Un informe jurídico encargado por Endesa pone en duda la legalidad de las condiciones del Gobierno

Endesa solicitó el viernes al despacho mercantilista Uría y Menéndez un informe sobre el contenido y alcance de las condiciones que estableció a la fusión el Consejo de Ministros y cuyas conclusiones han servido a las dos eléctricas para justificar las razones de su ruptura. Aunque la finalidad del informe no era ésta, los abogados no han podido obviar hacer consideraciones en este sentido y se plantean continuamente dudas sobre la legalidad de algunas de las normas que estableció el Consejo de Ministros a la fusión entre las dos eléctricas e incluso la inconstitucionalidad.

El trabajo desarrolla una amplia consideración sobre la modificación de las condiciones de competencia en los mercados eléctricos. Según Uría y Menéndez, la ausencia de una definición precisa en este sentido "introduce un elemento de notable inseguridad jurídica", a la que se añade que con esta medida se colocaría a Endesa-Iberdrola “en una situación próxima a una eventual intervención administrativa en aspectos esenciales de su actividad principal”. Para el bufete de abogados, esta condición no tiene precedentes en la práctica española o comunitaria de control de concentraciones.

Además se pregunta si existe discriminación respecto al tratamiento que se les da a los CTC de Endesa e Iberdrola respecto a la adquisición del control de sociedades que a su vez son propietarias de activos y que no llevarían aparejada una minoración patrimonial similar. También sobre este asunto, el despacho de abogados señala dudas sobre la constitucionalidad de la medida.

Sin embargo, donde el informe de Uría y Menéndez se muestra "más duro" es en las atribuciones que el Gobierno ha dado al Servicio de Defensa de la Competencia en este proceso. Afirman que “debe tenerse en cuenta que de la existencia de acuerdos del Consejo de Ministros que anteriormente han otorgado al SDC tan amplias facultades no implica necesariamente la legalidad de tal práctica y, en definitiva, su adecuación al ordenamiento jurídico”.