En 2002 se van a producir revisiones muy profundas de las principales estadísticas españolas: las que utilizamos para medir la población, la población activa, la población ocupada, el paro y la inflación.
En parte, la revisión se hace para fijar criterios homogéneos con el resto de los países europeos, como ocurrirá con la medición del desempleo; en parte, servirá para modernizar nuestro anticuado sistema de medición, pues resulta que según el Instituto Nacional de Estadística hay en España 800.000 trabajadores menos que según la Contabilidad Nacional. También en parte, se recogerá información sobre la realidad del conjunto de inmigrantes asentados en España –aunque para las cifras definitivas habrá que esperar al censo. Finalmente, se intentará adecuar la medida de los precios a una realidad diferente a la que existía la última vez que se retocó el conjunto de bienes que componen el índice de precios al consumo.
Todos estos cambios se reflejarán en las estadísticas del actual mes de enero, que se dan a conocer a mediados del mes siguiente. En esta ocasión quizá se produzca un cierto retraso, hasta finales de mes, dada la magnitud y complicación de los cambios previstos; y otras, como la de desempleo de la Encuesta de Población Activa, que es de carácter trimestral, tendrá que esperar hasta el mes de abril.
Aunque nada se sabe todavía sobre la magnitud y sentido de los cambios, sí parece que, oficialmente, vamos a tener mayor población, mayor población activa –es decir, los que dicen que quieren trabajar– y más trabajadores ocupados. Hay una enorme incertidumbre acerca de cuál va a ser el reflejo de esos cambios en la tasa de paro, en el nivel de renta –y, por tanto, en el grado de convergencia con la renta media europea– y en relación con el índice de precios al consumo.
A propósito del IPC, nuestras autoridades económicas están preocupadas por cinco motivos. El primero es que el nuevo índice recoja más inflación que el anterior, lo que parece inevitable en tanto que los servicios son cada vez más importantes en el total de las rentas y que sus precios suben más que los industriales, pues en muchos casos no hay suficiente competencia. El segundo, que, aprovechando el cambio de moneda, se hayan ajustado al alza muchos precios. El tercero, que este ajuste sea mayor que el que probablemente también se ha producido en los países del euro, pero donde ese aumento de precios será menor que en España, porque tienen una demanda interna más deprimida que nosotros. En cuarto lugar, que el INE no esté utilizando precios “hedónicos”, como sí se hace en los Estados Unidos y, en menor grado, Francia, dentro del continente europeo.
Se llama precios “hedónicos” a los que tienen en cuenta, en cada artículo, las mejoras tecnológicas, la mayor productividad, los cambios cualitativos, como por ejemplo, los que aparecen en cada nueva generación de automóviles que, manteniendo el precio final, ofrecen más seguridad, más confort, más economía en el uso de combustibles. Estos precios, calculados teniendo en cuenta lo que de más ofrece el progreso tecnológico, han sido utilizados muy ampliamente en Estados Unidos, lo que ha permitido reflejar menores crecimientos del IPC de los que de otra forma se habrían producido, facilitando, de esa manera, menores revisiones salariales y menor inflación. Pero se trata de una forma de medir enormemente compleja y cuya importancia relativa es cada vez menor, en la medida en que las economía modernas lo son de servicios.
Por último, lo que preocupa en quinto lugar es la incertidumbre, manifestada por el vicepresidente Rato, de que las subidas de impuestos sobre carburantes y otros servicios se van a dejar sentir en el índice. Yo añadiría otro notivo más, la subida generalizada del transporte público en comunidades como Madrid, inevitables y necesarias, creo, porque hay que pagar las enormes inversiones que se están llevando a cabo en la red de metro y porque los precios se han mantenido subvencionados excesivamente y durante demasiado tiempo.
Hay, por tanto, expectación, que irá despejando, a lo largo del mes de febrero, el Instituto Nacional de Estadística, un organismo de probada independencia y seriedad.
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