El gobierno argentino ha batido en el último año todos los récords en materia de incumplimiento de compromisos. Ahora agrega uno más a la lista: los organismos financieros internacionales. Como, a pesar de la devaluación y la creación de nuevos impuestos, el gobierno no ha mejorado sus cuentas fiscales para lograr un superávit operativo con el que pagar sus deudas, lo cierto es que no tiene con qué pagarlas, a menos que tome las reservas de divisas del Banco Central, supuestamente una entidad autónoma.
El gobierno negocia desde hace meses con el FMI y se resiste a pagar en ausencia de un acuerdo que le permita la postergación de los vencimientos lo suficientemente prolongada como para que la responsabilidad caiga en algún próximo gobierno. Y el país debate acerca de si hay que pagar o no. El gobierno sostiene que si paga utilizando reservas, como se reduce el respaldo de la moneda local, se generará desconfianza y esto puede abortar la calma que parece provenir de haber alcanzado el fondo del pozo. Quienes sostienen que hay que pagar, señalan que el incumplimiento generará la desconfianza que el gobierno teme.
Pero ambas posiciones asumen que existe tal “confianza”, algo que en realidad no existe. La confianza en el gobierno argentino, tanto en el actual como tal vez en el próximo, es nula. Si la actividad económica muestra un muy leve repunte y si la gente no ha continuado sacando dinero de los bancos es porque supone que en el próximo mes, o dos, no va a ocurrir otra catástrofe, ya que el gobierno parece haber agotado temporalmente su capacidad de destrucción. Entonces, ¿si no se paga al Banco Mundial y al FMI, qué confianza se destruye? No la de los argentinos ni tampoco la de los demás países porque ambas desaparecieron hace rato y nadie considera a los políticos argentinos como “confiables”.
La confianza se destruyó cuando el estado argentino dejó de pagar a locales y extranjeros, cuando forzó a los fondos de pensiones a invertir los ahorros futuros en bonos que luego no pagaría, cuando obligó a los bancos a convertir los bonos que tan alegremente compraron en préstamos que luego no pagaría y con ellos se esfumaron los depósitos de los ahorristas, cuando obligó a las empresas privadas endeudadas en el exterior a incumplir sus propias deudas, cuando por decreto convirtió todo de dólares a pesos, favoreciendo a unos y destruyendo el capital de otros, cuando dejó de pagar la deuda de ahorristas italianos, japoneses y españoles.
El más grave “default” del estado argentino es el que hizo al sector privado porque allí fue donde se destruyó la verdadera riqueza. ¿Qué es lo que se destruye si no se paga al Banco Mundial? Pues siendo que la confianza ya no existe, lo único que pierde el país es recibir nuevos préstamos para aplicar a proyectos gubernamentales. Y eso jamás genera riqueza con la que pagar esos mismos préstamos.
La buena noticia que contemplamos los argentinos es que el FMI, el BM y el BID nunca más le presten a nuestros gobiernos. Eso sería motivo de gran alegría porque nos aliviaría problemas y pagos futuros. Lamentablemente, es probable que esto no suceda. Tan pronto el país normalice su situación, los funcionarios de esos organismos buscarán volver a prestarnos; de ello dependen sus cargos.
Lo que necesita la Argentina es financiamiento para el sector productivo, para el sector privado, no para financiar el gasto público.
Algunos advierten que si no se paga a los organismos, el financiamiento al sector privado y las inversiones extranjeras no llegarán. Tal vez, pero si los inversores extranjeros no diferencian entre el potencial del sector privado argentino y la irresponsabilidad gubernamental es que saben poco de nuestro país. Cierto que uno está bajo la bota del otro, pero eso no es justificación para prestarle al primero, pues mientras se le siga prestando mayor será su irresponsabilidad.
Si la Argentina presenta un programa lógico y coherente, cuya columna vertebral sea el más estricto respeto al derecho de propiedad, las inversiones y el financiamiento al sector privado vendrían. El dinero que los argentinos tienen afuera no deja de regresar por falta de acuerdos con el FMI. No regresaba cuando los tuvimos y por ello se salvaron de la depredación de los políticos.
Para lograr confianza hay que respetar los derechos y cumplir con los compromisos. La nueva política del FMI es tratar estos casos como una “quiebra”. Pues bien, en una quiebra existe un orden de prioridad en el pago: primero deben estar los acreedores privados, argentinos y extranjeros, y los organismos públicos internacionales esperar a que se pueda pagarles.
Martín Krause es rector de ESEADE y corresponsal en Buenos Aires de la agencia © AIPE.
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