L. D.- El juzgado de instrucción número siete de Madrid asegura que “dada la entidad de los hechos denunciados y las repercusiones económicas de los mismos, así como el número de afectados, aún por determinar, procede acordar como medidas cautelares en relación con Ignacio Ozcáriz la fianza de 100 millones de pesetas”. Además, el consejero delegado de Recol tiene la obligación de comparecer ante el número siete de Plaza de Castilla los días 5 y 19 de cada mes.
La denuncia presentada por esta agrupación se refiere a un presunto delito de estafa, apropiación indebida, maquinación para alterar el precio de las cosas y falsedad en documento mercantil. Esta denuncia se dirigie también contra los consejeros Juan Miguel Villar Mir, Carlos de Andrés (que es el actual presidente de Recol) y Miguel Angel Rubio.
Concepción Escudero Rondal, jueza que lleva el caso, ha denegado la adopción de la medida cautelar relativa a la administración judicial de Recol. Según el auto, “una intervención judicial de la sociedad podría resultar contraproducente dado el objeto social de dicha compañía”.
La Agrupación de Afectados por la ampliación de capital de Recol reúne a medio centenar de inversores que acudieron a la Oferta Pública de Suscripción de la plataforma en Internet de los Colegios de Profesionales. El abogado encargado del caso es Eduardo Ezpondaburu (Fernando VI, 9. 1º Izq / 91 700 08 11 / eduardo@penaranda-ezpondaburu.com ).
Según fuentes cercanas al juicio, Ozcáriz firmó los acuerdos de la marca Recol y el contrato con Alkhaid Technologies (15-2-2000) como consejero delegado de Recol con un poder notarial que no existe. Ozcáriz declaró el pasado 3 de septiembre ante la jueza que no se acordaba de este hecho.
El próximo 19 de septiembre se celebra la junta extraordinaria de Recol, estando todavía pendiente la declaración como imputados tanto de Carlos de Andrés, presidente de Recol, como de Juan Miguel Villar Mir, consejero de la compañía y presidente del Colegio de Caminos.
La denuncia presentada por esta agrupación se refiere a un presunto delito de estafa, apropiación indebida, maquinación para alterar el precio de las cosas y falsedad en documento mercantil. Esta denuncia se dirigie también contra los consejeros Juan Miguel Villar Mir, Carlos de Andrés (que es el actual presidente de Recol) y Miguel Angel Rubio.
Concepción Escudero Rondal, jueza que lleva el caso, ha denegado la adopción de la medida cautelar relativa a la administración judicial de Recol. Según el auto, “una intervención judicial de la sociedad podría resultar contraproducente dado el objeto social de dicha compañía”.
La Agrupación de Afectados por la ampliación de capital de Recol reúne a medio centenar de inversores que acudieron a la Oferta Pública de Suscripción de la plataforma en Internet de los Colegios de Profesionales. El abogado encargado del caso es Eduardo Ezpondaburu (Fernando VI, 9. 1º Izq / 91 700 08 11 / eduardo@penaranda-ezpondaburu.com ).
Según fuentes cercanas al juicio, Ozcáriz firmó los acuerdos de la marca Recol y el contrato con Alkhaid Technologies (15-2-2000) como consejero delegado de Recol con un poder notarial que no existe. Ozcáriz declaró el pasado 3 de septiembre ante la jueza que no se acordaba de este hecho.
El próximo 19 de septiembre se celebra la junta extraordinaria de Recol, estando todavía pendiente la declaración como imputados tanto de Carlos de Andrés, presidente de Recol, como de Juan Miguel Villar Mir, consejero de la compañía y presidente del Colegio de Caminos.