Hace unas semanas, los políticos y los medios de comunicación europeos reaccionaban indignados a la decisión del presidente Bush de no ratificar el Acuerdo de Kyoto, despreciando las razones del ejecutivo norteamericano para oponerse a la entrada en vigor de ese Acuerdo. Sin embargo, en Estados Unidos no ha habido ninguna protesta, e incluso hay que recordar que hace poco el Senado votó, 95 a 0, la recomendación de no tomar ninguna decisión que pusiera en peligro el crecimiento, incluido el acuerdo de Kyoto, en la medida que implicara el cierre de alguna planta térmica.
Por otra parte, los acuerdos de Kyoto son de imposible cumplimiento para Estados Unidos, pues les obliga a reducir las emisiones de CO2 en un 12% entre 1990 y 2010. Y lo que nadie esperaba cuando se firmó el acuerdo era que la economía norteamericana creciera, en conjunto, un 50% entre 1990 y 2000, haciendo inviable cualquier objetivo alcanzado sobre la base de crecimientos nulos o escasos –que es lo que se creía que iba a pasar– de los países desarrollados en la pasada década.
No se puede olvidar que en Estados Unidos existe una crisis energética de gran tamaño, pues el crecimiento de la economía ha sorprendido a los gobiernos y legisladores, además de a la industria, que no ha invertido lo necesario, en parte por dudas respecto a la auténtica situación de escasez, en parte, como en California, por la regulación del mercado, que, de una u otra forma, impedía el funcionamiento del sistema de precios en el mercado, que no ha podido enviar las señales correctas a los empresarios y, en parte, también, por motivos medioambientales.
Como en otros países desarrollados, en Estados Unidos la construcción de nuevas centrales ha estado obstaculizada por razones ecológicas. El grueso de las plantas térmicas funciona con carbón, que es el combustible que más poluciona y más CO2 emite a la atmósfera y ha tenido en su contra a los ecologistas preocupados con el calentamiento del planeta. Por otra parte, hace veinte años que no se construye ninguna nueva planta nuclear, aunque las existentes todavía suministran el 20% de la energía eléctrica producida. Los grupos antinucleares, después del accidente de Three Mile Island, han tenido un apoyo casi universal y ningún político se ha atrevido a dar licencias para construcción de plantas nucleares. El gas natural es mirado en Estados Unidos, como en Europa, como el combustible ideal para servir de materia prima para futuras plantas, pero no existe infraestructura ni planes de suministros fiables a largo plazo suficientes para atender la inmensa demanda norteamericana. En cuanto a los saltos de agua, los problemas ecológicos son todavía más agudos que en los casos del carbón y la energía nuclear.
De hecho, las presiones medioambientales han sido tan fuertes que México se ha convertido en un suministrador de primer orden de los Estados Unidos, que prefiere la contaminación en México aunque tengan que pagar un precio mayor por la energía (un compromiso perfecto según Kyoto, pues México sí tiene permiso para emitir CO2 al estar en vías de desarrollo).
La preocupación del presidente Bush por la producción de energía no es un capricho ni la consecuencia de haber sido un empresario petrolero –y tejano para más inri– sino la consecuencia de una crisis real que puede afectar drásticamente al desarrollo futuro del país.
La solución del problema es, en parte, regulatoria, permitiendo precios libres –por ejemplo en California–, pero, además, requiere decisiones políticas. La importancia que deben tener el carbón, la energía nuclear, el gas natural y el petróleo en la producción de energía depende de decisiones estratégicas. Durante los últimos veinte años, la dependencia de Estados Unidos del petróleo exterior ha aumentado espectacularmente; a una administración en principio aislacionista como ésta, le gustaría que su dependencia se redujera o mantuviera; y ello requiere promover tanto el uso de carbón, inagotable en Estados Unidos, como de energía nuclear.
En los próximos meses veremos, probablemente, la aprobación de nuevas centrales nucleares y un impulso a la utilización del carbón nacional, para lo cual tendrán que fijarse unos criterios de contaminación mínimamente aceptables. Los conflictos serán inevitables con los que están preocupados con el calentamiento global y con los que temen la ineptitud humana en el manejo de una energía tan peligrosa como la nuclear. Personalmente, prefiero correr el riesgo del calentamiento al de más energía nuclear, de la que se deriva, además, inevitablemente, con la mayor producción de plutonio, la materia prima de las armas nucleares, la proliferación de artefactos atómicos.
En definitiva, mientras la vieja Europa se preocupa de Kyoto, del calentamiento y de las pensiones, en Estados Unidos se plantean cómo crecer más y si volver a la energía nuclear o al carbón, evitando depender, aún más, no sólo del petróleo sino del gas natural, que por insondables razones se producen, sobre todo, en dictaduras o países inestables poco amigos de los sistemas democráticos.
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