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Martín Krause

Atrapados sin salida

Estados Unidos y Argentina ofrecen esquemas de seguro de salud especial para los jubilados: “Medicare” en el caso norteamericano y “PAMI” en la Argentina. Ambos son organismos estatales independientes que subcontratan buena parte de sus servicios en el sector privado, pero sus finanzas no son de lo mejor. En 1789, Benjamin Franklin escribió una carta a M. Leroy incluyendo una frase que pasó a la historia: "en este mundo nada es seguro salvo la muerte y los impuestos". Eso está actualmente vigente en la Argentina de manera claramente perversa: los argentinos son sometidos a pesadas cargas impositivas durante toda su vida sólo para ver que sus últimos años se reducen en cantidad y calidad debido a la muy deficiente atención a la salud, en manos del Estado.

Según informó recientemente el diario La Nación, "la situación actual del PAMI es harto conocida por sus beneficiarios. Los servicios están cortados en un 60%; los medicamentos se cubren cada vez en porcentajes menores; la mayoría de las farmacias no atiende a la obra social de los jubilados; se les adeudan ocho meses a los proveedores y la campaña de vacunación antigripal fue este año limitada y discriminatoria, si nos atenemos a los dichos del interventor del PAMI: 'Vamos a tener que priorizar a quién se la aplicamos, no tenemos plata para comprar todas las vacunas', dijo".

Pero la burocracia del PAMI no ha dejado de crecer, contando actualmente con alrededor de 12.000 empleados. La ley que lo creó establecía que los gastos administrativos no podían exceder el 5% de su presupuesto, pero ya en 1994 estaban en 8%, alcanzando 18% en 1999 y 16% en el 2000. Esos gastos subieron pese a que se redujo en 20% el número de miembros del PAMI, al ofrecer en 1995 la opción de trasladarse a una obra social que estuviera dispuesta a recibirlos. El número de afiliados por cada empleado que trabaja en PAMI disminuyó de 355 en 1995 a 283 en el 2000.

La situación económico-financiera del PAMI se ha deteriorado en forma continua, con déficit considerables cada año, recurrentes aportes de la Tesorería y una deuda acumulada que supera los 2.000 millones de pesos. Aun antes de la reducción de los aportes, la deuda del PAMI había crecido entre 1990 y 1995 en 300%, de 271 millones de pesos a 1.143 millones. Su actual interventor ha admitido recientemente que la obra social "tiene un déficit mensual de 43 millones de pesos”.

Para tratar de resolver este entuerto, el Congreso aprobó una ley llamada "normalización de la obra social de los jubilados". Los representantes creen que los problemas se deben a una falta de "democracia" en la organización. Según la nueva ley, el órgano de conducción estará integrado por once miembros con un mandato de cuatro años: siete en representación de los jubilados, dos por los trabajadores activos y otros dos por el estado. La novedad que se introduce aquí es que los representantes de los jubilados serán electos en forma indirecta, pues su designación la realizará el Consejo Federal de Servicios Sociales, el cual a su vez estará integrado por representantes de los jubilados provenientes de distintos distritos, votados en forma directa por los afiliados. Los directores del estado son designados por el Poder Ejecutivo y los de los trabajadores activos por las centrales sindicales. Todo esto mantiene a los jubilados y a los trabajadores aportantes (futuros jubilados) atrapados sin salida por un monopolio estatal. Se les permitirá ahora a los jubilados elegir a los directivos del PAMI, cuando lo importante para ellos sería tener la libertad de elegir quién les brindará el servicio.

Además quedó clara la hipocresía de los legisladores, al anunciarse que los diputados y senadores jubilados y con mandato cumplido "quieren que se los habilite a no hacer aportes al Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) provenientes de sus ingresos" Así, los veteranos representantes del pueblo quieren tener una capacidad de elección que ellos mismos le niegan a sus representados.

Martín Krause es profesor de Economía y corresponsal de la agencia AIPE en Buenos Aires.

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