Las llegadas de inmigrantes sin papeles se han disparado en los últimos años. Según datos oficiales del Ministerio del Interior, en 2024 se registraron un total de 63.970 llegadas irregulares, lo que supone un incremento del 12,5% respecto a las cifras de 2023 (56.852). De hecho, el pasado ejercicio estuvo cerca de rozar el récord de 64 .298 alcanzado en 2018.
Los desembarcos irregulares alcanzaron un total de 32.449 en 2019, 41.861 en 2020, 41.945 en 2021 y 31.219 en 2022, de modo que el total acumulado desde que Pedro Sánchez llegó al gobierno en 2018 asciende a 275.742, siempre de acuerdo con las publicaciones oficiales que edita el Ministerio del Interior, cuya estadística ofrece datos quincenales, amén de un resumen anual.
Estos mismos datos del departamento de gobierno que dirige Fernando Grande-Marlaska acreditan que la ruta de entrada más popular son las Islas Canarias, puesto que el archipiélago recibió en 2024 un total de 46.843 entradas de inmigrantes sin papeles, lo que supone tres cuartas partes del total. Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla figuran en segunda posición y se erigen como el otro "punto caliente" de las entradas irregulares.
El sistema de acogida que da cobertura a las personas que llegan a nuestro país en estas circunstancias ha sido generosamente financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En 2022, el Ejecutivo puso en marcha un sistema de "acción concertada" que le permite canalizar cientos de millones de euros a ONGs dedicadas a esta cuestión. Dicho paradigma, que toma su base legal en la Ley 9/2017, se desarrolló a través del Real Decreto 220/2022 y la Orden ISM/680/2022 y ha servido para celebrar adjudicaciones indirectas, sin contratos públicos, a aquellas entidades previamente acreditadas por el Ejecutivo.
El gasto presupuestado para el programa de "acción concertada" alcanzó 173 millones de euros en 2022, cifra que se elevó a 633 millones en el año 2023 y que creció a 652 millones en el ejercicio 2024. En total, el último trienio habría sumado 1.458 millones desembolsados en esta cuestión. Esta cifra asciende a casi 10.000 euros por cada inmigrante sin papeles registrado en las estadísticas del Ministerio del Interior para 2022, 2023 2024.
Sin embargo, el desglose de los gastos realmente ejecutados arroja cifras aún más abultadas. Así, el gasto entre enero y septiembre de 2022 fue estimado en el entorno de los 490 millones, frente a un presupuesto para todo el año de 173 millones. No se han publicado evaluaciones integrales que amplíen este cálculo al conjunto de 2022, así como a los años 2023 y 2024, pero todo apunta a que los desembolsos acumulados son, de hecho, aún mayores de lo previsto por en las cuentas del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
De estas ayudas, los datos de enero a septiembre de 2022 sugieren que en torno a un 50% fue a parar a Cruz Roja, mientras que otras ONGs como CEAR o ACCEM se hicieron con un volumen de ayudas superior al 15%, en cada caso. Así pues, estas tres entidades sumaron alrededor del 85% del total de fondos desembolsados a través de estos programas.
Las ONG del ramo
Por encima de los 5 millones de euros, los datos de los tres primeros trimestres de 2022 reflejan el peso de otras entidades como CEAR, ACCEM, CEPAIM, Movimiento por la Paz, Red Acoge, Asociación Provivienda, Diaconía España, APIP-ACAM o Asociación Progestión. Hablamos de ONGs que suman adjudicaciones por un monto cercano al 15% del total.
Si buceamos en las cuentas de algunas de estas organizaciones, podemos ver que sus cuentas reciben importantes cuantías de dinero público que van más allá de los programas ministeriales. Es el caso de CEPAIM, que se embolsó más de 50 millones de euros en 2022, cifra que incluyó 23,4 millones para "atención y acogida de inmigrantes vulnerables", 24,6 millones para "desarrollo de itinerarios de integración" y 1 millón para "inserción laboral de personas bajo protección internacional".
Esta ONG está presidida por Juan Antonio Miralles Ortega, un antiguo candidato de Izquierda Unida. Paula Moreno, que ha ejercido distintos cargos en Sumar, ha trabajado también en esta entidad. CEPAIM ocupó titulares de prensa tras la crisis de seguridad que sufrió el municipio de Guardamar del Segura, en la provincia de Alicante. En julio de 2024, los vecinos denunciaron que algunos de los inmigrantes acogidos por la ONG habrían incurrido en delitos tales como agresiones sexuales, robos o altercados nocturnos, motivando incluso la adopción de un "toque de queda" a partir de las 23 horas de la noche.
Otra de las ONG con mayor presencia en este tipo de programas es APIP-ACAM, que recibió 174 subvenciones entre los años 2020 y 2024, generando ingresos por valor de 42,9 millones de euros, de acuerdo con un análisis de Israel Cabrera realizado con datos del BOE. En su caso, la gestión de un grupo de inmigrantes sin papeles a Tossa de Mar, en la provincia de Gerona, fue motivo de queja entre los vecinos de la localidad.
Opacidad y dudas
El sistema de acogida carece de transparencia en cuanto a los resultados de integración que consigue. No existen evaluaciones públicas realizadas por organismos o expertos independientes que midan si los inmigrantes atendidos logran integrarse efectivamente, pese a que sería fácil determinar cuántos aprenden el idioma, acceden a un empleo o alcanzan autonomía.
Las memorias de actividad disponibles aportan cifras de gasto y números referidos a las atenciones prestadas, pero omiten indicadores verificables de eficacia. Además, algunas organizaciones del ramo ni siquiera publican sus cuentas desde hace años, a pesar de que reciben más del 90% de sus ingresos de fondos públicos, lo que dificulta la tarea de fiscalizar sus ingresos y medir sus resultados. Esta opacidad es especialmente preocupante dado que el modelo se basa en adjudicaciones directas, sin licitación pública ni control competitivo, lo que reduce los incentivos a rendir cuentas.