Podemos dice públicamente que la corrupción es un problema. Pero no se suma a una posible moción de censura en contra de la corrupción del Gobierno que ellos mismo soportan y, para colmo, cuando reclama medidas para luchar contra esa corrupción, pone el acento en las empresas que entran a esa corrupción mucho más que en los políticos que las amañan.
El plan anticorrupción presentado por Podemos en el Congreso se resume en un párrafo: "Adoptar las medidas normativas necesarias para prohibir la contratación pública con personas físicas y jurídicas condenadas por delitos de corrupción, estableciendo una prohibición indefinida que afecta a todas las empresas del grupo y que pueda ser acordada, inicialmente de forma cautelar, desde que aparezcan indicios". Fin. Todo el foco en las empresas.
Empresas en el centro del discurso
El argumentario sigue la misma línea: "Los casos de corrupción que han sacudido a la sociedad española en los últimos años ponen de manifiesto que nos encontramos ante un fenómeno sistémico, íntimamente vinculado a la dinámica bipartidista y que genera una enorme desafección en las mayorías sociales con respecto a las instituciones". Por lo visto su apoyo al PSOE no apuntala la corrupción del PSOE.
"La parte fundamental de los escándalos de corrupción están vinculados al ámbito de la contratación pública, apareciendo en el marco de la negociación de adjudicaciones de contratos, donde corruptores ofrecen importantes comisiones a partícipes del proceso de contratación para obtener ventajas o la propia adjudicación". Aquí ya se señala como corruptor a la empresa, sin hablar de la parte política.
"Esta circunstancia hace que una medida esencial en la lucha contra la corrupción sea la persecución de las empresas corruptoras, que, en muchos casos reciben importantes cuantías de fondos públicos", concluyen confirmando lo mencionado.
"Precisamente vetar el acceso de las entidades corruptoras a la participación con la administración es una medida de prevención general de este tipo de conductas que lleven a incentivar la vigilancia por parte de las entidades de estas conductas y a mandar un mensaje determinante a la sociedad de que la corrupción no puede compensar", añade obviando al político corrupto.
Una propuesta de sanción sin sentencia firme
"Ya prevé la hasta hoy vigente Ley de Contratos del Sector Público en sus artículos 71 y siguientes una prohibición de contratación para las personas físicas o jurídicas condenadas por delitos vinculados a la corrupción. Sin embargo, este mecanismo no se ha demostrado efectivo en la prevención de las conductas. La previsión se restringe a sentencias condenatorias firmes, que pueden recaer muchos años después de la realización de las actividades delictivas, tiempo en el cual las entidades pueden seguir beneficiándose de la contratación pública y se restringe a un tiempo determinado nunca superior a los cinco años", señala Podemos, apuntando a un esquema de castigo sin sentencia firme.
"La presente iniciativa tiene como objetivo implantar una prohibición absoluta e indefinida de contratación a las personas físicas y jurídicas condenadas por delitos de corrupción desde la condena en instancia y cautelarmente desde que aparezcan indicios, sólo finalizable en caso de revocación de la sentencia y que afecte, no sólo a las empresas condenadas o a aquellas cuyos administradores lo sean, sino al conjunto de las de su grupo, para evitar que la conformación de UTE facilite la elusión de estas previsiones", concluye Podemos.
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