En el tiempo en el que se discutía sobre la conveniencia de introducir una unión monetaria para Europa, una frase repetida con frecuencia -dicen que pronunciada por primera vez por Otto Lambsdorf- era que la moneda única podía ser “mala economía, pero buena política”. Argentina ingresó, hace ahora diez años, en la moneda única norteamericana, el dólar, en un alarde de mala economía y peor política.
Para empezar, los condicionantes políticos eran -y son- tan fuertes que el ingreso fue parcial, pues se creó un “currency board”, una caja de cambio, para garantizar el tipo de cambio -fijado irrevocablemente- de un peso por un dólar, al tiempo que se garantizaba lo que, teóricamente, se pretendía evitar, la existencia del peso argentino, lo que incentivó, desde el primer momento, la aparición de un diferencial de tipos de interés entre el peso y el dólar. La economía argentina se embarcaba en el intento -imposible- de crecer con el tipo de cambio del dólar y con tipos de interés domésticos que dependen de la marcha de la política y la economía argentinas. En los momentos de tranquilidad, de crecimiento, esos tipos de interés, aunque más elevados que los del dólar, eran soportables, pero, en épocas turbulentas -por razones internas o externas- los tipos de interés subían, como ahora, hasta el 17% para el Estado y en torno al 20% para las empresas y los particulares.
Es evidente que en una economía globalizada es muy difícil mantener monedas nacionales, sobre todo en el caso de economías pequeñas, cercanas a las metrópolis, con un mal historial de inflación y de respeto a la propiedad privada; pero lo imposible de creer es que se pueda funcionar con el dólar como moneda, tipos de interés del 20%, inflación cero, un paro del 17%, una deuda exterior de 125.000 millones de dólares, un déficit por cuenta corriente del 2% y un déficit fiscal cercano al 3% del PIB.
El insensato Cavallo -un ejemplo más de la influencia nefasta de los economistas financieros, siempre alejados de la realidad porque, para ellos, la única realidad es la financiera- estableció la “convertibilidad”, como se llama a la paridad fija en Argentina, para atajar la hiperinflación; su racionalización posterior fue que ningún país en vías de desarrollo puede permitirse tener una política monetaria propia, pues su inmadurez política se traduce en que los gobernantes hacen emisiones masivas de dinero, con lo que su valor se reducía drásticamente, desincentivando el ahorro y la inversión y que, por tanto, esa era una prerrogativa -la creación de dinero- a la que había que renunciar, pues esos procesos terminaban frecuentemente en hiperinflaciones que destruían instituciones, la propiedad privada y pública y las transacciones económicas.
El insensato Cavallo mantuvo, en cambio, el peso, en lugar de eliminarlo y adoptar directamente la moneda norteamericana como unidad monetaria con exclusión de cualquier otra, por considerar que el Estado argentino no podía renunciar a los ingresos fiscales que significaba el “segnoriage”, es decir, los ingresos fiscales que se generaban como diferencia entre el coste material de emitir moneda y billetes y su valor nominal. Aunque la razón profunda era, quizá, que desconocía cómo funciona un estado de derecho y una economía de mercado y que carecía, en cualquier caso, de fuerza política para renunciar a la moneda nacional.
Aparentemente no pensó en que los tipos de interés internos, en dólares o pesos, pudieran subir hasta el 20%; riesgo que se habría eliminado, en parte, con la desaparición de la moneda nacional. Sólo en parte, porque Cavallo, como monetarista que era, en esos momentos -no sé en la actualidad-, nunca consideró otros aspectos implícitos en su planteamiento, reduccionista y monetarista, de que los Estados en vías de desarrollo no podían tener política monetaria.
Porque, si la irresponsabilidad política permite manipular la moneda, también permite manipular el gasto público, los impuestos, las privatizaciones; permite establecer relaciones de clientela al margen de la competencia, permite -incluso con equilibrio fiscal- ir acumulando deuda pública interna y externa. Pero, en la concepción monetarista de un ex-gobernador de un banco emisor, lo único que afecta a la economía es la política monetaria.
Si Cavallo hubiera pensado un poco más, habría llegado a la conclusión de que era necesario -en su planteamiento- renunciar a utilizar muchos de los otros poderes que tienen los Estados, porque las decisiones políticas de cualquier gobierno -pero más de los que no tienen tradiciones democráticas- son imprevisibles y podían afectar a los equilibrios económicos, internos y externos. Pero, incluso renunciando al ejercicio de casi todo el poder, siempre existirá riesgo e incertidumbre en la acción política, pues esa es la condición humana. La conclusión lógica de su planteamiento es que los Estados en vías de desarrollo no pueden -¿no deben?- existir y que deben integrarse, como provincias o colonias, en las naciones líderes, como Estados Unidos, Japón o Europa.
El “plan Bonex”, la implantación de la convertibilidad irrevocable, fue una locura de la que Argentina no será capaz de recuperarse. La parte academicista y profesoral del plan es idéntica a la de la política económica a la que Solchaga nos sometió a los españoles desde el 87 hasta el 92. La tesis de Solchaga, como la de Cavallo, era que él cumplía con su responsabilidad fijando irrevocablemente el tipo de cambio y que las instituciones políticas, económicas y sociales, los empresarios, el gobierno y los sindicatos, tenían que adaptarse a esa realidad, modificando su comportamiento y que, si no lo hacían y la economía se estrellaba, no era su responsabilidad, pues él ya había advertido de las condiciones necesarias para que funcionara.
El plan Solchaga estuvo a punto de destruir la economía española, pero, afortunadamente, el tipo de cambio de la peseta no se mantuvo, sino que fue devaluado cuatro veces por el mercado -“los especuladores”, según Felipe González- permitiendo, posteriormente, un reajuste del gasto y de los comportamientos sociales, políticos y económicos.
El problema de los que no han asimilado las lecciones históricas es creer que las instituciones se acomodan a lo que dictan los boletines oficiales del Estado, en lugar de ser relaciones complejas de imprevisible -pero lenta, en cualquier caso- evolución.
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