Pocos temas se prestan más a la demagogia que la ayuda a los necesitados. Nos podríamos remontar a las “leyes de pobres”, en la Inglaterra de los siglos XVIII y XIX, y nos encontraríamos con argumentos en gran parte parecidos a los que utilizan hoy los que defienden que, sin ayuda exterior, los países subdesarrollados no podrán salir de la miseria y los que mantienen que la transferencia de una limosna, un subsidio o una subvención sólo es eficaz en condiciones muy especiales. Siempre que, naturalmente, se quiera lograr la autonomía definitiva del que recibe la ayuda, no acallar la conciencia del donante o atacar políticamente a los que se atreven a criticar la mayor parte de las ayudas.
El problema más importante de la ayuda exterior es que se da por los gobiernos de los países más ricos y por instituciones internacionales públicas, como el Banco Mundial, y se reciben, mayoritariamente, por instituciones, también públicas, de los países pobres. En el primer caso, priman la intencionalidad política, la incomprensión del fenómeno del atraso y, creo que en mucho menor grado, la corrupción, mientras que en los países receptores los problemas son los de la incapacidad empresarial para manejar las inversiones que se hacen con esa ayuda, la corrupción generalizada, el desvío a otros fines y la sustitución de gastos ordinarios por ayuda exterior destinando, simultáneamente, los fondos ordinarios a la compra de armas y la financiación de guerras, internas y externas.
Los países desarrollados no tienen un problema económico que les impida multiplicar su ayuda al desarrollo. Lo que tienen es el conocimiento y la experiencia de que su dinero se derrocha o no se administra adecuadamente. La Unión Europea ha aprobado en la reciente cumbre de Barcelona aumentar el porcentaje de ayuda del 0,33% del PIB comunitario al 0,39% del PIB. Y lo ha hecho consciente de que ese incremento no se utilizará adecuadamente. Por contra, un país como España, ya desarrollado, puede recibir –y lo hace– transferencias netas anuales del resto de la Unión, superiores al 1% del PIB. Un dinero invertido en proyectos supervisados adecuadamente y útiles al desarrollo del país.
Cuando un país se encuentra en vías de desarrollo, la ayuda que mejor puede asimilar es la que se distribuye por instituciones caritativas privadas y se recibe por personas y sociedades privadas, con proyectos adecuados a su tamaño.
La pobreza del continente africano –el caso más extremo de desesperanza– es consecuencia de una descolonización apresurada, de la influencia del marxismo-leninismo y del socialismo como ideología, de la corrupción y las guerras. En la actualidad, la ayuda del exterior supone el 20%, aproximadamente, del PIB de África y la pobreza no se detiene. Para que lo haga es preciso que disminuya la natalidad, que los sistemas de equilibrio y control interno de las sociedades tribales vuelvan a funcionar, o que lo hagan adoptando un sistema moderno que las aproxime a la separación de poderes y al Estado de derecho.
Desde fuera se puede apoyar a personas e instituciones privadas, y hacer determinadas redes de comunicación. Incluso instalaciones claramente favorecedoras del aumento de la productividad, como la generación y distribución de energía eléctrica o las redes telefónicas, se pueden convertir en un impedimento al crecimiento si son controladas por mafias que cargan precios abusivos y discriminatorios, y que gestionen esas sociedades como generadoras de rentas de situación, sin ningún interés por su extensión y mejora.
La hipocresía de los países desarrollados –de España entre otros– es insistir en la ayuda al desarrollo, en el 0,7%, del PIB como objetivo último, o el porcentaje que sea, y ocultar sistemáticamente que no se permiten importaciones suficientes de productos agrícolas y ganaderos, de textiles y calzado, procedentes de los países más pobres. Es una terrible agresión a los habitantes de estos países cegarles esa vía de crecimiento, la única que tienen muchos de ellos para aliviar su pobreza e ir aprendiendo, lentamente, cómo funciona el mercado, qué exige en cantidad y precio, y dando tiempo a que se formen adecuadamente los trabajadores de esas industrias.
El 50% del presupuesto comunitario se gasta en subsidios agrarios para producir, en muchos casos, bienes innecesarios, por un conjunto de empresarios y trabajadores que apenas suponen el 5% de toda la población ocupada en Europa. La magnitud de la subvención, en relación a la población trabajadora, es similar en Estados Unidos. Ahora nos rasgamos las vestiduras porque Estados Unidos ponga un arancel del 30% a las importaciones de acero, pero tanto este país como la Unión Europea, y mucho más Japón, tienen cerrados a la importación los mercados de productos agrarios.
De eso debería discutirse en Monterrey.
En Libre Mercado
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