Los que con frecuencia entren en mis artículos en esta publicación, se preguntarán hoy, con razón, acerca de las intenciones que sustentan el título que hoy encabeza estas líneas.
Su justificación obedece a mi sorpresa, por los argumentos del gobierno sobre los efectos que podrían esperarse de la tristemente famosa OPA del BBVA al Banco de Sabadell. Y subrayo lo de tristemente famosa, porque una OPA es, simplemente eso, una Oferta Pública de Acciones, a la que los accionistas concernidos podrán acudir como consideren conveniente a sus intereses.
Por ello, la intervención del gobierno condicionando, dificultando, incluso imposibilitando que los intereses de ambos accionariados se lleven a buen término, es una interferencia de las funciones gubernamentales, calificando de asuntos públicos que se deben de proteger, cuando no pasan de ser asuntos privados, delimitados a dos accionariados: el del BBVA y el del banco de Sabadell.
No pertenezco a ninguno de los dos colectivos, por lo que espero que no me ciegue el interés propio, pero ¿puede una operación transaccional, propia del derecho privado, convertirse en una cuestión de Estado?
¿Puede anunciarse, que el gobierno autoriza la operación, si ambas entidades mantienen separadas e independientes sus personalidades jurídicas y sus patrimonios, durante un tiempo no inferior a tres años, que posiblemente pueda extenderse? Es decir, que se autoriza la operación, en principio, para nada.
La OPA de que hablamos y la subsiguiente fusión de las dos entidades, aparece, en el horizonte del gobierno de la Nación, como el mal de los males de la maltrecha España, de aquí la necesaria intervención del gobierno para protegerla de semejante cataclismo.
Que el que manda trate de no asumir responsabilidades de lo mandado, es un hábito entre nosotros; de aquí, que se advierta sobre las consecuencias irreparables de dicha OPA sobre las cuentas de la Seguridad Social. Un aviso sorprendente, cuando todos los españoles sabemos que ésta, lleva quebrada hace lustros, endeudándose cada vez más, para poder ir, mal que bien, cumpliendo con sus obligaciones.
La crisis de la Seguridad Social, o es un problema de cálculo actuarial erróneo, que nadie quiere resolver, o/y un problema de gestión pública de su objetivo social, que muestra incapacidad evidente para una administración responsable. Pero ello, el mal viene de lejos, no de la OPA proyectada.
El Consejo de ministros, que cada uno juzgará sobre sus luces, ya ha advertido que la dichosa OPA es peligrosa para la regulación sectorial – quizá mejor evitarla – y un daño irreparable para el empleo – dato, que pocos aceptan como riguroso –. El peligro se extiende también a la cohesión territorial y a la promoción de la investigación y el desarrollo. ¿Son estos todos los peligros de la OPA?
En los años cincuenta y sesenta del pasado siglo, cuando los españoles carecían de todo menos de humor, solía añadirse, en enumeraciones como ésta, una coletilla: "y se pararán los grandes expresos europeos"; pero, dejémoslo así, no mentemos la soga en la casa del ahorcado.
Distingamos, al menos, entre churras y merinas, porque su confusión, sí que podrá ocasionar males diversos, incluso no imaginables.