Pocas cosas son más peligrosas que un proceso de descentralización administrativa y política en un país que ha sido históricamente centralista. España puede aguantar sus autonomías porque es uno de los países más prósperos del mundo (el noveno o décimo), pero las luchas políticas que conlleva la descentralización y el aumento del gasto público total que supone es difícilmente asimilable para un país, hoy pobre, como Argentina. Los fracasos de los gobiernos centrales, cuando el desprestigio afecta a toda la clase política, desembocan en descentralización del poder que, si no se controla, puede terminar con todo el edificio, hoy por hoy insustituible, de los gobiernos estatales nacionales.
A la descentralización han acudido países en crisis tan diversos como Indonesia, Argentina y Brasil, adoptando, miméticamente, la experiencia norteamericana, que tiene unas raíces históricas radicalmente diferentes. Bélgica, España y la propia Gran Bretaña también han seguido ese camino, que tiene ventajas indudables -que ayudan a equilibrar sus inconvenientes-, si no hay corrupción, si existen partidos nacionales jerarquizados y si se controla rígidamente el gasto público total. Pero los riesgos que corren los países en los que no se cumplen estrictamente esas condiciones se observan claramente en Argentina.
El FMI puede y debe presionar al Gobierno argentino para que se produzcan cambios legales que limiten el gasto provincial y las transferencias de la administración central. Pero es un propósito menor, porque si no hay un cambio constitucional, que asegure una mínima unidad nacional, no debería conceder ni un sólo dólar más de crédito exterior.
El control del gasto público
Otra de las exigencias del FMI es el control del gasto público, de tal manera que se limite drásticamente -o se elimine- el déficit público. Fijar el límite admisible de déficit público es muy difícil, porque en procesos de caída brusca de la actividad los ingresos fiscales se reducen tanto que es imposible no incurrir en déficits crecientes para poder pagar servicios ineludibles, como el orden público, la justicia y la defensa exterior. Si se pretende que continúen pagándose, también, servicios sociales que hoy se dan como imprescindibles, como la educación y la sanidad, no hay más remedio que ahorrar en pagos a los funcionarios, que tienen que reducir su número y la cuantía de sus salarios; y a los pensionistas, que sufrirán, en cualquier caso, por el proceso inflacionario; además, tendrá que dejar de invertirse en infraestructuras, si es que no se han paralizado ya todas las obras en marcha.
Desde un punto de vista fiscal, hay unos períodos de tiempo cruciales entre el momento en que se desencadena el problema que sea, la adopción de medidas correctoras y la mejoría de la actividad económica, que termina por producir mayores ingresos fiscales. Esos tiempos muertos se traducen en déficit públicos que sólo se pueden cubrir con endeudamiento público o emisión de papel moneda. En el caso de Argentina, ha transcurrido ya un año desde que comenzó la crisis de confianza en el sistema -dos o tres meses después del nombramiento de Cavallo- y lo peor de la situación es que todavía no se ha tomado ninguna medida correctora; más bien lo contrario. Por eso, el tamaño del déficit público argentino es probablemente desmesurado y es inútil en las actuales circunstancias que el FMI fije un objetivo de déficit reducido a corto plazo. La emisión masiva de moneda nacional -para resolver parte de ese déficit y poner fin al corralito- provocará inflación, que es, en definitiva, un impuesto, quizá el único, -por injusto que sea- que el estado argentino puede aplicar para mantener el orden público.
Si se hacen planes a medio plazo, el FMI puede exigir la eliminación del déficit y límites al gasto público total pero, en las actuales circunstancias, hay que ser realistas y aceptar que ningún objetivo a corto plazo tiene unas referencias mínimamente sólidas.
1. La moneda y el tipo de cambio
2. La eliminación del corralito
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