A los que cuestionan la legitimidad del monopolio judicial y policial del Estado se les suele replicar que, de otro modo, acabaríamos todos tomándonos la justicia por nuestra mano y la sociedad sucumbiría al desorden y la violencia. Aun siendo muy discutible esta tesis, -existen y han existido modelos de sociedades sin Estado en las que no reina precisamente el desorden y la violencia, sino todo lo contrario- aceptémosla tan sólo a efectos argumentativos.
Corresponde pues al Estado velar por la seguridad personal y por la propiedad de todos los ciudadanos, sin discriminaciones de ninguna clase. Y esto, no por razones humanitarias o por presiones de interesados y demagógicos lloriqueos sentimentaloides. La razón es que el Estado exige, bajo severas penas, enajenar el inalienable derecho a la autodefensa. No se trata de un 'contrato social', sino de una exigencia coactiva -yo no he firmado contrato alguno de protección con el Estado. Por lo tanto, si el Estado se quiere diferenciar de una vulgar tiranía, debe emplear ese poder que asume por la fuerza para defender a aquellos a quienes exige cesen en su derecho porque -según el Estado- podrían abusar de él. En el momento en que el Estado deja de defender a los ciudadanos, o lo hace selectivamente, empieza a no distinguirse de una tiranía o de un régimen oligárquico, donde el único argumento para ejercer el poder es el número de pistolas o de fanáticos descerebrados con los que se cuenta.
Supongan ustedes que a un ciudadano de a pie se le ocurriera protestar por la subida de los carburantes impidiendo la entrada a una estación de servicio del camión cisterna y no quisiera cesar en su actitud hasta que le cobraran el litro de gasolina a 50 ptas. Estoy seguro de que antes de media hora estaría dando cuenta de su actitud en una dependencia policial, y probablemente tendría que responder por los daños y perjuicios que hubiera causado. Si este ciudadano se hubiera integrado en uno de los grupos que tácitamente tienen reconocida una patente de corso para ejercer la barbarie cuando no se les discrimina favorablemente (agricultores, transportistas, pescadores, mineros, sindicatos, etc.), es probable que las autoridades tomaran muy en serio sus reivindicaciones, tratándole con exquisita delicadeza, ya que defiende los intereses de un 'colectivo', y todos sabemos que los 'colectivos' están muy por encima de los individuos, tal y como nos enseñaron los países del socialismo real.
En resumidas cuentas, a los delitos cometidos por 'colectivos' hay que denominarlos 'actos de protesta' y 'expresión de las reivindicaciones', mientras que a los delitos cometidos por individuos aislados hay que aplicarles todo el peso de la Ley. O visto desde otro ángulo: aquí el único delito es no organizarse para presionar al monopolista de la porra.
El Estado, si quiere seguir llamándose de Derecho, debería cortar de raíz los desórdenes que están protagonizando agricultores, pescadores y transportistas. Y no por otra razón sino porque corre peligro su legitimidad para ejercer el monopolio de la violencia, ya que otros la ejercen impunemente para lesionar derechos fundamentales. Nadie tiene derecho -ni siquiera el Estado- a impedir que ciudadanos en la plenitud de sus facultades intercambien bienes y servicios. Porque si se admite que alguien lo tiene ¿con qué legitimidad se podrá seguir exigiendo a los ciudadanos que transfieran al Estado el derecho a repeler las agresiones?
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