Camacho ha desvelado que el "agujero" detectado de 18.000 millones de pesetas se debe a minusvalías por inversiones arriesgadas y mal realizadas. Las pérdidas, según ha dicho ante la juez, eran como una "bola de nieve" que iba incrementándose, y este hecho se ocultaba a los clientes con la esperanza de que las siguientes inversiones fueran más acertadas y compensaran las pérdidas.
Otros departamentos tampoco conocían estas "minusvalías" -término que ha insistido en utilizar en lugar de "pérdidas"- porque eran "departamentos estancos". Además de asegurar que el dinero no está depositado en dos sociedades radicadas en Estados Unidos, como se creía hasta ahora, ha indicado que la información que se facilitó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores no era "falsa", sino "incompleta".
También ha señalado que la Fundación ONCE conocía la situación deficitaria de Gescartera en el momento en el que entró a formar parte de su accionariado, y que fue la presidenta Pilar Giménez-Reyna la que puso en contacto a esta organización con la agencia de valores.
Antonio Camacho ha declarado en la mañana de este jueves ante la juez de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios. La magistrada que instruye el caso Gescartera dictó la prisión provisional sin fianza para Camacho el pasado 14 de julio, justo después de tomarle declaración como imputado, al constatar que no tenía respuestas acerca del paradero del dinero de los clientes que ha desaparecido, y que podría ascender a unos 18.000 millones de pesetas.
Fuentes de su defensa han explicado que Camacho pidió una ampliación de su declaración con objeto de aportar nuevos datos "de todo tipo", que provocarían posiblemente la citación de nuevos testigos. Sin embargo, la juez Palacios ha anunciado que no tomará ninguna otra declaración hasta regresar de sus vacaciones, en el mes de septiembre.
Camacho, que permanece ingresado en la prisión madrileña de Soto del Real, es el único encausado que está en la cárcel, aunque la juez impuso a otros imputados la medida cautelar de personarse todos los días en la Audiencia Nacional, como es el caso del apoderado José María Ruiz de la Serna, que evitó la prisión por su delicado estado de salud.
También debe personarse en la Audiencia Anibal Sardón, el propietario de la empresa AGP, que captó para Gescartera unos 3.000 millones de pesetas de clientes, entre ellos los 1.500 millones de la Mutua del Cuerpo Nacional de Policía y los 800 millones de Construcciones Rico. En su primera declaración como imputado, Camacho aseguró que desconocía el paradero del dinero, ya que la gestión de los fondos de los clientes recaía en el apoderado Jose María Ruiz de la Serna.
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Otros departamentos tampoco conocían estas "minusvalías" -término que ha insistido en utilizar en lugar de "pérdidas"- porque eran "departamentos estancos". Además de asegurar que el dinero no está depositado en dos sociedades radicadas en Estados Unidos, como se creía hasta ahora, ha indicado que la información que se facilitó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores no era "falsa", sino "incompleta".
También ha señalado que la Fundación ONCE conocía la situación deficitaria de Gescartera en el momento en el que entró a formar parte de su accionariado, y que fue la presidenta Pilar Giménez-Reyna la que puso en contacto a esta organización con la agencia de valores.
Antonio Camacho ha declarado en la mañana de este jueves ante la juez de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios. La magistrada que instruye el caso Gescartera dictó la prisión provisional sin fianza para Camacho el pasado 14 de julio, justo después de tomarle declaración como imputado, al constatar que no tenía respuestas acerca del paradero del dinero de los clientes que ha desaparecido, y que podría ascender a unos 18.000 millones de pesetas.
Fuentes de su defensa han explicado que Camacho pidió una ampliación de su declaración con objeto de aportar nuevos datos "de todo tipo", que provocarían posiblemente la citación de nuevos testigos. Sin embargo, la juez Palacios ha anunciado que no tomará ninguna otra declaración hasta regresar de sus vacaciones, en el mes de septiembre.
Camacho, que permanece ingresado en la prisión madrileña de Soto del Real, es el único encausado que está en la cárcel, aunque la juez impuso a otros imputados la medida cautelar de personarse todos los días en la Audiencia Nacional, como es el caso del apoderado José María Ruiz de la Serna, que evitó la prisión por su delicado estado de salud.
También debe personarse en la Audiencia Anibal Sardón, el propietario de la empresa AGP, que captó para Gescartera unos 3.000 millones de pesetas de clientes, entre ellos los 1.500 millones de la Mutua del Cuerpo Nacional de Policía y los 800 millones de Construcciones Rico. En su primera declaración como imputado, Camacho aseguró que desconocía el paradero del dinero, ya que la gestión de los fondos de los clientes recaía en el apoderado Jose María Ruiz de la Serna.
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