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UNA VEZ MÁS, VILLAREJO QUEDA EN EVIDENCIA

Rechazada la querella de la asociación AUGE contra César Alierta por uso de información privilegiada

El titular del juzgado de instrucción numero 32 de Madrid ha decidido no admitir a trámite la querella presentada por la Asociación de Consumidores y Usuarios de servicios generales de Banca y Bolsa (AUGE) contra César Alierta, ex presidente de Tabacalera y ahora primer ejecutivo de Telefónica, por uso de información privilegiada.

L D (EFE) Hace dos meses, el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, envió un oficio a la Fiscalía Anticorrupción –comandada por Carlos Jiménez Villarejo– en el que se aseguraba que su filtración a la prensa del proyecto de querella contra Alierta posibilitó "la anticipada confección de una querella (de AUGE) a partir de los datos publicados". Es decir, que si el diario El Mundo no hubiera publicado las intenciones de Villarejo en el caso Alierta, AUGE no habría presentado aquella querella. Dos meses después, el juzgado numero 32 de Madrid ha vuelto a dejar en evidencia la actuación de Anticorrupción.

Fuentes de la asociación explicaron que el auto en el que magistrado no admite la querella establece un plazo de cinco días para que la asociación interponga ante la Audiencia de Madrid un recurso de apelación, derecho al que "por supuesto, AUGE se acogerá". Según las mismas fuentes, la junta directiva de esta entidad ha decidido no suministrar información sobre el contenido de la resolución, que las fuentes calificaron de "amplia", mientras no se formalice el recurso de apelación.

"En defensa del interés general"

AUGE, con sede en Valencia, presentó la querella "en defensa del interés general, como recogen los estatutos" de la asociación, para ejercer la acción popular en representación de accionistas de Tabacalera que pudieran haber resultado perjudicados a causa de la conducta que la entidad atribuye a Alierta. La querella, presentada en noviembre del pasado año por los delitos de uso indebido de información privilegiada y prevaricación de funcionario público, se dirigía contra el propio Alierta, contra su esposa, Ana Cristina Plácer, su sobrino Luis Javier Plácer y el ex secretario general de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Antonio Alonso.

En ella se relataba que Alierta, junto con su esposa, puso en marcha "una operativa de compraventa de acciones" de Tabacalera "de forma disimulada", lo que les permitió obtener una plusvalía superior a 1.800.000 euros. Para ello, según los acusadores, Alierta "estaba en condiciones de valorar la información privilegiada de que disponía" sobre la subida de precios del tabaco y la compra de la fabricante norteamericana de puros Havanatampa por Tabacalera "para enriquecerse rápidamente". También conocía la "fuerte subida de la cotización bursátil" de las acciones de Tabacalera que iban a provocar estos dos acontecimientos.

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