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FRAUDE EN LA FORMACIÓN

Palacios cita como imputados a seis responsables de academias que convocaron cursos del FORCEM

La juez de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, ha citado a declarar como imputados, a mediados del próximo mes de noviembre, a seis responsables de algunas academias en las que se convocaron cursos de la Fundación para la Formación Continua en el Empleo (FORCEM) y en los que se han detectado irregularidades.

L D (EFE) La juez Palacios investiga desde el pasado mes de julio una denuncia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional por un presunto fraude en las subvenciones europeas a los cursos del FORCEM , valorado "en no menos de cien millones de euros" de los más de 600 millones concedidos por la Unión Europea (UE) el año pasado. Según informaron fuentes jurídicas, con estas comparecencias la juez tratará de averiguar qué cursos se impartieron en esas academias, radicadas principalmente en Madrid, Barcelona y Valencia, y si hubo algunos convocados que, a pesar de recibir las subvenciones correspondientes, nunca se impartieron.

Además tratará de conocer quiénes fueron los organizadores de los cursos del FORCEM en los que se detecten irregularidades, fundamentalmente organizaciones empresariales y federaciones sindicales. La denuncia de la Fiscalía está precisamente dirigida contra los organizadores de los cursos, organizaciones empresariales y federaciones de los sindicatos de UGT y CCOO, por los delitos de fraude a los intereses de la UE, apropiación indebida y falsedad documental. No obstante, la juez no tiene previsto llamar a declarar a ninguno de sus responsables hasta determinar, según lo que declaren los representantes de las academias, quiénes fueron los organizadores de los cursos en los que se hallen indicios de fraude.

Aunque fue la Fiscalía de la Audiencia Nacional la que presentó la denuncia tras recibir un informe de la brigada policial adscrita a la Seguridad Social en el que se decía que, en un muestreo sobre el 5% de los cursos del INEM subvencionados por la UE en 2001, se habían detectado irregularidades en el 95 por ciento de ellos, el caso podría acabar en manos de la Fiscalía Anticorrupción. La decisión corresponderá en última instancia al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, pero las fuentes consultadas señalaron que Anticorrupción ya lleva casos similares por presunto fraude de subvenciones comunitarias -como el del lino o el de las azucareras- y que cuenta con más medios para afrontar la investigación.

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