El periódico Financial Times de este viernes adelanta, en primera página, que el año fiscal público norteamericano 2000-2001, que termina el próximo 30 de septiembre, registrará un superávit de 121.000 millones de dólares, aproximadamente la mitad que el año anterior. Si se tiene en cuenta que el Congreso ha aprobado un gasto extraordinario de 55.000 millones para el próximo ejercicio (40.000 para hacer frente a los daños de los atentados y para financiar la respuesta militar y 15.000 millones para las aerolíneas) y que las rebajas de impuestos se dejarán sentir plenamente el próximo ejercicio fiscal, se puede concluir que se ha terminado la época de superavits.
No sólo eso. El articulista del Financial Times hace referencia a que existen iniciativas gubernamentales para incrementar el gasto público en otros 100.000 millones de dólares, para atender demandas de ayuda pública y mayores gastos en seguridad y de tipo militar. Y, añado yo, si la economía no crece el próximo año, en contra de la opinión de Greenspan, que sigue vaticinando una recuperación sobre la base de que la productividad aumenta en la economía norteamericana al ritmo endógeno del 2,5%, los ingresos fiscales se van a resentir mucho más de lo que lo han hecho el año fiscal que se cierra.
Y aquí es donde surgen las diferencias en Estados Unidos, entre Greenspan y sus seguidores –que apelan a la calma a la hora de aprobar nuevos gastos públicos– y el propio presidente Bush, que considera que en una situación de conflicto el incurrir en un déficit público es una consideración de segundo orden frente a la necesidad de proteger los intereses nacionales y ganar la guerra que acaba de comenzar.
Al margen de la discusión entre keynesianos y no keynesianos, nuevamente la realidad política se impone sobre las teorías y las ideologías. A corto plazo, es inevitable el aumento del gasto público. Aunque habría que diferenciar entre las partidas que se aprueben para hacer frente a la situación de guerra, que no deberían tener limitación, y las dedicadas a ayudar a sectores en crisis, que deberían impedirse. Las leyes mercantiles permiten la suspensión de pagos para estas situaciones, en las que no hay fraude, sino problemas de liquidez o solvencia derivados de un mal manejo de la compañía o de un suceso extraordinario, como es el caso.
Lo que no deja de sorprender es la posición de Greenspan. Proclama la necesidad de ser rigurosos con el gasto público, para evitar que aparezca el déficit, y, al mismo tiempo, abre las compuertas del dinero barato para que nadie le pueda hacer responsable del estancamiento, o la depresión americana. Esto pone, una vez más, de relieve que los logros de la política económica de Estados Unidos se han apoyado en los superavits fiscales antes que en un manejo inteligente de la política monetaria.
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