El acuerdo entre el gobierno y Comisiones Obreras sobre la seguridad social confirma que en esta legislatura no se producirá ningún cambio sustancial en la legislación laboral. UGT se ha quedado sin argumentos para negarse a ratificarlo. La CEOE que, en definitiva, representa a los empresarios, y no a los jubilados, ni tiene porque velar por el equilibrio financiero del sistema, debería abstenerse, a menos que juzgue que el gobierno debería haber aprovechado la negociación para rebajar las cotizaciones sociales, un cambio al que también se oponían los sindicatos.
El texto final es un fiel reflejo de la negociación que ha tenido lugar, no un texto para la reforma del sistema. El gobierno consigue, como primer objetivo, la desaparición de la amenaza de huelga general y la confirmación de la paz social, a la que atribuye un extraordinario valor en términos electorales próximos y en términos económicos, en cuanto que se elimina cualquier alusión al futuro de las pensiones que podría hacer vacilar la confianza de los consumidores.
También ha logrado el gobierno que Comisiones acepte que la separación definitiva de las fuentes de financiación de la seguridad social se produzca en un período de 12 años; una victoria importante porque anualmente la seguridad social paga complementos de mínimos por más de 700.000 millones de pesetas. Un triunfo absurdo, por otra parte, porque no tiene ninguna lógica que las cotizaciones sociales paguen esos complementos de carácter político, que deberían financiarse con los ingresos impositivos.
Por otra parte, el gobierno cumple con su programa electoral en lo referente a la subida de pensiones mínimas de viudedad y la extensión de la cobertura de las de orfandad, así como con su anuncio de aumentar el fondo extraordinario para el pago de pensiones hasta la cuantía de un billón de pesetas, una cuantía irrelevante, por otra parte, dados los pagos totales por pensiones.
El gobierno cede al aceptar la prejubilación de los mayores de 61 años que hayan cotizado un mínimo de 30 años (no 25 como pedían los sindicatos) y se compromete a que el coeficiente reductor anual por cada año anterior a la jubilación a los 65 fluctuará entre el 6% y el 8%, en lugar del 8% actual. Recuérdese que hasta ahora sólo podían prejubilarse los que hubieran empezado a trabajar antes de 1967 y hubieran cumplido 60 años, excepto casos especiales como la reestructuración de la minería y otros sectores que entraron en crisis en los años ochenta.
El gobierno cede también en su propósito de ligar la pensión a las cotizaciones sociales efectivamente pagadas a lo largo de toda la vida laboral y acepta mantener los 15 últimos años, tal y como se firmó en el Pacto de Toledo, momento en el que se amplió ese plazo, pues antes era de sólo ocho años.
El gobierno renuncia en esta legislatura a plantearse seriamente el futuro de las pensiones públicas. Los informes de la OCDE y de la Unión Europea avisando del riesgo a largo plazo de nuestro sistema público de pensiones no se han tenido en cuenta. El gobierno parece haber llegado a la conclusión de que el increíble aumento de cotizantes a la seguridad social, que ya ha superado los 16.5 millones, frente apenas 12 millones en 1994, le da un amplio margen financiero en el medio plazo y le permite trasladar a gobiernos futuros la responsabilidad general de afrontar este auténtico problema.
En definitiva, casi todo se postpone. Queda aplazado el tema de la cuantía de las cotizaciones sociales –que encarecen los costes salariales–, enormemente altas en España; el de la forma de calcular las pensiones, el de la libertad de cotizar y jubilarse y el del equilibrio financiero después del año 2015 ó 2020. Un plazo que explica la decisión política, pero que no la justifica.
Es de esperar que el gobierno aborde este año, unilateralmente –pues no parece posible el acuerdo– la modificación de los planes de pensiones de empresa, la tercera pata del sistema de financiación de la jubilación, junto con los planes de pensiones individuales voluntarios y las pensiones públicas. El silencio sobre este tema permite pensar que no ha sido posible avanzar nada con los sindicatos y que tendrá que plantearse como una alternativa voluntaria de las empresas con algún tipo de incentivo fiscal.
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