Vito Tanzi es uno de los economistas que ha estudiado con más detalle la evolución del gasto público en las economías más desarrolladas del mundo. Tanzi, que fue director del Departamento de Asuntos Fiscales del FMI entre 1981 y 2000, ha explicado que “en 1870, el gasto público medio era del 8,3% del PIB” y que las dos Guerras Mundiales elevaron estos niveles a umbrales más altos. Eso sí, Tanzi considera que el avance definitivo del peso del Estado en la economía se produjo “a partir de los años 60, con las llamadas políticas de bienestar”.
Tomemos a los siguientes países como referencia: Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Japón, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, España, Suecia, Suiza, Reino Unido y EEUU. A la izquierda vemos la evolución total del gasto, que pasó de menos del 30% del PIB en 1930 a casi 50% a mediados de los 90. A la derecha vemos los componentes del gasto: los intereses se han mantenido en el umbral del 5%, el consumo/inversión estatal se congeló entre el 15% y el 20% del PIB en los años 80 y los subsidios y transferencias han subido de menos del 5% a casi el 25% entre 1870 y la última década del siglo pasado.
La siguiente gráfica, también elaborada con datos de los estudios de Vito Tanzi, muestra la evolución de la ratio gasto público/PIB para el periodo 1960-1970.
Los datos son aún más preocupantes si nos atenemos a estadísticas puramente europeas, ya que el gasto medio en 2012 de los miembros de la UE fue del 49,4% comunitario. Si ampliamos la lista y consideramos a las economías de la OCDE, encontramos algunos ejemplos de países en los desarrollados en los que el gasto es mucho menor. Así, en países como Australia, Suiza, Corea del Sur, Chile o México, este indicador se mantiene por debajo del 35% del PIB. En otros países, como Suecia, esta variable acumula años de rebajas: entre 1980 y 2010, ha pasado de más del 60% a menos del 50% del PIB. Durante dicho periodo, el país escandinavo recuperó buena parte del terreno perdido en los años de hegemonía socialdemócrata.
Hay países en los que, pese a los vaivenes del tiempo, la propia estructura de recaudación tributaria parece establecer un “techo” que limita el aumento del gasto. Se trata de ese nivel a partir del cual aumenta la economía sumergida, como consecuencia de un Estado excesivamente costoso. Para EEUU, por ejemplo, ese punto parece ser el 18,1% del PIB, que ha sido el nivel medio de recaudación fiscal durante el último medio siglo.
Si nos fijamos en España, parece evidente que los ingresos tributarios tienden a mantenerse en niveles de entre el 30% y el 35% del PIB. La recaudación aumentó notablemente en las primeras décadas de la democracia, pasando del 18,4% del PIB en 1975 al 27,6% en 1985 y al 32,1% en 1995. No obstante, desde mediados de los años 90, el rango 30%-35% ha sido la norma, con la excepción de los años fuertes de la “burbuja” (2005-2007), que llevaron el total al 37%.
Esto es solamente una conjetura, una reflexión que habría que matizar y profundizar, pero quizá vale la pena plantearnos que la economía española solamente está preparada para aceptar un Estado que consume, como mucho, un 35% del PIB. Esto vendría a suponer un recorte significativo frente al 47% del PIB que consumieron las Administraciones en 2012. Evidentemente, se pueden hacer muchas conjeturas a esta proposición. Por ejemplo, es evidente que muchos españoles están a favor de que haya más gasto público en muchos aspectos; no obstante, esto no significa que estén dispuestos a pagar por ese aumento del gasto…
El umbral del 35% del PIB es interesante porque algunos economistas han concluido que, cruzando datos internacionales de gasto público y de desarrollo humano, este es el punto ideal. Vito Tanzi habla del 30% del PIB como nivel de referencia. Cruzando indicadores similares y circunscribiendo el estudio a la OCDE, hay economistas que fijan ese umbral maximizador del bienestar en el 25% del PIB, mientras que algunos cálculos elaborados específicamente para la Unión Europea hablan de un 16% del PIB. Estas estimaciones son una media, y por tanto es difícil determinar si España debería situarse ligeramente por encima o por debajo de estos niveles. No obstante, encontramos que los tres porcentajes mencionados (35%, 25% y 16%) son claramente inferiores al 47% del PIB que consumió el Estado español en 2012.
En diferentes ocasiones, he propuesto medidas de recorte del gasto público que conseguirían ahorrar más de 100.000 millones de los presupuestos. Esto acercaría el gasto total a los niveles que hemos descrito anteriormente. No obstante, hay otra vía que también debe ser incorporada, para así profundizar estos ahorros y aumentarlos. Se trata, eso sí, de una reforma complementaria que, además, debe desarrollarse a medio y largo plazo.
Hablo de la reforma de la productividad del sector público. Vito Tanzi también ha estudiado esta cuestión de forma recurrente. Según sus estudios, la productividad del Estado español es un 20% inferior al nivel óptimo alcanzado por países tan variopintos como Luxemburgo, Estados Unidos o Japón. Asumiendo que se introducen reformas de calado para asegurar esa ganancia de productividad, el gasto podría ser un 20% inferior de lo que es actualmente.
Este tipo de estimaciones no es, en absoluto, baladí. Por ejemplo, el Centre for Economics and Business Research ha estimado que si el sector público británico hubiese mejorado su productividad al ritmo del sector privado durante el periodo 1997-2007, el Estado necesitaría 58.000 millones de libras menos para cumplir las mismas funciones.
EL PRIMER PASO: UN PRESUPUESTO “DE BASE CERO”
Para asegurarnos de que reducimos de forma inmediata el gasto público, podemos plantear un equilibrio fiscal inmediato a base de la adopción de un presupuesto “de base cero”. Como explica Adrián Ravier, “el presupuesto base cero tiene su origen en el mundo de la empresa, específicamente en 1970, cuando Peter Pyhrr, su creador, lo introdujo en la empresa americana Texas Instruments. El caso fue exitoso, y poco a poco se extrapoló a otras empresas, hasta que en 1971, Jimmy Carter contrató a su creador para aplicar la herramienta a la administración estatal. Primero como gobernador del Estado de Georgia, luego como Presidente de los Estados Unidos, Carter utilizó esta herramienta para enfrentar el proceso inflacionario de los años 1970″.
Tal y como señala Ravier, “la práctica se extendió exitosamente al Reino Unido, Singapur, Nueva Zelanda y algunos otros estados de Norteamérica. La mayor ventaja de este sistema, es que ignora la práctica habitual de considerar el gasto del año anterior y sumar algo más de dinero a cada partida. En este caso, se ignora la historia presupuestaria del gobierno municipal, provincial o nacional, y se reconsidera, o reevalúa, la necesidad de cada partida, tanto histórica como nueva. En otras palabras, se busca que se vuelva a justificar cada una de las partidas del nuevo presupuesto”.
Hacer esto implicaría ajustarse inmediatamente al 35% del PIB que recaudó España en 2012 y acabar con el déficit de un plumazo. A partir de ahí, combinando la reforma de la productividad antes propuesta con los recortes de gasto antes mencionados, el gasto podría seguir cayendo de forma intensa. Son algunos primeros pasos que nos ayudarían a domar al Leviatán, y es que no es de recibo que sigamos manteniendo una estructura de gasto heredad de la “burbuja” que, además, cuesta la friolera de medio año de salario al trabajador español medio.