L D (Nacho G. Mostazo) El Gobierno ha introducido la reforma del sector audiovisual en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos Generales, y lo ha hecho en el último minuto , impidiendo el debate parlamentario. Al hacerlo por la puerta de atrás, el Ejecutivo ha conseguido ponerse en contra a la oposición –el PSOE ya ha anunciado un recurso contra la Ley de Acompañamiento en el Tribunal Constitucional– y a casi todos los medios de comunicación. Pero para conseguir que las emisoras locales de televisión cumplan la ley, al Gobierno no le hacía falta una nueva norma. Le hubiera bastado con obligar al Grupo Prisa a cumplir la legislación vigente, que impide que las emisoras de televisión local emitan en cadena más de un 25 por ciento de su programación y, además, con restricciones geográficas.
Si lo hubieran hecho así, Jesús Polanco, el patrón de Prisa, hubiera tenido que cerrar Localia TV , que emite más del 60 por ciento de su programación en cadena, como denunció Libertad Digital el pasado mes de mayo. Parece sin embargo que el Gobierno tenga asumido que para Polanco no existen las leyes y, en plena batalla por la sucesión del presidente Aznar en el PP, nadie se atreve a exigirle que las cumpla. Sin ir más lejos, ya han pasado dos meses desde que el Supremo, por segunda vez, exigiera al Grupo Prisa que se deshaga de las 79 emisoras de radio del antenicidio , y el Ejecutivo aún no ha hecho que se cumpla la sentencia. Como consecuencia, cabría pensar que el Gobierno se ha visto obligado a dictar una nueva norma para intentar que Prisa cumpla la ley, pero en realidad no es así.
Con la reforma audiovisual en la mano, si Polanco quiere seguir siendo el propietario del 22 por ciento de Canal Plus , está obligado a vender Localia TV , pero no a cerrarla. Este matiz es muy importante, ya que el Grupo Prisa hará caja al deshacerse de su red de emisoras locales de televisión. La Ley de Televisiones locales impedía que una misma empresa pudiera estar en el capital de dos televisiones locales, mientras que Polanco tiene toda una red. Según ha reconocido el ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, el Gobierno está preparando una nueva Ley del Audiovisual, que se tramitará en el Parlamento el año que viene, donde se permitirá a una misma empresa que participe en varias televisiones locales, lo que prácticamente legalizará la presencia de Prisa en Localia.
En este sentido, La Gaceta de los Negocios publica este miércoles que Prisa ha retomado las negociaciones con el Grupo Moll para darle entrada en el capital de Localia, valorada en más de 50 millones de euros. La empresa que preside Javier Moll –empresario de la comunicación que gestiona catorce periódicos regionales– podría adquirir entre un 10 y un 20 por ciento de Pretesa, la compañía que gestiona Localia, aunque también se insinúa que podría comprar las emisoras situadas en aquellas ciudades donde Moll tiene periódicos.
Argumentos insostenibles de Prisa y Correo
El Grupo Prisa no se ha quejado abiertamente por la nueva legislación, sino que su portavoz se ha limitado a decir que esperarán a verla publicada en el Boletín Oficial del Estado para hacer una valoración en profundidad. No obstante, a través de El País , Prisa sí hace públicas sus quejas. Este miércoles, uno de los editoriales del diario de Jesús Polanco dice que el Gobierno “modifica unilateralmente las reglas a medida que el mercado va configurando un panorama diferente al previsto desde el poder” y afirma que la reforma se ha hecho “contra dos grupos de comunicación (Prisa y Correo) que han invertido en televisiones locales”. Sin embargo, El País no dice que estos dos grupos han invertido en la televisión local a sabiendas de que estaban incumpliendo la Ley al emitir en cadena.
Por su parte, el Grupo Correo-Prensa Española sí ha hecho pública su opinión, expresando su “sorpresa” e “indignación” por la iniciativa del Gobierno, porque es una “muestra clara de la improvisación y el intervencionismo del Gobierno en lo relativo al ámbito de la comunicación”. El diario ABC , que pertenece al Grupo Correo, dice en su editorial de este miércoles que la medida es “arbitraria en el fondo y en la forma”. Además de criticar al Gobierno por recurrir a la Ley de Acompañamiento para modificar el sector audiovisual, ABC subraya que la decisión “lesiona gravemente el desarrollo de nuestra compañía que, en todo momento, ha practicado una política inversora transparente”. No obstante, tampoco el ABC dice que el Grupo Correo estaba invirtiendo en un sector, el de la televisión local, donde la ley dice claramente que no se pueden hacer emisiones en cadena.
Entre líneas, sin embargo, ambas empresas apuntan a que “existe un trasfondo político y no un interés racional por regular el sector”, en palabras del portavoz del Grupo Correo. Según El País , el Gobierno busca facilitar la entrada en las televisiones nacionales de magnates de la comunicación extranjeros, como Silvio Berlusconi, el primer ministro italiano y patrón del grupo MediaSet. Como viene apuntando Libertad Digital en los últimos días, el Gobierno estaría buscando reorganizar el sector audiovisual en función de sus intereses electorales, incluyendo aquí la carrera sucesoria de Aznar, aunque con ello perjudiquen a algunas empresas. Pero Jesús Polanco, pese a todo lo que dice El País , no saldrá perdiendo con esta reorganización, ya que va a quedarse con el “monopolio perfecto” de la televisión de pago por satélite. Ante un negocio tan lucrativo para el patrón del Grupo Prisa, deshacerse de Localia no será más que un pequeño trámite del que, además, también sacará beneficio pese a que la red opera desde la más absoluta ilegalidad.
Si lo hubieran hecho así, Jesús Polanco, el patrón de Prisa, hubiera tenido que cerrar Localia TV , que emite más del 60 por ciento de su programación en cadena, como denunció Libertad Digital el pasado mes de mayo. Parece sin embargo que el Gobierno tenga asumido que para Polanco no existen las leyes y, en plena batalla por la sucesión del presidente Aznar en el PP, nadie se atreve a exigirle que las cumpla. Sin ir más lejos, ya han pasado dos meses desde que el Supremo, por segunda vez, exigiera al Grupo Prisa que se deshaga de las 79 emisoras de radio del antenicidio , y el Ejecutivo aún no ha hecho que se cumpla la sentencia. Como consecuencia, cabría pensar que el Gobierno se ha visto obligado a dictar una nueva norma para intentar que Prisa cumpla la ley, pero en realidad no es así.
Con la reforma audiovisual en la mano, si Polanco quiere seguir siendo el propietario del 22 por ciento de Canal Plus , está obligado a vender Localia TV , pero no a cerrarla. Este matiz es muy importante, ya que el Grupo Prisa hará caja al deshacerse de su red de emisoras locales de televisión. La Ley de Televisiones locales impedía que una misma empresa pudiera estar en el capital de dos televisiones locales, mientras que Polanco tiene toda una red. Según ha reconocido el ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, el Gobierno está preparando una nueva Ley del Audiovisual, que se tramitará en el Parlamento el año que viene, donde se permitirá a una misma empresa que participe en varias televisiones locales, lo que prácticamente legalizará la presencia de Prisa en Localia.
En este sentido, La Gaceta de los Negocios publica este miércoles que Prisa ha retomado las negociaciones con el Grupo Moll para darle entrada en el capital de Localia, valorada en más de 50 millones de euros. La empresa que preside Javier Moll –empresario de la comunicación que gestiona catorce periódicos regionales– podría adquirir entre un 10 y un 20 por ciento de Pretesa, la compañía que gestiona Localia, aunque también se insinúa que podría comprar las emisoras situadas en aquellas ciudades donde Moll tiene periódicos.
Argumentos insostenibles de Prisa y Correo
El Grupo Prisa no se ha quejado abiertamente por la nueva legislación, sino que su portavoz se ha limitado a decir que esperarán a verla publicada en el Boletín Oficial del Estado para hacer una valoración en profundidad. No obstante, a través de El País , Prisa sí hace públicas sus quejas. Este miércoles, uno de los editoriales del diario de Jesús Polanco dice que el Gobierno “modifica unilateralmente las reglas a medida que el mercado va configurando un panorama diferente al previsto desde el poder” y afirma que la reforma se ha hecho “contra dos grupos de comunicación (Prisa y Correo) que han invertido en televisiones locales”. Sin embargo, El País no dice que estos dos grupos han invertido en la televisión local a sabiendas de que estaban incumpliendo la Ley al emitir en cadena.
Por su parte, el Grupo Correo-Prensa Española sí ha hecho pública su opinión, expresando su “sorpresa” e “indignación” por la iniciativa del Gobierno, porque es una “muestra clara de la improvisación y el intervencionismo del Gobierno en lo relativo al ámbito de la comunicación”. El diario ABC , que pertenece al Grupo Correo, dice en su editorial de este miércoles que la medida es “arbitraria en el fondo y en la forma”. Además de criticar al Gobierno por recurrir a la Ley de Acompañamiento para modificar el sector audiovisual, ABC subraya que la decisión “lesiona gravemente el desarrollo de nuestra compañía que, en todo momento, ha practicado una política inversora transparente”. No obstante, tampoco el ABC dice que el Grupo Correo estaba invirtiendo en un sector, el de la televisión local, donde la ley dice claramente que no se pueden hacer emisiones en cadena.
Entre líneas, sin embargo, ambas empresas apuntan a que “existe un trasfondo político y no un interés racional por regular el sector”, en palabras del portavoz del Grupo Correo. Según El País , el Gobierno busca facilitar la entrada en las televisiones nacionales de magnates de la comunicación extranjeros, como Silvio Berlusconi, el primer ministro italiano y patrón del grupo MediaSet. Como viene apuntando Libertad Digital en los últimos días, el Gobierno estaría buscando reorganizar el sector audiovisual en función de sus intereses electorales, incluyendo aquí la carrera sucesoria de Aznar, aunque con ello perjudiquen a algunas empresas. Pero Jesús Polanco, pese a todo lo que dice El País , no saldrá perdiendo con esta reorganización, ya que va a quedarse con el “monopolio perfecto” de la televisión de pago por satélite. Ante un negocio tan lucrativo para el patrón del Grupo Prisa, deshacerse de Localia no será más que un pequeño trámite del que, además, también sacará beneficio pese a que la red opera desde la más absoluta ilegalidad.