L D (EFE) Un portavoz del banco explicó que el SCH tiene un plazo de tres días para recurrir esta decisión ante la Corte Suprema, el órgano judicial superior de la justicia argentina. La Cámara del Crimen de Buenos Aires confirmó que la presidenta del Banco Río, Ana Botín, -hija del presidente del SCH, Emilio Botín,- deberá declarar por las denuncias de los ahorradores afectados por el "corralito" financiero. Con esta decisión, el Tribunal rechazó el recurso presentado por los abogados del Banco Río para que se excusara a la banquera de ser interrogada por el juez Mariano Bergés, que investiga el caso.
Ana Botín, miembro de la comisión directiva del BSCH y presidenta del Banesto español, había sido citada por el juez para que declarase el miércoles, pero no se presentó a causa de la apelación. El juez Bergés investiga la presunta estafa a ahorradores cuyos depósitos quedaron retenidos en los bancos desde el 3 de diciembre pasado, cuando las autoridades argentinas pusieron en marcha el "corralito" financiero. El juez Bergés ya ha interrogado a directivos del Banco Río y de otras entidades bancarias involucradas en estas investigaciones y todos ellos adujeron que se han limitado a cumplir las disposiciones de las autoridades argentinas.
Las investigaciones se iniciaron a finales de febrero pasado, a raíz de la denuncia de una persona a la que un banco le negó la devolución de un depósito a plazo vencido por 15.000 dólares. A partir de esa denuncia, el juez hizo un llamamiento a todos los ahorradores que estuvieran en una situación similar y en pocos días recibió 350 denuncias de otras tantas personas. Quienes se presentaron ante el juez exigen una sanción penal por considerar que los banqueros son responsables de defraudación, aunque los bancos se amparan en los decretos gubernamentales que dieron lugar a las restricciones financieras. Mientras, otros jueces investigan si se sacaron millonarios fondos del país en violación del "corralito", que puso en vigor el Gobierno de Fernando de la Rúa antes de dimitir, el 20 de diciembre pasado, en medio de un estallido social.
Ana Botín, miembro de la comisión directiva del BSCH y presidenta del Banesto español, había sido citada por el juez para que declarase el miércoles, pero no se presentó a causa de la apelación. El juez Bergés investiga la presunta estafa a ahorradores cuyos depósitos quedaron retenidos en los bancos desde el 3 de diciembre pasado, cuando las autoridades argentinas pusieron en marcha el "corralito" financiero. El juez Bergés ya ha interrogado a directivos del Banco Río y de otras entidades bancarias involucradas en estas investigaciones y todos ellos adujeron que se han limitado a cumplir las disposiciones de las autoridades argentinas.
Las investigaciones se iniciaron a finales de febrero pasado, a raíz de la denuncia de una persona a la que un banco le negó la devolución de un depósito a plazo vencido por 15.000 dólares. A partir de esa denuncia, el juez hizo un llamamiento a todos los ahorradores que estuvieran en una situación similar y en pocos días recibió 350 denuncias de otras tantas personas. Quienes se presentaron ante el juez exigen una sanción penal por considerar que los banqueros son responsables de defraudación, aunque los bancos se amparan en los decretos gubernamentales que dieron lugar a las restricciones financieras. Mientras, otros jueces investigan si se sacaron millonarios fondos del país en violación del "corralito", que puso en vigor el Gobierno de Fernando de la Rúa antes de dimitir, el 20 de diciembre pasado, en medio de un estallido social.