La crisis argentina se desencadenó formalmente cuando el gobierno declaró la suspensión de pagos de la deuda exterior, tras forzar renegociaciones parciales de deuda pública con otros tenedores nacionales, como los bancos instalados en el país. Los 141.000 millones de dólares a que parece asciende la deuda exterior suponen, al tipo de cambio de tres pesos por dólares, cerca del 200% del actual PIB; una losa para cualquier país.
Sorprendentemente, sin embargo, en esos meses no se ha hablado de la renegociación de esa deuda, sino de las condiciones para conseguir nuevos créditos. Un mal planteamiento porque, si se acepta, supone dar por bueno que la suspensión de pagos argentina –la mayor del mundo–, es un acontecimiento pasado y que hay que centrarse en la nueva financiación.
Hasta ahora, el FMI se ha comportado coherentemente, exigiendo al gobierno argentino un plan creíble antes de hablar de nuevos créditos; y es de esperar que también de cómo piensa hacer frente a la deuda acumulada. Sin embargo, la sola presencia del FMI en Argentina constituye –en mi opinión– el dato más negativo para poder resolver los problemas políticos y económicos del país.
La presencia del FMI es la excusa perfecta de los gobernantes argentinos para no tomar decisiones. El gobierno de Duhalde tuvo que renunciar al tipo de cambio fijo con el dólar, pero no ha tomado ninguna otra decisión. No quiere confesar a la población argentina que sus ahorros se han evaporado y que sus depósitos en los bancos valen una mínima parte de su valor nominal, en términos de valor adquisitivo. Por eso no levantan el corralito, porque ese es el momento de la verdad. Y tienen en Buenos Aires el alibi perfecto, la misión del FMI, que teóricamente está obligando al gobierno a adoptar decisiones que suponen beneficiar a los inversores extranjeros y perjudicar a los pobres argentinos. En la medida en que el gobierno argentino sigue sin tomar decisiones, el FMI se convierte en cómplice, porque no dice, oficialmente, que el problema es político antes que económico.
Es posible que el FMI tenga unos objetivos propios al margen de lo que declara. Existe el temor en el FMI de que Argentina deje de pagar los intereses de los créditos concedidos por esta institución con anterioridad; una situación insólita, porque todos los gobiernos que suspenden pagos dejan de pagar a todos los demás, menos al FMI. Por eso no es de extrañar esa filtración según la cual el FMI estaría dispuesto a dar a Argentina un nuevo crédito de 1.000 millones de dólares, para que pague los intereses que vencen en las próximas semanas. Hay otra razón que explicaría la prematura presencia del FMI en Buenos Aires, la presión de las grandes empresas de los principales países que han invertido en Argentina y que creen que un arreglo rápido, aunque insuficiente y negativo para la economía argentina, les daría tiempo para ir reflejando las pérdidas en sus balances y para amortizar, en un plazo mayor, las inversiones que se han realizado en el pasado. Al margen de esta agenda privada, no se entiende por qué el FMI se expone a que le culpen de todo y a suministrar oxígeno a una clase política corrupta.
Si, hoy mismo, el FMI declarara públicamente que abandonaba la negociación con el gobierno argentino, le forzaría a tomar una serie de decisiones que son inevitables. Existe el riesgo, para los ciudadanos argentinos, de que su gobierno opte -en esa situación- por la autarquía, por cerrarse al exterior, proteger lo que les queda de economía y renunciar a cualquier consejo exterior. Incluso esta situación sería mejor que la actual. Se tomarían decisiones, que es la gran asignatura pendiente.
Y no creo que fuera sostenible en el tiempo una política económica autárquica. En cualquier caso es una responsabilidad de los argentinos, no del FMI.
1. La moneda y el tipo de cambio
2. La eliminación del corralito
3. Gobierno central, provincias y gasto público
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