Miles de delegados de UGT y CC OO se manifiestan este miércoles en apoyo del diálogo social

Los funcionarios amenazan con provocar colapsos en la enseñanza y en la sanidad como consecuencia de su paro general convocado para este jueves. A esta huelga general de la Administración Pública se unen unas 40 movilizaciones que recorrerán distintos puntos de España, este miércoles, convocadas por UGT y CCOO en apoyo del diálogo social.

Miles de delegados de CC OO y UGT se echarán a la calle para reivindicar un empleo estable, seguro y con derechos. Pretenden conseguir una reducción de la temporalidad, impedir el abaratamiento del despido, garantías de futuro para las pensiones, una ampliación de la prestación por desempleo y el fin de los accidentes de Trabajo.

La imagen de las manifestaciones y concentraciones se repetirá en casi 40 puntos de la geografía española. La manifestación de Madrid, que partirá de la Plaza de la Villa y concluirá en el Ministerio de Economía y Hacienda, situado en la calle Alcalá, contará con la participación de los secretarios generales de UGT y CC OO, Cándido Méndez y José María Fidalgo - que también estarán presentes en las concentraciones de Bilbao-. Para el secretario de Empleo, Juan Chozas, no tiene ningún sentido convocar estas movilizaciones cuando los procesos de diálogo social entre agentes sociales y Gobierno están abiertos. Por su parte el ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio indicó que aunque las manifestaciones de los sindicatos «son legítimas», confían que éstas no interfieran en las conversaciones con la CEOE.

Huelga de funcionarios

El jueves tendrá lugar una huelga general en la Función Pública. Según Julio Lacuerda, secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, el paro tendrá un seguimiento masivo en el sector de la enseñanza, que alcanzará en algunas zonas como Madrid el 85 por ciento. Lacuerda incluso recomendó a los padres que mañana no lleven a sus hijos al colegio, y a los ciudadanos se abstengan de acudir a consultas médicas rutinarias.

Con su acción, los funcionarios reivindican un incremento salarial en 2001 superior al 2 por ciento, establecido por el Gobierno, así como cláusulas de revisión salarial que garanticen su poder adquisitivos.