El acuerdo con los diez países candidatos, que se incorporarán en la primavera de 2004, es mucho más que una operación económica. En conjunto, los ocho países continentales más Malta y Chipre suman 75 millones de personas, lo que no constituye una adición fundamental a la población de la Unión de los quince, que con ellos alcanza los 450 millones de habitantes. Desde un punto de vista económico, y aunque su aportación económica no sea significativa, con ellos el PIB de la Unión Europea sumará 9 billones (españoles) de euros, frente a 10 billones (también españoles) de Estados Unidos.
La Unión ha negociado ayudas por valor de 40.000 millones de euros para el periodo de 2004-2006. En 2006 se renegociarán los fondos europeos para el siguiente sexenio y, en ese momento, países como España, con un nivel de renta per cápita muy superior al de esos países, dejarán de recibir el grueso de ayudas que disfrutan en la actualidad, que pasará a ser distribuido entre los nuevos países miembros. Para tener un término de referencia de lo que representan esos 40.000 millones de euros en tres años, recuérdese que España recibe unas transferencias netas de la Unión Europea, por todos los conceptos, de alrededor de 7.000 millones de euros anuales. Las cuentas resultan todavía menos atractivas para los nuevos países si tenemos en cuenta que los expertos comunitarios creen que la capacidad de aportar proyectos para gastar ese dinero es muy limitada, y que, en el mejor de los casos, sólo se gastarán 24.000 millones de euros, y, a su vez, de estos, cerca de 14.000 millones son aportaciones de los propios países, por lo que el gasto neto real esperable se acercará a los 10.000 millones de euros en tres años. En definitiva, para estos países la incorporación no es ninguna bicoca económica. Las razones que explican su deseo de pertenecer a la Unión son de orden político.
Para la Unión Europea es, también, una operación política. Significa el final de la segunda guerra mundial y de los acuerdos de Yalta, que dejaron en el campo soviético a Polonia, la República Checa, Eslovaquia, Hungría y Eslovenia, y la definitiva desaparición de la Unión Soviética, pues se integrarán Lituania, Estonia y Letonia, países de los que se apoderó el imperio soviético a principios del siglo XX.
Ya sólo quedan fuera de la Unión, al margen de Suiza, los países ex-socialistas más atrasados, como Rumania y Bulgaria, y Ucrania, Bielorrusia y la propia Unión Federal Rusa, al margen de Turquía –un caso aparte– y de otros pequeños países y enclaves. Rusia no ha protestado; sus actuales dirigentes aceptan que la extensión de la Unión Europea hacia el este es una muestra de confianza en la capacidad para el cambio de los antiguos países socialistas, y Rusia es la parte fundamental de ese antiguo bloque. De hecho, la extensión al este acerca a Rusia a los mercados occidentales y le garantiza un flujo, que será creciente, de inversión extranjera.
Para los países que se integran, el cambio será profundísimo. Tendrán que adaptar su legislación y permitir que el mercado determine precios, salarios e inversiones. Y no podrán ayudar con transferencias públicas –tras el periodo de transición–, a sus antiguas industrias nacionales. Descubrirán, además, que la integración en la Unión Europea sólo es positiva si son capaces de desintervenir la economía y de lograr que sus países sean auténticos estados de derecho con una estricta separación de poderes.
La ayuda de la Unión Europea no es significativa y no va a ayudar a hacer la transición política y económica. Los cambios tendrán que ser nacionales y los sacrificios innumerables. Y sólo tras un largo periodo de dificultades se beneficiarán de lo que significa una economía de mercado y un estado de derecho.
Una tarea mucho más complicada que la que tuvo que afrontar España que, de hecho, comienza su convergencia con Europa en 1959 en lo económico y antes incluso en lo político. En los próximos años todos ellos, en mayor o menor medida, sufrirán una auténtica revolución en sus precios interiores, que tendrán que adaptarse a los internacionales, sobre todo en el caso de bienes y servicios comercializables, por lo que sufrirán tensiones sociales, laborales y políticas intensas, que aconsejan tener monedas no ligadas al euro hasta que el proceso de adaptación haya avanzado sustancialmente. Recuérdese que la propia España sufrió cuatro devaluaciones entre 1992 y 1995, reflejo de los excesos económicos cometidos durante los años de gobierno socialista, que imposibilitaban a la economía española la competitividad y el crecimiento, excepto que se aceptara esa enorme pérdida de valor de la moneda, y siempre que los excesos de gasto público, déficit y acumulación de deuda no se volvieran a repetir tras las devaluaciones. Lo que se ha logrado hasta este momento, desde 1995. Los países que ahora se integran necesitan esa válvula de escape, por si sus políticos fracasan y no son capaces de hacer frente a las tensiones sociales sin acudir al gasto público y al endeudamiento. La integración en la Unión monetaria debe esperar bastantes años.
En lo que respecta a la propia Unión, la entrada de diez miembros significa el fin de las actuales instituciones políticas, en particular de la comisión y de los consejos de jefes de estado y de gobierno. Con los actuales mecanismos de toma de decisiones, incluso con las mayorías cualificadas, aprobadas hace un par de años, será imposible gobernar la Unión Europea. En un primer momento, esta dificultad impulsará el carácter de subsidiariedad de las instituciones europeas, ahondando en lo que de verdad constituye la esencia de la Unión: la garantía de una competencia leal entre empresas de todos los países miembros, sin subsidios, ayudas o reservas de mercado. En un segundo momento, Europa tendrá que plantearse si quiere funcionar exclusivamente como una zona de libre comercio, o como una zona aduanera única, en condiciones de libre competencia entre sus empresas o si quiere ser un estado federal. Una alternativa que tendrá que dilucidarse en los próximos diez años.
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