Cuando las mal llamadas políticas sociales avanzan empujadas por su propia “lógica” y llegan al borde del precipicio, es cuando se empieza a tomar conciencia de que un cambio de rumbo resulta inevitable. Así está sucediendo con la educación estatal, ocurrirá por el sistema de público de pensiones y ha sido la razón para cuestionar la Política Agraria Común (PAC). En efecto, extender está sangría económica para subvencionar también a la agricultura de diez nuevos miembros de la UE, algunos con un sector primario casi tercermundista, era llevar las cosas demasiado lejos y podría suponer la quiebra de un sistema ya de por sí aberrante.
Los poderosos lobbies agrarios y sindicales de Europa, capitaneados por Jacques Chirac, no han tenido más remedio que aceptar una relativa congelación del gasto agrícola a partir de 2007. Crecerá no obstante este capítulo durante el periodo 2007-2013 entre 1 y 1,5 por ciento en términos nominales, pasando de unos 45.000 millones de euros a algo más de 50.000 millones, lo que supondrá una moderada reducción de las subvenciones reales, ya que, además, habrá que repartir entre 25 miembros lo que hoy reciben los 15. Recordemos que el plan del comisario Franz Fischler presentado en julio proponía una gradual reducción de ayudas a partir de 2004.
Continúa, por tanto, intacta por el momento la, tal vez, mayor transferencia de rentas que se ha producido en la historia económica. Efectivamente, unos 160 millones de trabajadores de la UE son los principales contribuyentes a las arcas de Bruselas para que alrededor de siete millones de agricultores europeos (900.000 españoles) reciban más de 40.000 millones de euros (unos 6.000 millones los agricultores españoles), lo que obliga a mantener una mayor presión fiscal. Pero esta financiación vía impuestos es muy inferior a las transferencias ocasionadas por el incremento artificial de los precios agrícolas que supone la PAC, cerca de un 20 por ciento más del nivel que habría de existir un mercado agrario abierto a la competencia internacional. Este diferencial de precios supone unos 100.000 millones de euros que los 370 millones de consumidores europeos se ven obligados a pagar.
Este escandaloso expolio vía impuestos y vía precios sólo puede acarrear efectos perversos añadidos, como las subvenciones que paga el Feoga para vender los excedentes que genera este disparatado sistema, prácticas corruptas como cultivos no recogidos, explotaciones intensivas que son fuente de contaminación y de enfermedades animales, y un reparto de las ayudas tan “social” que sólo un 2 por ciento de los beneficiarios –explotaciones viables aunque no tuvieran ayudas– recibe un tercio del importe total de las subvenciones. Sólo en los países comunistas se puede encontrar un despilfarro de recursos similar al que sufre el sector agrícola europeo.
Pero las principales víctimas de este tinglado totalmente intervenido no son los trabajadores, los contribuyentes o los consumidores europeos, sino esos otros agricultores de los países limítrofes que no pueden aprovechar las ventajas comparativas de sus explotaciones porque la PAC supone también un bloqueo al comercio exterior. El drama de los millones de inmigrantes que traspasan unas fronteras cerradas para los productos agrícolas es, en gran parte, consecuencia de esta política.
Solamente la Organización Mundial del Comercio (OMC), asociaciones de consumidores, la industria agroalimentaria europea y terceros países como Nueva Zelanda, que en 1984 acabó con los subsidios para desarrollar una agricultura mucho más racional, han apoyado la reforma de la PAC. En el lado opuesto, la práctica totalidad de los sindicatos europeos, especialmente las dos principales organizaciones agrarias de Francia y Alemania (FNSEA y DBV) y, cómo no, el gobierno español. Ante unas próximas elecciones, no se sabe si esta postura es una consecuencia más del centrismo o de ese complejo ante los sindicatos sobradamente demostrado.
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