La gráfica anterior muestra las conclusiones de un estudio de John Dawson y John Seater, dos economistas estadounidenses que han ponderado la relación entre crecimiento y regulación, midiendo la primera variable en términos de PIB real y la segunda en el número de páginas que ocupan las normativas federales.
Ambos han concluido que la economía de EEUU es hoy un 72% más pobre de lo que sería si el volumen regulatorio fuese aproximadamente el mismo de 1949. Esto no significa que no se aprueben nuevas regulaciones, sino que se simplifiquen antiguas y nuevas disposiciones y se eliminen normas para que, en conjunto, la economía siga estando poco intervenida.
Durante el periodo estudiado, el número de páginas que recogen las regulaciones federales creció de 19.335 (1949) a 134.261 (2005). Ampliando el estudio hasta 2013, es más que probable que las conclusiones sean aún más devastadoras. En cualquier caso, la conclusión es que el PIB se ha deprimido un 2% anual desde 1949 por culpa de la excesiva carga regulatoria. Es lo que llamamos “hiperinflación legislativa”, y su impacto directo en cada hogar es que el ingreso medio es de $53.000 en vez de $330.000 dólares. En total, cada hogar ha perdido $277.100 dólares al año, mientras que cada trabajador ha dejado de ganar hasta $129.300 dólares anuales.
Desde 2010, la digitalización de las comunicaciones regulatorias de los gobiernos autonómicos complica sobremanera la auditoría de lo que algunos llamamos “diarrea legislativa” y otros conocen como “hiperinflación regulatoria”. No obstante, el think tank Civismo ha tomado datos de 2009 para poner encima de la mesa esta cuestión. Dicho año, el Boletín Oficial de Cataluña recogió 98.000 nuevas páginas, situándose a la cabeza de un ranking que coloca a Galicia, La Rioja, Cantabria y Navarra en el extremo opuesto.
Civismo también hace referencia a un estudio del Instituto de Empresa que trata el impacto económico de la “diarrea legislativa”:
Análisis de 2010 sobre esta cuestión también merecen ser rescatados a tenor del panorama actual:
Imagínese una carretera de 210 kilómetros de papel. Ésta es la longitud (virtual) que alcanza cada año la regulación administrativa a nivel regional, unos 700.000 folios de Diarios Oficiales Autonómicos. Su volumen no ha dejado de crecer desde 1978 y casi multiplica por 14 el número de páginas que produce anualmente la normativa estatal. Y sus efectos se dejan notar, y mucho, sobre la economía nacional, ya que esta exagerada reglamentación resta productividad y capacidad de innovación al sector privado (empresas y trabajadores).
Así lo demuestra un reciente estudio del Instituto de Empresa (IE) elaborado por los profesores Francisco Marcos y Juan Santaló, bajo el título “Regulación, Innovación y Productividad”. El informe demuestra que el aumento en la cantidad de regulación autonómica desde 1988 a 2006 ha provocado un “impacto negativo muy significativo en productividad e innovación”.
“Nuestras estimaciones revelan que un aumento del 100% en el número de normas y disposiciones autonómicas se asocia con una reducción de la tasa de crecimiento anual de la productividad total de los factores del 3,5% y con una reducción del 80% anual de las solicitudes de patente; de más del 100% de las solicitudes de modelos de utilidad y de entre el 62% y el 112% de las solicitudes de diseños industriales”, alertan los autores.
“Comprobamos también que con el aumento en la intensidad regulatoria autonómica cae el número de solicitudes de marcas y de nombres comerciales”. Según Marcos y Santaló, “una posible explicación sería que la excesiva carga regulatoria afecta a las barreras de entrada en los diferentes sectores y que la menor competencia estaría relacionada con una menor productividad o con menores incentivos a innovar”.
El documento señala que, salvo alguna excepción, no existe una “relación significativa entre regulación autonómica y el número de nuevos establecimientos empresariales por comunidad autónoma”. Sin embargo, sí existe una “relación negativa entre intensidad regulatoria y el porcentaje de establecimientos empresariales con más de 200 empleados. Dado que la literatura económica ha demostrado que estos establecimientos son, precisamente, los que más contribuyen a la innovación, el efecto negativo se explicaría por una intensidad regulatoria que afecta proporcionalmente más a aquellas empresas que más innovan”, añade.
Todo ello pone de manifiesto el grave problema de falta de unidad de mercado que padece la economía española, tal y como pone de manifiesto la dispar regulación que soportan algunos sectores. En este sentido, el Consejo General de Colegios de Economistas lleva tiempo alertando acerca de la “creciente hipertrofia legislativa” y “exagerada reglamentación” que sufre España, sobre todo, a nivel autonómico. No obstante, en España se rellenan más de 700.000 páginas cada año sólo con el contenido de boletines oficiales de las distintas Administraciones. Alemania, con casi el doble de población, apenas necesita 5.000 folios. Más de 100 veces menos.
Por último, no está de más señalar que los datos más recientes elevan a un millón de paginas al año el volumen de producción legislativa de nuestras Administraciones:
Las cifras son estremecedoras. En España hay en vigor unas 100.000 leyes y normas de todo tipo, de las cuales prácticamente 67.000 son de carácter autonómico. ¿Cuánto supone eso en número de páginas? Pues nada menos que alrededor de un millón. Y lo que es todavía más relevante: la hemorragia legislativa, lejos de disminuir, crece y crece. Hasta el extremo de que este año tanto el Boletín Oficial del Estado como los distintos diarios oficiales de las comunidades autónomas imprimirán más de 1,2 millones de páginas. Es decir, que cada año las ‘novedades’ oficiales equivalen a casi 600 veces Guerra y Paz, el libro de Tolstoi en una versión convencional y completa.
“Pongamos el caso de un empresario del sector del juego que se dedica a fabricar máquinas tragaperras y venderlas a casinos y establecimientos de toda España. El sentido común y la economía de escala lleva a la empresa a elaborar un mismo modelo para todo el territorio nacional. Pero no puede. ¿Por qué? Porque cada comunidad autónoma ha establecido por ley que la palanca que acciona el juego de dicha máquina tenga unos determinados centímetros de longitud. Así, el empresario debe emplear más recursos para adaptarse a 17 legislaciones y hacer 17 tragaperras diferentes”
Así relata el periódico Expansión el viacrucis al que se enfrentan numerosos empresarios a la hora de hacer negocios en España. El problema no es menor, tal y como explicó en mayo de 2012 un informe de la CEOE en el que se indicaba que “esta dispersión desincentiva e inhibe la iniciativa empresarial”. ¿El coste de la madeja legislativa? La friolera de 45.000 millones de euros.
La siguiente recopilación, también publicada por el diario Expansión, recopila algunos ejemplos de este grave freno al sector privado:
El problema es que esta marañan legislativa no podrá simplificarse ni eliminarse fácilmente. El Secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, ya ha reconocido la “complejidad” de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado que se ha anunciado para 2013. Al fin y al cabo, el gobierno central topará aquí con las competencias de las CCAAs y los municipios. La estrategia que seguirá el Ejecutivo beberá del Derecho comparado, con la aspiración de crear una “ley de mínimos”. Cabe señalar que el artículo 139.2 de la Constitución Española alberga la justificación para esta intervención del poder central:
“Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstraculice la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español”
Otra vía de actuación es el Fondo de Liquidez Autonómica: el Ministerio de Hacienda ha vinculado el “rescate” de las regiones a la adopción de medidas favorables a la unidad de mercado. De esta forma, parte de los escollos quedarían resueltos mediante la condicionalidad exigida para acceder al FLA.
En una situación ideal, la competencia entre autonomías y municipios debería habernos llevado a la situación contraria. Sin embargo, la falta de responsabilidad fiscal en nuestras regiones y ayuntamientos permite que se adopten medidas anti-económicas con el respaldo de los fondos que llegan de otras comunidades o consistorios. Si todas las Administraciones se viesen obligadas a gestionar el grueso principal de sus ingresos y gastos, el Estado central dejaría de financiar comportamientos poco competitivos, por lo que la diarrea legislativa y otros problemas que enfrenta nuestra economía quedarían resueltos en gran medida.
Si quieren leer el último informe que ha publicado la Fundación FAES sobre este tema, hagan click aquí.
