El Banco de España se encuentra en una situación insólita: tener que aclarar cuál es el origen de los fondos que el BBVA ha aflorado en sus cuentas correspondientes a 2000. Probablemente es la primera vez que nuestro supervisor bancario se encuentra con que sobra dinero en lugar de faltar. De hecho, en las dos crisis bancarias de los últimos veinticinco años, la terrible crisis del 77 al 85, que se llevó por delante el 25% de los depósitos del sistema, y la segunda crisis de 1989 a 1993, en la que cayeron Banesto y la mayoría de los nuevos bancos autorizados a finales de los ochenta, el Banco de España se especializó en intervenir instituciones bancarias quebradas, administrar los activos que quedaban a través del Fondo de Garantía de Depósitos y tratar de imputar responsabilidades penales, lo que sólo se produjo en el caso de Mario Conde, de Ruiz Mateos y de dos o tres personas más, que yo recuerde.
El Banco de España tenía que haber intervenido a finales de los ochenta, cuando se produce la autocartera del Vizcaya. Pero, en esa ocasión, las autoridades del Banco de España fueron cómplices de la evasión de fondos, en lugar de asegurar que se respetaban los límites legales de autocartera. La principal función del Banco de España, en cuanto supervisor –no en cuanto autoridad monetaria, porque en este aspecto es una mera delegación del Banco Central Europeo–, es asegurar la solvencia de las instituciones financieras que operan en España, que su balance refleje adecuada, verazmente, su situación patrimonial, y que no se produzcan situaciones de escasez de tesorería por una política de créditos e inversiones excesiva para lo que puede soportar cada entidad.
Lo que sin duda nadie había previsto –como me puso de manifiesto hace poco una persona del máximo prestigio en el sector financiero– es que un día aparecieran por la sede del Banco de España los copresidentes del BBVA para decir que estaban regularizando una situación –por exceso– de total quebrantamiento de las normas de funcionamiento de la banca. Resulta a todas luces incomprensible que el BBV, que Emilio Ybarra como su máximo dirigente, no regularizara la situación antes de la fusión con Argentaria. Si lo hubiera hecho así, Francisco González no se habría tenido que enterar de nada y no se habría visto, en consecuencia, en la necesidad de hacer una denuncia formal. Y métodos para aflorar ingresos extraordinarios sobran; lo difícil es ocultar pérdidas. La única explicación plausible es la de que cuando se opera con dinero negro se consigue una cómoda flexibilidad –ilegal pero flexibilidad– para pagar todo tipo de gastos, ya sean retribuciones extraordinarias a personas determinadas, sobornos a dirigentes en países corruptos –en los que es casi imposible operar de otro modo–, o gastos más terribles, como sería pagar a ETA. Incluso puede utilizarse, como hizo el propio BBV, para compensar las pérdidas de una mala gestión de la tesorería en los años 93-95. Sin duda creyeron a Solchaga, su hombre de confianza, cuando decía que nunca devaluaría la peseta.
Aceptado lo insólito de la situación para el Banco de España, parece claro, por los datos conocidos, que se inició con rapidez la apertura de la investigación correspondiente, pero que, quizás, no fue todo lo deprisa que podía haber ido, y aquí es probable que jugara, como freno ante la inspección del Banco de España, el jefe de auditoría interna del BBV, en ese momento José Pérez, un histórico del Banco de España, donde llegó a ser jefe de la inspección. Prejubilado él y, sobre todo, Luis Bastida, se continuó la inspección con mucha mayor celeridad.
El Banco de España es quizá la única institución que podría aclarar tanto el origen de todas las cuentas secretas del BV, del BB y del BBV, como su posterior evolución, en particular los pagos que se han realizado desde ellas. Pero no será fácil, porque al no ser dinero procedente del narcotráfico, como parece ocurre –al menos parcialmente– en el caso de Privanza, no será fácil recabar la colaboración de las autoridades de Jersey y de otros paraísos fiscales.
Con lo que hubiera logrado, el Banco de España podía haber propuesto inhabilitaciones personales y multas de hasta el 1% del balance del BBVA, pero no podría haber ido más allá en la determinación de responsabilidades. El siguiente paso le habría correspondido a la CNMV, en la medida en que ha habido manipulación en el precio de las acciones, –un delito que quizás haya prescrito–, tráfico de información privilegiada y falseamiento de balances. Simultáneamente al Banco de España, debería haber comenzado a actuar la Agencia Tributaria. Es de esperar que se aclare cómo es posible que, aparentemente, el ministerio de Hacienda se haya enterado por los periódicos de la regularización de tan importante cantidad de dinero. Aunque aquí la negligencia habría recaído en quién conoció y no informó inmediatamente a la Hacienda pública, si es que estaba obligado; y, finalmente, debería haber entrado la Justicia, una vez hubiera avanzado mucho más la delimitación de responsabilidades por parte del Banco de España, la CNMV y la Agencia Tributaria.
Al margen de examinar este tema en otra ocasión, no cabe duda de que la complejidad del tema y la falta de preparación financiera, contable y económica del juez Garzón contribuirán a retrasar todo el proceso y a interpretar erróneamente muchos de los pasos que ha dado la cúpula del BBV. Desgraciadamente, es muy posible que la experiencia de Privanza, un proceso que comenzó hace al menos dos años –y que tiene su origen, parece, las defraudaciones de la EXPO-92–, marque la pauta temporal para el esclarecimiento de las cuentas secretas del BBV.
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