone trabajar directamente en los países de origen para atajar este problema y defiende la cooperación al desarrollo como un instrumento para contribuir a una inmigración ordenada. Además, se compromete a fortalecer el control de las fronteras y a repatriar a los inmigrantes ilegales y a quienes cometan algún delito.
Retirar ayudas económicas
En relación con el mercado laboral, uno de los problemas que identifica el PP en materia de inmigración es que "España carece de cauces legales realmente efectivos para la gente que quiere venir a trabajar". Así, el partido denuncia en su ponencia política que "llevamos años sin ejercer un control efectivo sobre la inmigración ilegal, con fronteras desprotegidas y un sistema de regularización caótico que incentiva a las mafias que trafican con personas y a miles de migrantes a incumplir la ley".
En consecuencia, para el PP "es urgente establecer vías efectivas de entrada legal y ordenar la entrada de personas, primando la llegada de aquellos culturalmente cercanos, que cubren necesidades en el mercado laboral y anhelan ser partícipes de nuestro sistema de valores".
En este sentido, el partido de Núñez Feijóo se compromete a que si gobiernan "eliminaremos la relación entre el empadronamiento y el acceso de los inmigrantes en situación irregular a las prestaciones económicas no contributivas". De este modo, defienden que "la irregularidad no puede generar derechos, y condicionaremos la residencia de larga duración a la contribución efectiva al sistema de Seguridad Social, al conocimiento del idioma y de la cultura españolas". No obstante, es cierto que desde el PP no han desarrollado la idea en profundidad, puesto que no detallan cuáles son las ayudas sociales a las que hacen referencia.
En relación con el impacto económico de la inmigración ilegal, este es uno de los puntos más importantes, porque actualmente la Ley de Extranjería, en el artículo dedicado al derecho a la Seguridad Social y a los servicios sociales, establece que "los extranjeros, cualquiera que sea su situación administrativa, tienen derecho a los servicios y prestaciones sociales básicas" (art. 14.3).
Control de fronteras
Asimismo, el PP parecer querer endurecer también el control de fronteras, que "no es ni un capricho ni una amenaza: es la garantía de la convivencia en libertad", señalan. Por ello, consideran necesario trabajar en los países de origen y luchar contra las mafias que trafican con estas personas. Además, señalan que se debe "repatriar de inmediato a los inmigrantes ilegales y a quienes cometan algún delito".
De hecho, el partido también ha sabido reconocer en su ponencia política que la inmigración se utiliza en muchas ocasiones por ciertos países como un forma de presión. "No podemos permitir que terceros países traten de utilizar la inmigración como arma para desestabilizar nuestra economía y nuestra sociedad. La inmigración es, también, una cuestión de Seguridad Nacional. El control de fronteras es una competencia exclusiva del Estado", aseveran.
Con todo, apuntan que "es urgente una política migratoria firme, legal y segura, que proteja a los más vulnerables y frene esta tragedia" e inciden en que "solo con un enfoque justo y ordenado podremos garantizar una integración humana y real basada en el respeto y en valores compartidos".