LD (EFE) El Ministerio Fiscal solicitó a la Sala Segunda del Tribunal Supremo que aumente a 22 años la condena de diez años de prisión que la Audiencia Nacional impuso al ex presidente de Banesto Mario Conde por las distintas operaciones fraudulentas cometidas durante su gestión al frente al banco. El fiscal pidió durante su exposición que se condene a Conde por la apropiación indebida de 300 millones de pesetas y por la falsedad documental cometida al no expresar la imagen fiel de Banesto en las cuentas de ambos años. Consideró que por este delito también debe condenarse a los máximos ejecutivos del banco en esos momentos, a los que la Audiencia Nacional absolvió en su sentencia. Se trata de Arturo Romaní, Enrique Lasarte, Juan Belloso, Rafael Pérez Escolar y Ramiro Núñez.
Para el Ministerio Fiscal, es "irracional" la afirmación de la Audiencia de que no ocultaron conscientemente los datos económicos reales del banco y es "absolutamente imposible" que los directivos intermedios del banco "manipularan" las cuentas y balances "sin la anuencia de los máximos ejecutivos". Estos últimos son, a juicio de esta acusación, los únicos que tenían interés de maquillar las cuentas para que se presentaran beneficios a final de año y ocultar todos los riesgos del banco que no se habían provisionado. Por ello, considera que deben ser condenados por falsedad documental, máxime cuando eran gestores de una entidad financiera y tenían "verdadera obligación regulada de tener que exponer la verdad de las cuentas".
El Ministerio Fiscal también solicitó que se condene a Mario Conde por apropiación indebida en la operación "300 millones", pues considera que la Audiencia erró al declarar prescrito este delito. Esta acusación cree que el delito no fue simple, sino continuado, porque se desviaron los fondos en dos entregas de 150 millones de pesetas cada uno, lo que supone que la prescripción tendría lugar a los diez años y no a los cinco como consideró la Audiencia.
Banesto presentó beneficios en 1992 y en el primer semestre de 1993, cuando en realidad tenía un agujero de 605.000 millones de pesetas, según la investigación llevada a cabo tras su intervención el 28 de diciembre de 1993.
Para el Ministerio Fiscal, es "irracional" la afirmación de la Audiencia de que no ocultaron conscientemente los datos económicos reales del banco y es "absolutamente imposible" que los directivos intermedios del banco "manipularan" las cuentas y balances "sin la anuencia de los máximos ejecutivos". Estos últimos son, a juicio de esta acusación, los únicos que tenían interés de maquillar las cuentas para que se presentaran beneficios a final de año y ocultar todos los riesgos del banco que no se habían provisionado. Por ello, considera que deben ser condenados por falsedad documental, máxime cuando eran gestores de una entidad financiera y tenían "verdadera obligación regulada de tener que exponer la verdad de las cuentas".
El Ministerio Fiscal también solicitó que se condene a Mario Conde por apropiación indebida en la operación "300 millones", pues considera que la Audiencia erró al declarar prescrito este delito. Esta acusación cree que el delito no fue simple, sino continuado, porque se desviaron los fondos en dos entregas de 150 millones de pesetas cada uno, lo que supone que la prescripción tendría lugar a los diez años y no a los cinco como consideró la Audiencia.
Banesto presentó beneficios en 1992 y en el primer semestre de 1993, cuando en realidad tenía un agujero de 605.000 millones de pesetas, según la investigación llevada a cabo tras su intervención el 28 de diciembre de 1993.