Desde hace muchos años, un gran número de políticos europeos ha defendido de forma insistente la necesidad de “coordinar” las políticas fiscales de los países de la Unión, todo en aras de una mayor “armonización” tributaria. Este discurso ha cobrado más fuerza desde el comienzo de la Gran Recesión. El año pasado, sin ir más lejos, el presidente francés Nicolas Sarkozy defendió que Irlanda debería subir su Impuesto de Sociedades, y meses después, el gobierno alemán afirmó que “las políticas de convergencia tributaria deben ser estudiadas”.

Como esta visión está cada vez más presente en el discurso oficial de la Unión Europea, es importante subrayar los graves riesgos que acarrean estas propuestas para el bolsillo de los contribuyentes. Al fin y al cabo, anular la soberanía tributaria de los países miembros en aras de una mayor “integración” puede ser la excusa perfecta para que millones de europeos acaben pagando cada vez más impuestos.

Quienes promueven esta estrategia saben perfectamente que el “campo de batalla” no se limita al viejo continente, por lo que este esfuerzo intervencionista tiene una clara naturaleza internacional. Aquí entran en juego autoridades de países como EEUU, donde el IRS y el Departamento de Justicia llevan años promoviendo una agenda de auténtico imperialismo fiscal destinada a decirle a países soberanos qué tipo de políticas fiscales deberían aplicar.

También las organizaciones internacionales juegan un papel muy importante en este tema. De hecho, la OCDE, que originalmente era un ente consultivo, está asumiendo tantos poderes en esta materia que se está convirtiendo en una suerte de “policía mundial de los impuestos”.

Queda claro, por lo tanto, que hablamos de un esfuerzo político de dimensión global orientado a eliminar las diferencias tributarias entre países. Suprimiendo la competencia fiscal, los promotores de estas políticas quieren estar seguros de que ningún contribuyente pueda proteger sus ahorros, su patrimonio y sus inversiones en las jurisdicciones que conocemos popularmente como “paraísos fiscales”. Dichas demarcaciones se han convertido en la gran alternativa al paradigma que promueven los paladines de la “integración fiscal”, por lo que su defensa es la postura más sensata para quienes preferimos limitar el poder de influencia de los gobernantes sobre nuestro dinero.

Evidentemente, este esfuerzo no se limita a la política. Muchos medios de comunicación no dudan en hacer suya esta causa. Un ejemplo lo tenemos en una noticia que ha publicado recientemente El País acerca de las “polémicas finanzas de Mitt Romney”.  El diario de PRISA explicaba que el político y empresario estadounidense tiene millones de su fortuna personal en varios fondos de inversión de las Islas Caimán. Por supuesto, se trata de una estrategia financiera absolutamente legal, pero tanto el titular como el enfoque de la noticia de El País parecen invitar al lector a tomar una actitud de rechazo, sospecha y desconfianza ante lo publicado.

Con este tipo de tratamiento informativo, no es de extrañar que el debate sobre esta cuestión esté ampliamente contaminado por la corrección política y el nacionalismo económico.  ¿Consecuencia? Se extiende la convicción de que es “ilegal”, “inmoral” y hasta “antipatriótico” invertir o destinar nuestro dinero a entidades de otros países.

En este clima de populismo tributario, nacionalismo económico y dogmatismo intervencionista, muchos desconocen que incluso el término empleado para describir a estas jurisdicciones es una mala traducción del término original. Así, traducimos “tax haven” como “paraíso fiscal”, cuando en realidad significa “refugio fiscal”. Como el propio término indica, la principal misión de estas demarcaciones es ofrecer una alternativa a contribuyentes que necesitan una alternativa a la fiscalidad confiscatoria.

Ante situaciones así, no es de extrañar que el debate sobre esta cuestión sea casi nulo. Como ha explicado el británico Mark Field, diputado ‘tory’ por el distrito londinense de Westminster, la discusión habitual sobre el tema se caracteriza por una carencia total de pluralismo y una “falta absoluta de entendimiento sobre el rol que juegan los “refugios fiscales” en el mercado financiero global”.

En palabras de Field, estas jurisdicciones “no  solamente atraen a los inversores por su régimen fiscal, sino que también ofrecen una combinación de estabilidad política, seguridad legal, calidad de servicio…”. El politico británico lo tiene claro: “la armonización y la cooperación que pide la UE es simplemente un nuevo lenguaje de Bruselas diseñado para exportar modelos de alta presión tributaria a aquellas jurisdicciones donde los impuestos son más bajos”.

El enfoque planteado por Mark Field evidencia que la defensa de la competencia fiscal internacional es una forma más de promover la separación de poderes, un principio clave del liberalismo político y económico que debemos observar de una forma integral. No cabe limitar la división del poder a la mera separación de responsabilidades, pues dicho enfoque solamente especifica las diferentes atribuciones que tienen Gobierno, Parlamento y Tribunales. Por lo tanto, además del innegable componente horizontal del concepto de la división de poderes, es más importante aún conocer su profundidad vertical, pues este enfoque nos explicará la autoridad que tendrán los tres poderes del Estado sobre los gobernados.

Precisamente en solidaridad con éstos últimos entra en juego la defensa de aquellos individuos que elijan confiar su dinero a entidades financieras situadas en otros países. Mientras exista esta alternativa, la presión fiscal será siempre menor, ya que la posibilidad de protegerse ante esa ofensiva es suficiente para que los gobernantes no se atrevan a subir la presión fiscal por encima de ciertos niveles.

Otro aspecto que también se ignora a menudo es el impacto positivo que tienen los “refugios fiscales” en nuestras economías. Nadie parece tener interés en admitir que gran parte de la inversión que llega a EEUU o Europa se articula a través de entidades localizadas en este tipo de jurisdicciones. De hecho, hasta los datos oficiales del Departamento del Tesoro de EEUU prueban que los “tax havens” de la región Caribe superan ampliamente a cualquier otra región del mundo a la hora de canalizar inversiones de capital hacia el país del Tío Sam.

A la luz de estos datos, es evidente que quienes promueven el fin de la competencia fiscal internacional demuestran una mayúscula miopía política. Eliminando estos flujos de inversión, la economía nacional experimentaría un deterioro tan grave que la recaudación tributaria acabaría derrumbándose, lo que supondría un ataque directo e involuntario contra las intenciones de estos dirigentes, siempre amigos de manejar grandes presupuestos a costa de los sufridos contribuyentes.

Si este artículo ha sido de su interés, no se pierda la segunda parte, que aborda la dimensión legal, moral y socioeconómica del asunto. La conversación sigue en Twitter: #LET (Liberales en Twitter), #NoMasImpuestos.