Los datos de inflación del mes de abril son la confirmación de nuestros peores sueños. Una inflación del 4%, mientras disminuye –parece– la masa monetaria en el área euro y se ralentiza la actividad productiva, es el peor de los escenarios para la economía española.
Es posible que el descenso de la actividad termine por propiciar una disminución de la inflación en los próximos trimestres, pero también puede ocurrir el caso contrario: la aceleración de la inflación, propagada a todos los confines de nuestra economía por el nuevo descenso de los tipos de interés del euro, hasta el 4,5%, y por el sistema de convenios colectivos, que siempre utiliza como precio orientativo el de la subida salarial más alta que se haya pactado en un convenio colectivo importante. Y son numerosos los convenios en los que se está pactando inflación más medio punto o más un punto.
Desde que comienza la liberalización e integración de nuestra economía en la del resto del mundo, en 1958, con el plan de estabilización, hasta la fecha, la economía española ha crecido, cuando lo ha hecho, con tasas más altas que las europeas de nuestro entorno y con mucha mayor inflación. Esos ciclos de crecimiento económico se han terminado cuando, como consecuencia de la pérdida de competitividad acumulada que significaban tasas de inflación permanentemente más altas, la economía se desequilibraba, surgía un déficit importante de balanza comercial y por cuenta corriente que hacían inevitable la devaluación, la política monetaria estricta, la recomposición de las cuentas públicas y un período de estancamiento y ajuste.
La unión monetaria para España confirmaba la renuncia a este tipo de ciclos, apoyados en la recomposición de la competitividad vía devaluaciones, y la afirmación –voluntarista– de que no se volvería a producir el fenómeno previo, la inflación diferencial más alta en España que en el resto de Europa.
La segunda premisa no se está cumpliendo; ya son varios años de inflación mayor, con la consiguiente pérdida de competitividad. Ha cambiado –y es un cambio sustancial– la situación de las cuentas públicas, hoy en equilibrio y el significado de los déficits comercial y por cuenta corriente que, aunque se produzcan, no provocan tensiones sobre la moneda, porque la peseta ha desaparecido. Aunque eso significa que la competitividad que se pierde no se va a recuperar vía devaluación. El único camino es aumentar la productividad y la eficiencia, con mayores inversiones, mejores equipos humanos y mayor flexibilidad empresarial.
La inflación más alta que en otros países europeos, con la misma política monetaria, tiene que ver con tres fenómenos:
- El primero, el hecho de que en el momento de la integración nuestro ciclo económico estaba adelantado, por lo cual la política monetaria europea no se ha adaptado a nuestras necesidades, sino a las de Alemania y Francia.
- El segundo, la realidad de que una misma política monetaria produce más crecimiento económico y de los precios y salarios en España que en los países centrales de Europa, porque el funcionamiento de los diferentes mercados de factores de producción, bienes y servicios es peor, es más rígido que en otros países europeos; en particular, es llamativo el mal funcionamiento del mercado de trabajo, pues aunque la tasa nacional de paro sea del 13,5%, de hecho la población en paro está compuesta, mayoritariamente, por mujeres dependientes, con poca o nula movilidad, y en regiones, como la andaluza, sin que exista ningún incentivo para el desplazamiento a otras regiones, ya que las prestaciones sociales aseguran en estas regiones un nivel de renta que no justifica la emigración.
- Y en tercer lugar, la implacable evidencia teórica –y práctica, por lo que se ve– de que en una unión monetaria se produce una tendencia a la igualación de precios con los que los tienen más altos.
Los crecimientos excesivos de precios y salarios son típicos de sociedades atrasadas, poco flexibles, muy influidas por los poderes políticos, donde el gasto público contribuye a la rigidez y los sindicatos tiene vocación política antes que de defensa de los intereses de los trabajadores de una empresa determinada. En este tipo de sociedades, la política de bajos tipos de interés suele desencadenar fenómenos de crecimiento inflacionarios de difícil control. La apuesta de España por la Unión Europea era la afirmación de que nuestra sociedad ya no se encontraba entre las de ese tipo. Era la apuesta por cumplir permanentemente –o mejorar– los criterios de convergencia y por introducir una mayor flexibilidad en la economía, que asegurara la competencia y la mayor participación de la mano de obra en la actividad productiva.
Quizá nos hemos precipitado.
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