Lea1. Un reto para el Gobierno
Las alternativas a la fusión.No cabe duda de que para los consumidores, el fútbol y las ocho grandes productoras de cine, la actual situación de pugna de dos plataformas es la mejor posible. Aunque es una situación insostenible a largo plazo, en la medida en que alguna de las plataformas deje de disponer de fondos o decida poner fin a la sangría.
Aunque lo situación actual sea la más beneficiosa para los consumidores, el gobierno no debería intervenir, porque su función no es beneficiar a los consumidores a corto plazo, sino asegurar la libre competencia y la libre decisión empresarial, con todos los matices a que he hecho referencia anteriormente.
Si una de las dos plataformas cerrara, la situación de la otra mejoraría inmediatamente y obligaría al gobierno a plantearse todos los riesgos a los que se tiene que enfrentar en este momento; la regulación sería incluso más difícil, por la dificultad que supone legislar para una sola empresa, con riesgo de que cualquier decisión pueda ser declarada inconstitucional (precisamente lo que no ocrurrió con Rumasa).
Para Telefónica el cierre sería difícil porque supondría reconocer unas pérdidas en balance de gran magnitud y porque sería imposible que lo hiciese con el habitual expediente de declarar la suspensión de pagos.
Para Sogecable sería más sencillo. Y es más probable que Sogecable terminara por cerrar si continuara unos cuantos años más en la actual situación, absorbiendo recursos de Prisa y afectando a la solvencia de todo su grupo a largo plazo.
El papel del Estado.Partiendo de la negativa a la excepción cultural, pero aceptando la política tradicional en todos los países democráticos de limitar la presencia simultánea de los mismos accionistas en diferentes medio de comunicación –que en Estado Unidos llega al límite de regular ciudad por ciudad lo que es políticamente aceptable– la decisión gubernamental respecto a la fusión planteada debería aprobar las siguiente decisiones:
1.Permitir la fusión
2.Limitar los contratos con el fútbol y las ocho majors cinematográficas a uno o dos años, para proteger la entrada de otros posible competidores, en particular el cable.
3.Subastar un cierto número de canales dentro de la nueva plataforma, para que todos los grupos políticos, sociales e ideológicos, que paguen la proporción de gastos generales de la plataforma única, tenga libre acceso a la difusión de sus ideas.
4.Aplicar la legislación vigente en los otros medios de comunicación, en abierto, mucho más influyentes y determinantes en la opinión pública. Esto incluye la devolución de su status jurídico y de las señales radioeléctricas a la antigua Antena 3, pues por increíble que parezca el gobierno todavía no ha aplicado la sentencia del Tribunal Supremo que prohibió la compra, integración en el grupo Prisa y posterior eliminación de Antena 3 de Radio.
5.Limitar más severamente la presencia de los accionistas en otros medios de comunicación diferentes de la plataforma digital. Concretamente, manteniendo la prohibición de controlar otra cadena de televisión en abierto simultáneamente, y aplicar la ley actual, que prohíbe la emisión en cadena de las emisoras locales de TV, una práctica ilegal que lleva a cabo Localia, con el consentimiento de las autoridades.
Conclusión.La decisión sobre la fusión de las dos plataformas digitales no debería ser complicada. La dificultad se deriva de la constatación de todo tipo de incumplimientos legales por parte de algunos accionistas, consentidos por el gobierno en lo que respecta a la presencia simultánea –que puede llegar a ser exclusiva y monopolista– en otros medios de comunicación mucho más influyentes, política e ideológicamente.
Si el gobierno decide, con las condiciones que sea, dar luz verde a la fusión, sin abordar los otros problemas, estará falseando gravemente las condiciones en que se desarrolla la confrontación política.
Las alternativas a la fusión.No cabe duda de que para los consumidores, el fútbol y las ocho grandes productoras de cine, la actual situación de pugna de dos plataformas es la mejor posible. Aunque es una situación insostenible a largo plazo, en la medida en que alguna de las plataformas deje de disponer de fondos o decida poner fin a la sangría.
Aunque lo situación actual sea la más beneficiosa para los consumidores, el gobierno no debería intervenir, porque su función no es beneficiar a los consumidores a corto plazo, sino asegurar la libre competencia y la libre decisión empresarial, con todos los matices a que he hecho referencia anteriormente.
Si una de las dos plataformas cerrara, la situación de la otra mejoraría inmediatamente y obligaría al gobierno a plantearse todos los riesgos a los que se tiene que enfrentar en este momento; la regulación sería incluso más difícil, por la dificultad que supone legislar para una sola empresa, con riesgo de que cualquier decisión pueda ser declarada inconstitucional (precisamente lo que no ocrurrió con Rumasa).
Para Telefónica el cierre sería difícil porque supondría reconocer unas pérdidas en balance de gran magnitud y porque sería imposible que lo hiciese con el habitual expediente de declarar la suspensión de pagos.
Para Sogecable sería más sencillo. Y es más probable que Sogecable terminara por cerrar si continuara unos cuantos años más en la actual situación, absorbiendo recursos de Prisa y afectando a la solvencia de todo su grupo a largo plazo.
El papel del Estado.Partiendo de la negativa a la excepción cultural, pero aceptando la política tradicional en todos los países democráticos de limitar la presencia simultánea de los mismos accionistas en diferentes medio de comunicación –que en Estado Unidos llega al límite de regular ciudad por ciudad lo que es políticamente aceptable– la decisión gubernamental respecto a la fusión planteada debería aprobar las siguiente decisiones:
1.Permitir la fusión
2.Limitar los contratos con el fútbol y las ocho majors cinematográficas a uno o dos años, para proteger la entrada de otros posible competidores, en particular el cable.
3.Subastar un cierto número de canales dentro de la nueva plataforma, para que todos los grupos políticos, sociales e ideológicos, que paguen la proporción de gastos generales de la plataforma única, tenga libre acceso a la difusión de sus ideas.
4.Aplicar la legislación vigente en los otros medios de comunicación, en abierto, mucho más influyentes y determinantes en la opinión pública. Esto incluye la devolución de su status jurídico y de las señales radioeléctricas a la antigua Antena 3, pues por increíble que parezca el gobierno todavía no ha aplicado la sentencia del Tribunal Supremo que prohibió la compra, integración en el grupo Prisa y posterior eliminación de Antena 3 de Radio.
5.Limitar más severamente la presencia de los accionistas en otros medios de comunicación diferentes de la plataforma digital. Concretamente, manteniendo la prohibición de controlar otra cadena de televisión en abierto simultáneamente, y aplicar la ley actual, que prohíbe la emisión en cadena de las emisoras locales de TV, una práctica ilegal que lleva a cabo Localia, con el consentimiento de las autoridades.
Conclusión.La decisión sobre la fusión de las dos plataformas digitales no debería ser complicada. La dificultad se deriva de la constatación de todo tipo de incumplimientos legales por parte de algunos accionistas, consentidos por el gobierno en lo que respecta a la presencia simultánea –que puede llegar a ser exclusiva y monopolista– en otros medios de comunicación mucho más influyentes, política e ideológicamente.
Si el gobierno decide, con las condiciones que sea, dar luz verde a la fusión, sin abordar los otros problemas, estará falseando gravemente las condiciones en que se desarrolla la confrontación política.