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Gorka Echevarría

Greenspan y la bajada de impuestos

Alan Greenspan y el anterior Secretario del Tesoro, Robert Rubin, han recomendado que la reducción de impuestos para incentivar la economía tiene que alcanzar, por lo menos, los 100 billones de dólares. Tanto demócratas como republicanos consideran que el estímulo a la economía vía reducción de impuestos ha de ser temporal. Calculan que en dos o tres años habrá que revocar la medida.

Aunque la justificación más sólida para cualquier bajada de impuestos proviene del terreno moral, no del económico, también es cierto que a partir de cierto tipo marginal la recaudación desciende, tal y como muestra la curva de Laffer. Por lo tanto, el mantenimiento de tipos impositivos cuasi confiscatorios es ineficiente, incluso desde el punto de vista fiscal.

También sabemos que si los individuos tienen más renta disponible, podrán ahorrar más; lo que contribuye al incremento de la inversión y, por consiguiente, a la prosperidad del país.

Sin embargo, todas estas reflexiones no pueden escamotear la verdadera realidad: que los impuestos son coactivos y que atentan contra nuestros derechos individuales, en concreto, contra el derecho a la propiedad. Sin propiedad no hay esfera de decisión posible y, por tanto, se limita nuestra capacidad de dirigir nuestras vidas como nos plazca. Veamos un ejemplo: la generosidad es una virtud, luego para tener la oportunidad de ser plenamente virtuosos es preciso que podamos disponer de la totalidad de nuestra renta y patrimonio. Si el Estado nos priva de la mitad de nuestros bienes, diciéndonos que nos va a sustituir en la práctica de la virtud, nuestra capacidad para hacer el bien queda mermada, a la vez que tendemos a despreocuparnos de ejercer la caridad hacia nuestros semejantes. Con un Estado Providencia se reduce la posibilidad de ejercer nuestra libertad y actuar moralmente.

En definitiva, cuando los impuestos superan el mínimo para cubrir las labores esenciales del Estado (protección policial y contractual), la carga se convierte en confiscatoria y, sin duda, reduce la calidad de vida de los ciudadanos.

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