Libertad Digital.- Las diligencias fueron ordenadas por el titular del Quinto Juzgado del Crimen de Santiago, Juan Carlos Urrutia, tras una investigación de más de dos años realizada por el Consejo de Defensa del Estado (Fiscalía General) y la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones.
Los arrestados son el ciudadano peruano Máximo Zadi Desme Hurtado; los chilenos Jorge Schomburgk, gerente general de la empresa; el ex socio constituyente Félix González, y Jorge Portilla.
Este último está casado con Lupe Zevallos, hermana del empresario peruano Fernando Zevallos, dueño de la firma, quien está acusado de "tráfico y blanqueo de capitales" en su país, aunque reside en Miami. El juez también ordenó el cierre de las 15 oficinas que Aero Continente posee en Chile y la incautación de sus cuentas bancarias, lo que asciende aproximadamente a unos 37 millones de dólares retenidos.
La orden del juez Urrutia implica la incautación en diversos aeropuertos del país de cinco aviones "Boeing 737" y un "Boeing 767", aunque este último pertenece a una firma estadounidense legalmente constituida que lo alquiló a Aero Continente con compromiso de venta, de modo que le será devuelto. También supone el cierre de las quince oficinas repartidas por diez ciudades del país, en las que hasta ahora trabajaban más de 300 personas.
El juzgado designó a un administrador para resolver problemas como el reembolso del dinero a los usuarios que hayan adquirido pasajes de avión y aún no hayan volado. El titular del Quinto Juzgado del Crimen de Santiago determinó además congelar las cuentas que los inculpados mantenían para la empresa en el Banco de A. Edwards, institución financiera que, según "El Mostrador", colaboró ampliamente con la investigación judicial.
Los inculpados arriesgan penas que van desde los cinco hasta los quince años, debido a que todos tienen "irreprochable conducta anterior". "Icaro" es la primera operación en Chile que lleva a cabo el Consejo de Defensa del Estado sólo por lavado de dinero. La orden judicial implica que la Fuerza Aérea de Chile se queda sin la posibilidad de llevar a cabo el reciente acuerdo que había firmado con Aero Continente para el traslado de su personal militar.
Para atraer público a su llegada a Chile, Aero Continente compitió con tarifas muy por debajo de las existentes, situación que originó una verdadera guerra de precios a partir de agosto del año pasado.
Los arrestados son el ciudadano peruano Máximo Zadi Desme Hurtado; los chilenos Jorge Schomburgk, gerente general de la empresa; el ex socio constituyente Félix González, y Jorge Portilla.
Este último está casado con Lupe Zevallos, hermana del empresario peruano Fernando Zevallos, dueño de la firma, quien está acusado de "tráfico y blanqueo de capitales" en su país, aunque reside en Miami. El juez también ordenó el cierre de las 15 oficinas que Aero Continente posee en Chile y la incautación de sus cuentas bancarias, lo que asciende aproximadamente a unos 37 millones de dólares retenidos.
La orden del juez Urrutia implica la incautación en diversos aeropuertos del país de cinco aviones "Boeing 737" y un "Boeing 767", aunque este último pertenece a una firma estadounidense legalmente constituida que lo alquiló a Aero Continente con compromiso de venta, de modo que le será devuelto. También supone el cierre de las quince oficinas repartidas por diez ciudades del país, en las que hasta ahora trabajaban más de 300 personas.
El juzgado designó a un administrador para resolver problemas como el reembolso del dinero a los usuarios que hayan adquirido pasajes de avión y aún no hayan volado. El titular del Quinto Juzgado del Crimen de Santiago determinó además congelar las cuentas que los inculpados mantenían para la empresa en el Banco de A. Edwards, institución financiera que, según "El Mostrador", colaboró ampliamente con la investigación judicial.
Los inculpados arriesgan penas que van desde los cinco hasta los quince años, debido a que todos tienen "irreprochable conducta anterior". "Icaro" es la primera operación en Chile que lleva a cabo el Consejo de Defensa del Estado sólo por lavado de dinero. La orden judicial implica que la Fuerza Aérea de Chile se queda sin la posibilidad de llevar a cabo el reciente acuerdo que había firmado con Aero Continente para el traslado de su personal militar.
Para atraer público a su llegada a Chile, Aero Continente compitió con tarifas muy por debajo de las existentes, situación que originó una verdadera guerra de precios a partir de agosto del año pasado.