Ahora que lo correcto es denunciar las esclavizantes condiciones laborales de los periodistas (...las condiciones laborales de los periodistas en otras empresas de comunicación, claro; nunca la paja en el ojo propio...), la huelga declarada en la Sociedad Canaria de Televisión Regional (Socater) constata el adagio castizo de que en todas partes cuecen habas, y en las mejores casas las despachan insuperables.
La productora que suministra la parrilla de programas de la Televisión Autonómica de Canarias, prácticamente en régimen de exclusividad, se resiste a firmar el primer convenio laboral y mantiene congelada la retribución de sus 180 empleados desde que dio comienzo su actividad, a principios de 1999. La plantilla ha celebrado tres jornadas de paro, y está dispuesta a otras seis, los días 23 y 24 de abril, y 6, 7, 8 y 9 de mayo próximos.
El canal público, con un exiguo 11% de audiencia (hace dos años, no llegaba al 5%), se ve obligado durante la huelga a rellenar la programación con películas de saldo y a reducir la duración de los noticiarios a la mitad. Esto último sí que es una contrariedad para sus responsables políticos, pues altera la auténtica función que hoy desempeña la Televisión Autonómica, cual es la de altavoz del nacionalismo y de los intereses partidarios de Coalición Canaria (CC). Probablemente, es el canal español que ha realizado una campaña más sectaria contra la guerra, el que con mayor ardor ha aventado los clichés de la propaganda antiamericana, y el que más se ha ensañado con el Gobierno del Partido Popular (PP) por su respaldo a la coalición internacional contra el terrorismo. Con certeza, es el canal más intervenido hoy por el poder político, con la salvedad, quizá, de ETB.
Canarias y País Vasco comparten no sólo el mismo patrón de una televisión localista que factura los mitos, la reescritura de la historia y la aversión, cuando no el odio abierto, por España (y no digamos, por todo "lo extranjero"). También comparten el socio tecnológico dispuesto a convertir esa misión en una suculenta industria pagada por los contribuyentes.
El 28 de diciembre de 1998, Día de los Inocentes, Socater se hizo con el contrato de gestión de más del 70% de los programas, noticiarios incluidos, de la Televisión Autonómica de Canarias. Se impuso en la lonja política a Televisa. Los viajes a México de José Carlos Mauricio (ex Partido Comunista, hoy CC) y José Miguel Bravo de Laguna (PP), invitados por la familia Azcárraga, no resultaron lo bastante persuasivos. Una sociedad gemela de Sogecable, constituida por Pretesa/Prisa, BBVA, Caja Madrid y Canal Plus Francia, y rebautizada como Promoción de Actividades Audiovisuales en Canarias SA, es el socio de referencia de Socater, con un 40% de su capital y la gestión de la compañía en manos de un hombre de la casa, Juan Carlos González (más recordado como "Xuancar", de los tiempos en los que ejerció como comentarista deportivo de la SER). El 60% restante se reparte en pequeñas participaciones locales, entre otras, las de las muy politizadas Cajas de Ahorros isleñas.
Las condiciones del contrato adjudicado el 28 de diciembre del 98 fueron, en verdad, toda una inocentada para los contribuyentes de la región. El ente público creado por el Gobierno autónomo se ató durante siete años a Socater, la cual, según las condiciones iniciales, recibiría una contraprestación total de 105 millones de euros, más el 95% de los rendimientos publicitarios del canal televisivo; negocio redondo para una compañía que, sin embargo, no se ha conformado y ha exigido sucesivas mejoras de su contrato, año tras año, respaldada por la seguridad de saberse proveedora única del canal.
Los dirigentes del Gobierno y de Coalición Canaria prometieron que el modelo mixto de gestión no supondría un gasto de más de 18 millones de euros al año. Cuatro después, el presupuesto anual de la Televisión Canaria asciende a 29,3 millones de euros, de los cuales 22,2 se destinan a retribuir a la empresa suministradora de programas. El director general del ente público, Francisco Moreno, aboga incluso por elevar el gasto por habitante y equipararlo al de los modelos de gestión pública pura, como el de Madrid, con un coste de mantenimiento del canal de 26 euros por habitante y año. ¿Cuál será, entonces, la ventaja del "innovador", "austero" y "racional" modelo mixto descubierto en Canarias y que hoy han imitado o pretenden imitar Castilla-La Mancha, Extremadura o la Comunidad Valenciana? El PP ha dicho que, si gana el próximo 25 de mayo, clausurará el canal de televisión, por derrochador y porque significa un capricho para una Comunidad con una tasa de desempleo del 13%, a la cola de Europa en los niveles de instrucción profesional de sus activos y con lacerantes listas de espera en sus servicios sanitarios. Sin embargo, el PP pudo haber ejercido una posición más clara y ejecutiva en este asunto, desde el principio. El 28 de diciembre de 1998, sus dos representantes en el consejo de administración del ente público Radio Televisión Canaria se ausentaron durante la votación que adjudicó la gestión del canal al grupo Prisa. El 12 de noviembre de 1999, el Tribunal Supremo dio la razón al Ministerio de Fomento y declaró ilegal transferir a un tercero la gestión de un canal de titularidad pública, obligando a suspender cautelarmente el contrato con Socater. Las elecciones de marzo de 2000 renovaron la alianza de CC y PP. En julio, la entonces ministra Anna Birulés ya adelantaba que la situación de ilegalidad de la Televisión Canaria se solucionaría pronto, con una nueva Ley de Tercer Canal. El Auto del Supremo nunca llegó a ejecutarse.
El mejor aliado de los 180 empleados de la Televisión Canaria, en su conflicto con la productora que les paga, está siendo, curiosamente, el propio director del ente público. Francisco Moreno ha hecho suya la demanda de la plantilla de Socater: ¡Convenio y actualización salarial ya! ¿Qué le mueve a esta profesión de sensibilidad por los derechos laborales? En primer lugar, el hecho de que él no paga la factura; en segundo, es una oportunidad de que la suministradora pague alguna factura en Canarias, y no sólo las cobre; y por último, la esperanza de que, una vez probado que una televisión autonómica mixta es un polvorín laboral, una sangría para los contribuyentes y ni siquiera tiene éxito como túnel de lavado cerebral, el Gobierno se anime a rescatar la gestión del canal, acoja a toda la plantilla y pague la factura como es debido: a lo grande.
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