El "socialismo del siglo XXI" que impulsa el presidente Hugo Chávez en Venezuela se diferencia del sufrido en el siglo XX en solamente una cosa: ahora conocemos el resultado y es un completo fracaso. Más pronto que tarde la gente emigra, entonces cierran las fronteras, construyen muros y –si hay elecciones libres– las pierden, pero son anuladas.
En el caso venezolano, lo peor no es el despilfarro de los recursos petroleros ayudando a Cuba y Nicaragua o llenando valijas que entregan a domicilio en aviones particulares, sino la destrucción del orden jurídico e institucional en el que se apoya toda sociedad libre.
Es cierto que tal ordenamiento no funcionaba correctamente en Venezuela cuando Chávez llegó al poder y que su llegada reflejó, en cierta forma, el descontento general. Pero el camino al socialismo lo empeora todo. Entre otros daños se destaca el asalto contra el derecho de propiedad, elemento fundamental no solamente del capitalismo sino de la vida en sociedad.
Los pobres quieren gozar de propiedad, no abolirla. Y esa propiedad actúa como un freno al poder absoluto del gobernante, quien al ser dueño de todo lo sería también de nuestras vidas.
Atacar la propiedad de las grandes empresas parece fácil, sobre todo si luego las acusan de todos los males que el propio gobierno genera: alta inflación, desabastecimiento, etc. Chávez es un experto en eso y ha avanzado mucho expropiando empresas y tierras. Pero, como se demostró con la caída del muro de Berlín, el resultado es inexorable: la gran ineficiencia estatal termina acabando con todo.
En Venezuela ahora le toca el turno a un aspecto de la propiedad que es vital en el mundo tecnológico moderno: la propiedad intelectual. Chávez anunció que no respetará la patente de tecnología de los envases de Tetra-Pak para así reducir costos y la dependencia en empresas extranjeras. El ministro de Comercio, Eduardo Samán, declaró que el gobierno venezolano anulará las patentes de medicinas contra el cáncer y el SIDA.
Pero el aumento de los precios de alimentos y medicinas en Venezuela es el resultado de la política inflacionista del gobierno. El ataque a los derechos de propiedad puede desviar la atención momentáneamente, pero no se realizarán nuevas inversiones y las que quedan se plantearán irse. Venezuela obtuvo el último lugar de la región en el Índice de Calidad Institucional y con las nuevas medidas competirá por el último puesto a nivel mundial.
Los alimentos serán más caros y los enfermos tendrán un menor acceso a medicinas de calidad. Esto significa peor calidad de vida y más mortalidad. Ese es el triste e inescapable resultado del socialismo del siglo XXI.