El gran peligro de la extrema izquierda es que sus ideas económicas integran una ignorancia supina del funcionamiento del mercado y una constante pulsión totalitaria que les lleva a señalar constantemente al sector privado como el responsable de los problemas que sufre la sociedad. En consecuencia, abogan por una intervención cada vez mayor y una limitación radical de las libertades de los ciudadanos en aras de un supuesto bien común o interés general.
En este sentido, la crisis de la vivienda no escapa a la voracidad comunista y socialista, que ven en la crisis que sufre el mercado inmobiliario una oportunidad para imponer la bota del Estado sobre los españoles. Así, ha sido Carlos Martín, el gurú económico de Sumar, quien ha desvelado en una entrevista en El Confidencial cuáles serían las principales medidas que desarrollaría el partido de Yolanda Díaz al respecto, que pasarían principalmente por perseguir a los propietarios y acosar a aquellos que mantengan inmuebles vacíos.
Persecución a los propietarios
En la entrevista, el diputado de Sumar asegura que actualmente vivimos una burbuja inmobiliaria que no se corresponde con las leyes de la oferta y la demanda, sino con la avaricia de los especuladores. "Claramente estamos en burbuja porque el precio de mercado está por encima de su valor intrínseco. Su valor fundamental no se explica por el juego de oferta y demanda de vivienda para vivir. Hay una demanda de vivienda para especular o para sacar una rentabilidad", apunta.
En cualquier caso, para Martín "el mercado está desordenado por falta de intervención pública y hace falta pinchar la burbuja prohibiendo la demanda especulativa". Pero ¿cómo podría hacerse? La respuesta desde Sumar es muy clara: "Primero, prohibir la compra de vivienda a ninguna empresa en una zona tensionada y a ningún particular que no vaya a vivir al menos cinco años. Y, segundo, movilizar la vivienda vacía". Así, preguntado sobre cómo se podría movilizar la vivienda que actualmente permanece vacía en nuestro país, Martín explica que desde su partido apuestan por la estrategia "de la zanahoria y el palo".
De este modo, detalla que, por un lado, "proponemos que el Estado sea el casero para quienes tienen viviendas sin utilizar, garantizando el pago mensual de una renta". De hecho, explica que "tienen que ser agencias proactivas, que llamen a la puerta de los propietarios con viviendas vacías y que les propongan movilizarlas a un precio razonable, relacionado con los salarios que se cobran en su zona, y encargarse de todo".
Sin embargo, si los propietarios de vivienda vacía no accedieran a ponerla en manos del Estado, desde Sumar no dudarían en atacar directamente a la libertad y los derechos de propiedad de las personas. "Si esto no es suficiente, estamos de acuerdo en aplicar también el palo, o sea, en freír a impuestos a aquellos propietarios que no quieran movilizar su vivienda a través de estos programas de agencias públicas de alquiler seguro, garantizado y asequible", asegura. No obstante, lo cierto es que el responsable económico del partido de la ministra de Trabajo no aclara qué consideran desde su formación "vivienda vacía".
Por otra parte, el gurú económico de Sumar no duda en señalar también a las inmobiliarias como el enemigo del Estado del Bienestar. En concreto afirma que, si bien en España se ha construido una gran cantidad de VPO (Vivienda de Protección Oficial), buena parte de las mismas ya no forman parte del parque público de vivienda. "Son las inmobiliarias las que han operado para evitarlo", asegura, añadiendo que "las inmobiliarias son el enemigo para que se pueda construir otro pilar del estado del bienestar con la vivienda".
Asimismo, pese a que el entrevistador le recuerda que su partido ha propuesto los controles de precios como solución a la crisis de la vivienda y le explique los efectos que ha tenido en ciudades como Barcelona esta medida, que ha llevado a una drástica reducción de la oferta de vivienda en alquiler y a que los propietarios destines sus inmuebles a otros fines, como el alquiler turístico, el diputado de Sumar insiste en que para su formación existen dos medidas. "Por un lado, en el Plan Estatal de Vivienda, elevar la financiación hasta el 1%", detalla. Y añade que "en segundo lugar, una ley multidimensional donde están todas las medidas que se deberían poner en marcha para solucionar el problema. Entre ellas, la prohibición de apartamentos turísticos en zonas tensionadas".
Con todo, aunque Sumar forma parte del Consejo de Ministros, para Martín no cabe la autocrítica. Más bien al contrario, señala únicamente a la responsabilidad del PSOE en materia de vivienda y asegura que desde su partido han tenido que ir convenciendo a los socialistas de cuál es el camino a seguir. "Nos está costando mucho cambiar la cabeza de la inteligencia económica en este apartado del Partido Socialista. Vamos consiguiendo avances, pero el problema es que el ritmo es de caracol (...). Nos ha costado mucho convencer de que necesitamos generar ese gran parque de vivienda pública y que necesitamos que el Estado aquí sea promotor y orillar a las inmobiliarias del negocio público".
En suma, continuando su ataque frontal al sector privado, Martín defiende en su entrevista que desde Sumar "condicionamos esta inversión pública a que el Estado sea el promotor", puesto que consideran que las inmobiliarias privadas "no aportan nada" y destaca que el Estado puede asumir sin problemas las labores que éstas ejercen en el mercado. "Una inmobiliaria son tres arquitectos, dos abogados y un economista. No hay una ciencia oculta detrás o un conocimiento ignoto que no sea accesible al sector público. Hay que orillarlas". ¿Las razones? "Primero, porque piden márgenes de beneficio muy altos y, segundo, porque operan para que todas esas viviendas acaben en el mercado", apunta.