En un rasgo de sensatez, Rodrigo Rato ha reconocido que la inflación será difícil de controlar si los tipos de interés del euro vuelven a bajar. Al tiempo, ha declarado que la política fiscal tiene un dudoso efecto sobre la misma. Una doble manifestación que significa una retractación sobre la condena a Irlanda por su política económica, a la cual, incomprensiblemente, se sumó España.
El propósito de la enmienda de nuestro vicepresidente no es completo, sin embargo, porque también ha dicho que las rebajas fiscales a las empresas tendrán que esperar. Y, aunque se ha apoyado en los supuestos excesos de beneficios de determinados sectores, la razón de fondo es más –en mi opinión– la factura que tendrán que soportar las cuentas públicas por el acuerdo de pensiones, que añadirá entre 200.000 y 300.000 millones anuales de coste adicional, una vez que entren en vigor todas sus cláusulas. Y por parte del gobierno se ha perdido la fe en el efecto dinámico de las reformas estructurales, capaces de producir una mayor recaudación a pesar del descenso de los impuestos. Ahora prima lo contable y lo estático.
Afortunadamente, el efecto arrastre del crecimiento del pasado año se ha dejado sentir en el primer trimestre de este año, habiendo alcanzado el PIB un aumento del 3,5% sobre el mismo trimestre del año anterior. La tendencia es claramente descendente, pero un crecimiento tan elevado facilita que en el conjunto del año se crezca algo más del 3%, en torno a la última previsión del gobierno, y por encima del 2,9% que han calculado tanto la OCDE como el FMI.
Las perspectivas para 2002 son, en este momento, significativamente peores. A menos que se produzca una súbita recuperación norteamericana –lo que considero muy improbable– nos enfrentaremos a un crecimiento claramente por debajo del 3% por primera vez en seis años; pero, el diagnóstico es prematuro y dependiente de multitud de factores externos.
Mientras el crecimiento en 2001 se puede situar por encima del 3%, la inflación también superará el 3%. Dependiendo de que esté más cerca del 3% que del 4%, el balance global para la economía española será regular o altamente preocupante. El peor escenario sería una inflación estancada en torno al 4%. Es muy poco lo que pueden hacer a estas alturas las autoridades españolas para modificar a la baja los resultados de inflación. La integración en la moneda única sigue su curso con más crecimiento y más inflación que en Europa. El drama sería que se cayera el crecimiento y la inflación –que depende de la política monetaria del BCE– se mantuviera en las tasas actuales. En ese caso, el progresivo acercamiento de nuestros precios a los precios promedio de los países centrales de Europa iría por delante de nuestra aproximación en productividad y renta per cápita.
Por ello, la política económica española, en la medida en que se pueda, tiene que ser muy activa, impulsando el crecimiento mediante políticas de oferta que añadan competitividad y productividad a nuestra economía, reconociendo que es muy poco, por contra, lo que puede hacerse para controlar la inflación.
En ese sentido, la reducción de impuestos directos, IRPF, cotizaciones sociales e Impuesto de Sociedades es o, mejor, sería una política de cambio estructural, que añadiría oferta de trabajo y rebajaría los costes productivos. Las dudas del vicepresidente sobre las rebajas fiscales son el efecto directo del desastroso acuerdo sobre pensiones y reforma de la seguridad social que acaba de firmar el gobierno con Comisiones Obreras y la CEOE, y el indirecto de la falta de fe en las auténticas reformas, ya sea por motivos económicos o por planteamientos electorales.
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