(Libertad Digital) El Gobierno asumió hace tiempo que preparaba una reforma radical de la formación continua. Según desvela este jueves el diario Expansión , esta reforma pasa por una supresión absoluta de la fundación FORCEM, constituida por sindicatos y patronal y dedicada a estos menesteres. En octubre, el Tribunal de Cuentas acusó a algunas organizaciones pertenecientes a esta fundación de cometer graves irregularidades. A raíz de una denuncia del INEM , y de forma paralela, la Audiencia Nacional abrió una investigación en la que se personaron como acusación la CE y el Estado español . Acabando con esta fundación el Gobierno, corta por lo sano, y termina también con la cadena de escándalos .
Una vez desaparezca la FORCEM, el Gobierno se entenderá directamente con las empresas. Las compañías dispondrán de un crédito para formación continua del número de trabajadores que tenga. Así, las empresas recibirán una bonificación por los gastos que tengan por este concepto, y será el INEM el que pague una parte de las cotizaciones que debería abonar el empresario, con una media por trabajador de 57 euros para 2003. En segundo lugar, las empresas deberán plasmar en su contabilidad los costes derivados de las acciones formativas, con la obligación de guardar toda la documentación durante cinco años.
También habrá fondos para los trabajadores ocupados que pretendan ampliar su cualificación fuera de la empresa. Estos se repartirán mediante la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales, formada por el Gobierno y las administraciones regionales, y se repartirán teniendo en cuenta la población ocupada de cada comunidad autónoma. Las administraciones regionales podrán repartir sus fondos entre las organizaciones empresariales, sindicales, universidades, organizaciones sin ánimo de lucro, cooperativas y sociedades anónimas laborales.
Una vez desaparezca la FORCEM, el Gobierno se entenderá directamente con las empresas. Las compañías dispondrán de un crédito para formación continua del número de trabajadores que tenga. Así, las empresas recibirán una bonificación por los gastos que tengan por este concepto, y será el INEM el que pague una parte de las cotizaciones que debería abonar el empresario, con una media por trabajador de 57 euros para 2003. En segundo lugar, las empresas deberán plasmar en su contabilidad los costes derivados de las acciones formativas, con la obligación de guardar toda la documentación durante cinco años.
También habrá fondos para los trabajadores ocupados que pretendan ampliar su cualificación fuera de la empresa. Estos se repartirán mediante la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales, formada por el Gobierno y las administraciones regionales, y se repartirán teniendo en cuenta la población ocupada de cada comunidad autónoma. Las administraciones regionales podrán repartir sus fondos entre las organizaciones empresariales, sindicales, universidades, organizaciones sin ánimo de lucro, cooperativas y sociedades anónimas laborales.