(Libertad Digital) Según el informe del Tribunal de Cuentas sobre la fiscalización de cuentas de la Fundación para la Formación Continua (FORCEM), tanto su director gerente de 1995 a 1996, Arturo Rivero , como el entonces asesor jurídico, Ignacio Velilla Fernández , deberían ser investigados por su gestión "extremadamente negligente y lesiva" por la que deben exigirse responsabilidades penales y civiles. Asimismo, el INEM debería exigir la devolución de varios cientos de millones a la FORCEM, según exigía el citado informe, que revisó las cuentas de esta institución semipública durante los ejercicios de 1996 a 1998.
Según el Tribunal de Cuentas, esta fundación, destinada a la formación de parados y profesionales, incumplió la mayoría de las normas previstas para la contratación de servicios con otras empresas, que ni siquiera eran "formalizados por escrito" ni se les daba publicidad para lograr una concurrencia de ofertas, particularmente en aquellos de elevada cuantía. El resultado fue "un incremento no razonable del gasto público" del INEM, cuantificado en varios cientos de millones, y una "utilización de fondos públicos contraria a los principios de economía y eficiencia". Entre 1996 y 1997, el Tribunal de Cuentas sospechaba que "se han podido efectuar contrataciones en nombre de la Fundación por un precio superior al de mercado o con una calidad inadecuada".
La asesoría jurídica irregular y millonaria de ODON 91
El órgano fiscalizador cita como uno de los casos más claros de esta nefasta gestión la contratación entre 1994 y 1998 de los servicios de asesoría jurídica de la FORCEM con la sociedad ODON 91 S.L., sin que exista expediente alguno en el que conste la solicitud de servicios ni el personal que iba a prestar el servicio. Además, esta empresa no tenía capacidad legal para realizar el trabajo requerido. En 1996, el contrato fue modificado a instancias del entonces director gerente de FORCEM, Arturo Rivero , que carecía de poderes legales para ello, y con la peculiar circunstancia de que el apoderado de ODON 91, Manuel Tarrío Berjano , fue nombrado al mismo tiempo secretario del Patronato para asesorar jurídicamente a la FORCEM.
La revisión del contrato no sólo supuso un sobrecoste de casi 95 millones de pesetas del mismo, sino que el Tribunal de Cuentas subraya que, obviamente, la Fundación "pagó dos veces por la prestación del mismo servicio" a una persona a la que entregó además tres millones de pesetas por un trabajo que realizaba su propia empresa. De 1995 a 1996, ODON 91 elaboró cinco dictámenes jurídicos por los que facturó a FORCEM 354.831.334 pesetas, siendo las conclusiones de uno de ellos una "copia literal" de un informe previo, y otros tres adolecen de "vicios que afectan a su validez" e incluso algunos de ellos se presentan meses después de que se interpusieran los recursos para los que habían sido solicitados. El Tribunal de Cuentas considera que este importe debería ser también reintegrado al INEM.
Trabajo asume las recomendaciones del Tribunal
Ante este cúmulo de despropósitos, el Tribunal de Cuentas pedía en sus conclusiones a la FORCEM que aprobara sin dilación un procedimiento de contratación con terceros y recomendaba al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que exija que las contrataciones que realice, con cargo a fondos públicos, se sometan a los principios de publicidad y concurrencia. Instaba también al INEM que exija la devolución de varios cientos de millones de pesetas por el uso fraudulento con el que se han manejado los fondos públicos.
Por su parte, el entonces ministro de Trabajo y Seguridad social, Juan Carlos Aparicio, remitió un escrito al Tribunal de Cuentas, al que tuvo acceso Libertad Digital , donde anunciaba que había solicitado un informe al Servicio Jurídico del Estado sobre las actuaciones que puede llevar a cabo este departamento para la exigencia de responsabilidades personales por la gestión realizada al frente de la Fundación. También se compromete a impulsar los mecanismos específicos que sean necesarios para asegurar el cumplimiento y control en la aplicación de los principios de publicidad y concurrencia en los contratos con terceros, para lograr una mayor eficiencia y economía de la gestión de los fondos públicos.
Según el Tribunal de Cuentas, esta fundación, destinada a la formación de parados y profesionales, incumplió la mayoría de las normas previstas para la contratación de servicios con otras empresas, que ni siquiera eran "formalizados por escrito" ni se les daba publicidad para lograr una concurrencia de ofertas, particularmente en aquellos de elevada cuantía. El resultado fue "un incremento no razonable del gasto público" del INEM, cuantificado en varios cientos de millones, y una "utilización de fondos públicos contraria a los principios de economía y eficiencia". Entre 1996 y 1997, el Tribunal de Cuentas sospechaba que "se han podido efectuar contrataciones en nombre de la Fundación por un precio superior al de mercado o con una calidad inadecuada".
La asesoría jurídica irregular y millonaria de ODON 91
El órgano fiscalizador cita como uno de los casos más claros de esta nefasta gestión la contratación entre 1994 y 1998 de los servicios de asesoría jurídica de la FORCEM con la sociedad ODON 91 S.L., sin que exista expediente alguno en el que conste la solicitud de servicios ni el personal que iba a prestar el servicio. Además, esta empresa no tenía capacidad legal para realizar el trabajo requerido. En 1996, el contrato fue modificado a instancias del entonces director gerente de FORCEM, Arturo Rivero , que carecía de poderes legales para ello, y con la peculiar circunstancia de que el apoderado de ODON 91, Manuel Tarrío Berjano , fue nombrado al mismo tiempo secretario del Patronato para asesorar jurídicamente a la FORCEM.
La revisión del contrato no sólo supuso un sobrecoste de casi 95 millones de pesetas del mismo, sino que el Tribunal de Cuentas subraya que, obviamente, la Fundación "pagó dos veces por la prestación del mismo servicio" a una persona a la que entregó además tres millones de pesetas por un trabajo que realizaba su propia empresa. De 1995 a 1996, ODON 91 elaboró cinco dictámenes jurídicos por los que facturó a FORCEM 354.831.334 pesetas, siendo las conclusiones de uno de ellos una "copia literal" de un informe previo, y otros tres adolecen de "vicios que afectan a su validez" e incluso algunos de ellos se presentan meses después de que se interpusieran los recursos para los que habían sido solicitados. El Tribunal de Cuentas considera que este importe debería ser también reintegrado al INEM.
Trabajo asume las recomendaciones del Tribunal
Ante este cúmulo de despropósitos, el Tribunal de Cuentas pedía en sus conclusiones a la FORCEM que aprobara sin dilación un procedimiento de contratación con terceros y recomendaba al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que exija que las contrataciones que realice, con cargo a fondos públicos, se sometan a los principios de publicidad y concurrencia. Instaba también al INEM que exija la devolución de varios cientos de millones de pesetas por el uso fraudulento con el que se han manejado los fondos públicos.
Por su parte, el entonces ministro de Trabajo y Seguridad social, Juan Carlos Aparicio, remitió un escrito al Tribunal de Cuentas, al que tuvo acceso Libertad Digital , donde anunciaba que había solicitado un informe al Servicio Jurídico del Estado sobre las actuaciones que puede llevar a cabo este departamento para la exigencia de responsabilidades personales por la gestión realizada al frente de la Fundación. También se compromete a impulsar los mecanismos específicos que sean necesarios para asegurar el cumplimiento y control en la aplicación de los principios de publicidad y concurrencia en los contratos con terceros, para lograr una mayor eficiencia y economía de la gestión de los fondos públicos.