Nadie podía pensar hace unos meses que se iba cerrar el Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva con unas condiciones muy similares a las del año pasado, esto es, un compromiso de moderación salarial que esté en relación con el aumento de la productividad y la recomendación de mantener de forma generalizada las cláusulas de revisión salarial para garantizar o mejorar el poder adquisitivo de los salarios. El acuerdo alcanzado por sindicatos y patronal asume, por tanto, el objetivo de inflación oficial del 2 por ciento, pero deja un margen adicional para incrementar los salarios entre un 0,8 y un 1,1 por ciento según las condiciones de cada sector y empresa, y de acuerdo con el aumento de la productividad esperado. Todo ello hace pensar que, como punto de partida, las subidas pactadas en convenios puedan rondar el 3 por ciento, porcentaje al que habría que añadir el que corresponda a la revisión salarial en el caso de que la inflación supere a la prevista, algo que es de esperar tras la experiencia de este año.
Es indudable que el acuerdo es, en principio, positivo porque asume el compromiso de moderación salarial, pero se deben hacer algunas matizaciones. La primera es que los salarios no se deterioran por la diferencia entre el incremento de los salarios y la tasa de inflación habida a final de año, el 4 por ciento en 2002, sino por la diferencia con respecto a la inflación media anual, que fue del 3,5 por ciento el pasado año. En efecto, el poder adquisitivo se va perdiendo mes a mes según crecen los precios y si, por ejemplo, se aplicó una subida salarial del 3,6 por ciento a principios del pasado año –porcentaje medio según calcula el Gobierno–, los salarios ganaron poder adquisitivo en enero y febrero porque la inflación era entonces el 3,1 por ciento, pero lo perdieron cuando los incrementos de precios ya estaban cercanos al 4 por ciento en la última parte del año.
La segunda matización es sobre la productividad que, como se reconoce en el acuerdo, resulta clave en la negociación colectiva. Ahora bien, las subidas salariales no pueden agotar la mejora de la productividad porque, de ser así, no les quedaría a las empresas margen para la inversión. Si una empresa gana un punto en productividad, una subida salarial real de ocho décimas, es decir, descontando la inflación, dejaría sólo dos para la inversión, lo que a su vez hipotecaría futuras mejoras de la productividad. La clave para adaptar al acuerdo a las condiciones particulares de cada empresa es tener presente los costes laborales unitarios (CLU), que precisamente relacionan los costes del factor trabajo con la unidad producida.
Al margen de estas precisiones, es significativo que, tras un año marcado por el enfrentamiento, se llegue a un acuerdo casi igual al del año pasado, cuando el clima de consenso era dominante, lo que hace pensar en los temas conflictivos que sindicatos y Gobierno han querido dejar aparcados, de forma velada algunos y divulgando otros para hacer de ellos armas propagandistas. Entre estos últimos y en primer lugar, las medidas contenidas en la reforma de la protección por desempleo de mayo que, tras la fracasada huelga general, el Gobierno ha ido sacrificando una tras otra para potenciar su imagen centrista. Los sindicatos presentan esta claudicación como lo que es, una triunfo en toda regla del corporativismo reaccionario y quien mejor lo ha expresado es Manuel Chaves que, inspirándose en el príncipe Don Fabrizio de El Gatopardo, afirma que “han cambiado todo el sistema para que quede el mismo sistema". No exactamente el mismo, porque acoplar el centrismo de unos y el corporativismo de otros tiene su precio y prueba de ello es el galimatías intervencionista que ha sido necesario para sustituir el PER por cuatro sistemas proteccionistas.
Pero lo que realmente entierra el Acuerdo Interconfederal es la pendiente reforma del modelo de negociación colectiva social-franquista que el anterior ministro de Trabajo Juan Carlos Aparicio insinuó en su tiempo. Poco cabe esperar que en este clima de entendimiento con los sindicatos instaurado por Eduardo Zaplana se intente buscar un sistema de negociación más libre, flexible y adaptable a las condiciones de cada empresa, un modelo en el que los aparatos sindicales perderían poder como grupo de presión. Y serviría además para incentivar la productividad vía inversiones en I+D y para luchar contra la inflación, los dos grandes problemas de nuestra economía. En efecto, la teoría Balassa-Samuelson explica cómo los sectores sujetos a fuerte competencia internacional se ven poco incentivados a mejorar su productividad, reduciendo costes laborales unitarios especialmente, porque los procesos de negociación colectiva corporativamente integrados terminan trasladando las tensiones inflacionistas que se originan por subidas salariales en otros sectores, los servicios principalmente, más regulados y menos sometidos a la competencia.
El acuerdo sobre la negociación colectiva supone, en suma, una momentánea moderación salarial a cambio de perpetuar un modelo en el que el centrismo político y la burocracia sindical disfrutan de un mayor campo de actuación.
En Libre Mercado
0
comentarios
Servicios
- Radarbot
- Libro