L D (EFE) Desde 1992 explotaba el Hipódromo de La Zarzuela de Madrid además de mantener la concesión de la quiniela hípica. Su gestión irregular del recinto hípico llevó a que se decretara su cierre el 15 de diciembre de 1996. Patrimonio Nacional, arrendador de los terrenos de la sociedad privada Hipódromo de Madrid, SA (HMSA), que controlaba Sarasola, presentó en otoño de 1998 dos demandas por el impago de bienes inmuebles y por incumplimiento de contrato que obligaba a esta sociedad a organizar un mínimo de carreras cada año. La sentencia de la primera demanda ordenó el desahucio de MHSA, mientras se sigue a la espera de que se haga pública la sentencia de la segunda demanda.
Su nombre también ha figurado en otros casos. Su primer encuentro con al justicia se produjo el 8 marzo de 1977 con ocasión de la irregular construcción de un edificio de apartamentos en Cádiz. A raíz de este hecho, este día fue condenado a pagar alrededor de 26 millones de pesetas. En 1985, la oposición parlamentaria elevó una pregunta al Gobierno solicitando explicaciones por el excesivo número de escoltas con que contaba el empresario. La respuesta oficial fue que Sarasola era objetivo de ETA. Tiempo después, el 19 de diciembre de 1993, uno de sus escoltas —que se identificó como “miembro del servicio de protección del asesor del Gobierno”— agredió al portero del club hípico de Sevilla cuando éste cortó el paso al empresario a la instalación por carecer de invitación. El caso está a la espera de resolución judicial.
El 3 de noviembre de 1994 declaró ante el juez de delitos monetarios, Miguel Moreiras, como presunto inculpado en una evasión de dinero negro a partir de un director del Banco de Gestión Financiera. Tras tomarle declaración, el magistrado le dejó en libertad sin cargos. Ese mismo mes, el escritor José Luis de Vilallonga comentó que el empresario contribuyó a enriquecer a Felipe González con motivo de la construcción del metro de Medellín. Esta afirmación fue negada por Sarasola y la enmarcó dentro de la campaña de desprestigio existente contra él por su amistad con González. En noviembre de 1999 se vio en el juzgado de lo penal número 8 de Madrid un juicio contra él por los presuntos delitos de estafa y alzamiento de bienes en la Sociedad Española de Banca de Negocios. El caso, por el cual el fiscal le pidió dos años de cárcel, está pendiente de sentencia. También estaba implicado en el caso Torras. El fiscal anticorrupción le consideraba responsable civil de la venta irregular de los terrenos de Plaza de castilla y fijó para él indemnización a Torras de 1,1 millones de dólares. En esta operación se relecionó con "Los Albertos" en la pugna por el control del Banco Central a través de Ibermer. Esta sociedad intervino en la operación de Cartera Central que permitió a Alberto Cortina y Alberto Alcocer intercambiar los terrenos de la plaza de Castilla en Madrid (Torres Kio) por un importante paquete de acciones del Banco Central.
El empresario será incinerado este domingo en el tanatorio-cementerio de La Paz de Alcobendas (Madrid) después de un oficio religioso.
Su nombre también ha figurado en otros casos. Su primer encuentro con al justicia se produjo el 8 marzo de 1977 con ocasión de la irregular construcción de un edificio de apartamentos en Cádiz. A raíz de este hecho, este día fue condenado a pagar alrededor de 26 millones de pesetas. En 1985, la oposición parlamentaria elevó una pregunta al Gobierno solicitando explicaciones por el excesivo número de escoltas con que contaba el empresario. La respuesta oficial fue que Sarasola era objetivo de ETA. Tiempo después, el 19 de diciembre de 1993, uno de sus escoltas —que se identificó como “miembro del servicio de protección del asesor del Gobierno”— agredió al portero del club hípico de Sevilla cuando éste cortó el paso al empresario a la instalación por carecer de invitación. El caso está a la espera de resolución judicial.
El 3 de noviembre de 1994 declaró ante el juez de delitos monetarios, Miguel Moreiras, como presunto inculpado en una evasión de dinero negro a partir de un director del Banco de Gestión Financiera. Tras tomarle declaración, el magistrado le dejó en libertad sin cargos. Ese mismo mes, el escritor José Luis de Vilallonga comentó que el empresario contribuyó a enriquecer a Felipe González con motivo de la construcción del metro de Medellín. Esta afirmación fue negada por Sarasola y la enmarcó dentro de la campaña de desprestigio existente contra él por su amistad con González. En noviembre de 1999 se vio en el juzgado de lo penal número 8 de Madrid un juicio contra él por los presuntos delitos de estafa y alzamiento de bienes en la Sociedad Española de Banca de Negocios. El caso, por el cual el fiscal le pidió dos años de cárcel, está pendiente de sentencia. También estaba implicado en el caso Torras. El fiscal anticorrupción le consideraba responsable civil de la venta irregular de los terrenos de Plaza de castilla y fijó para él indemnización a Torras de 1,1 millones de dólares. En esta operación se relecionó con "Los Albertos" en la pugna por el control del Banco Central a través de Ibermer. Esta sociedad intervino en la operación de Cartera Central que permitió a Alberto Cortina y Alberto Alcocer intercambiar los terrenos de la plaza de Castilla en Madrid (Torres Kio) por un importante paquete de acciones del Banco Central.
El empresario será incinerado este domingo en el tanatorio-cementerio de La Paz de Alcobendas (Madrid) después de un oficio religioso.